Las raíces del problema

Los conflictos sanitarios, que no han hecho sino empezar en nuestro país, tienen motivos muy antiguos, que no se ha sabido o querido abordar hasta el presente. La aprobación de la ley general de Sanidad en la pasada legislatura obliga a una remodelación y unificación de todo el dispositivo sanitario público, que no puede darse sin abrir numerosos focos de problemas que llevan largo tiempo aplazados.Cuestiones como la unificación de la red sanitaria y la creación de una red integrada de hospitales públicos, o la del traspaso a las diferentes autonomías de los distintos dispositivos asistenciale...

Los conflictos sanitarios, que no han hecho sino empezar en nuestro país, tienen motivos muy antiguos, que no se ha sabido o querido abordar hasta el presente. La aprobación de la ley general de Sanidad en la pasada legislatura obliga a una remodelación y unificación de todo el dispositivo sanitario público, que no puede darse sin abrir numerosos focos de problemas que llevan largo tiempo aplazados.Cuestiones como la unificación de la red sanitaria y la creación de una red integrada de hospitales públicos, o la del traspaso a las diferentes autonomías de los distintos dispositivos asistenciales (Insalud, diputaciones, ayuntamientos, etcétera) traen implícitos otros problemas, tales como el articular un único sistema de relaciones laborales de todos los trabajadores del futuro sistema nacional de salud, y los mecanismos para adecuar el dispositivo sanitario y el personal a una única red pública. En este sentido la discusión de un estatuto marco, que conforme la ley general de Sanidad, será de aplicación a todos los trabaja dores del sector sanitario público, es una pieza clave, tanto para la administración sanitaria como para los propios trabajadores del sector.

En este marco, de adaptación y de discusión, algunos fenómenos han añadido motivos de preocupación, entre los profesionales de la salud. Especialmente la adscripción de los especialistas de ambulatorio a los servicios hospitalarios, que, hecha con funciones mal definidas, ha planteado al menos tantos problemas como pretendía resolver, y ha sido vista como un intento de disminuir la plantilla de especialistas.

Restricción económica

Más aún, una política de restricción económica ha supuesto una disminución sustancial en la capacidad de los hospitales de poner al día su tecnología, e incluso se ha argumentado en la Administración la existencia de un exceso de camas hospitalarias, que está en flagrante contradicción con la situación de otros países de la CE, con las recomendaciones de la OMS y con la realidad incontrastable de unos hospitales sobresaturados.

La actitud de los nuevos equipos directivos, empeñados en meter con calzador esta política, ha derivado en el autoritarismo, al no existir en los hospitales mecanismos reales de control. A la vez, los profesionales médicos veían disminuir su capacidad adquisitiva, lo que se unía al malestar ya provocado por otros fenómenos, como la disminución de su papel social y la reubicación que se está produciendo dentro del propio sector sanitario (perdida de protagonismo del médico hospitalario, frente al de atención primaria), además de un avejentamiento homogéneo de las plantillas hospitalarias y una falta absoluta de expectativas de promoción profesional.

El conflicto actual no ha hecho sino sacar a la luz todas las contradicciones de un sector ya de por sí contradictorio. Y aunque es indudable que en él hay un grupo que intenta defender intereses corporativos de manera primordial, no lo es menos que la política de la Administración ha conseguido un rechazo unánime de todos los sectores profesionales, y que, prácticamente el único aglutinante en este momento es el rechazo de esa política.

Un factor decisivo es la ausencia de canales de representación entre los profesionales médicos. En primer lugar, porque los intereses del colectivo de los médicos hospitales son muy diversos, y van desde quienes se oponen por motivos casi exclusivamente ideológicos a la Administración actual, hasta quienes defienden la primacía del sector público, pasando por un sector que desea sólo unas condiciones de traba o aceptables y unos salarios similares a los de otros profesionales. Esta multiplicidad de intereses no ha sido comprendida por quienes han querido ver en la Organización Médica Colegial a un interlocutor privilegiado.

La ausencia de elecciones sindicales en el Insalud han producido otra distorsión más, al convertir a la representación sindical en una ficción dificilmente mantenible, y, al potenciar, que faltos de una representación contratada, se busquen otras alternativas más cercanas a la realidad. Ahí se ha imbricado también el contencioso que desde hace tiempo mantienen por la hegemonía en la representación de los médicos diversos sectores (OMC y otros colegios como el de Madrid, CESM y FESIME, etcétera).

En una situación tan compleja, los últimos proyectos de la Administración han servido como un detonante. Dejando de lado el tema de los MIR, el proyecto de decreto sobre funcionamiento de los hospitales público y el nuevo modelo retributivo del Insalud han conseguido el rechazo unánime. El primero, porque mantiene la estructura actual de los hospitales: un equipo directivo con plenos poderes y una ausencia de organismos con capacidad real de control, si bien, algún tema como el de las juntas facultativas y las comisiones de control de calidad se han mejorado sustancialmente. El segundo, porque es un texto de ambigüedad y oscuridad notables, que tiene, entre otras virtudes, la de, tratándose de un documento sobre retribuciones, no dar cifras concretas y permitir la interpretacióh de que en realidad se propone una disminución de los sueldos.

En esta situación, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública piensa que es necesario realizar un esfuerzo serio de replanteamiento de la política sanitaria, que permitiese una solución a los conflictos planteados y que, en nuestra opinión, debería basarse en:.

1. Un incremento sustancial del presupuesto dedicado al sector sanitario público hasta alcanzar los niveles de otros países europeos (8% del PIB), dedicando una parte importante de este presupuesto a la adecuación de los hospitales públicos a las necesidades sociales.

2. La aceleración de la reforma de la atención primaria, pues una parte importante de los problemas hospitalarios (masificación, listas de espera, etcétera) son el resultado de una deficiente asistencia a este nivel que produce una excesiva presión asistencial sobre los hospitales.

3. Una profunda democratización de los órganos de funcionamiento hospitalarios. Que vaya encaminada en tres sentidos:

- Ampliar la representación del propio hospital en las comisiones de participación, una buena fórmula podía ser: representantes de los trabajadores del hospital, de la Administración y de los usuarios (ayuntamientos, etcétera), a tercias.

- Que dichas comisiones asuman funciones de control y participación reales, con capacidad para aprobar los planes de objetivos, inversiones y presupuesto de los hospitales, y para proponer la sustitución de los equipos directivos si se desvían de los objetivos acordados.

- Potenciar los órganos de control de, calidad hospitalarios, asegurando su composición y funcionamiento democráticos, así como la efectividad de sus actuaciones.

4. Un sistema retributivo que potencie la dedicación hospitalaria y la calidad asistencial, docente e investigadora. Este sistema debería de basarse en tres premisas fundamentales: aumento de las retribuciones, control democrático y transparencia de los conceptos. Hay tres cuestiones que deberían tenerse en cuenta: la primera es que el nuevo modelo retributivo debe de contemplar .un incremento salarial para los profesionales médicos, ya que, como se ha señalado, su nivel retributivo es inferior al de otros profesionales del sector público.

La segunda es que el sistema debe de procurar la dedicación de los médicos a los hospitales, en el convencimiento de que es preciso conseguir profesionales cuyo único interés sea la vida hospitalaria, para sacarlos de la situación actual, y como una premisa, indispensable, de su rentabilidad social.

Calidad asistencial

Y la tercera es que los sistemas de incentivación deben de basarse en criterios de calidad asistencial, y que sólo en este sentido pueden tener razón de ser los complementos de productividad. Tampoco hay que desconocer que se trata de una evaluación compleja, que precisa de una determinación muy detallada de los mecanismos a emplear, así como del funcionamiento de las comisiones de control de calidad, resultando, además, inaceptable que su aplicación quede a la discrecionalidad de los gestores.

Todos estos puntos podrían producir una normalización del sector, y a partir de ahí es cuando habría que discutir, una vez realizadas unas nuevas elecciones sindicales, un toma de tanta importancia como el futuro estatuto, a partir de propuestas rigurosas y argumentadas, que todavía no se han producido.

Es preciso que se abra de manera inmediata un proceso de diálogo y negociación de la Administración sanitaria con todos los sectores implicados, para encontrarse tras una salida racional y justa a los problemas planteados, y evitar, a la vez, que se produzca una confluencia entre sectores con intereses y objetivos distintos, que tenga como resultado el deterioro irreversible de los hospitales públicos.