La Comisión Europea propone liberalizar los contratos públicos en la Comunidad

La Comisión Europea propuso ayer una serie de medidas, que calificó de "ambiciosas", para abrir el mercado de los contratos públicos en los doce y que las empresas de cualquier país comunitario puedan acudir a las ofertas hechas por otro Estado miembro. Las compras del sector público representan anualmente en la Comunidad Europea (CE) unos 400.000 millones de ECU (más de 58 billones de pesetas), pero las adjudicaciones en régimen de libre competencia sólo son la quinta parte de este' dinero. El 80% restante está reservado a empresas que la Comisión describe como los "campeones nacionales" o lí...

La Comisión Europea propuso ayer una serie de medidas, que calificó de "ambiciosas", para abrir el mercado de los contratos públicos en los doce y que las empresas de cualquier país comunitario puedan acudir a las ofertas hechas por otro Estado miembro. Las compras del sector público representan anualmente en la Comunidad Europea (CE) unos 400.000 millones de ECU (más de 58 billones de pesetas), pero las adjudicaciones en régimen de libre competencia sólo son la quinta parte de este' dinero. El 80% restante está reservado a empresas que la Comisión describe como los "campeones nacionales" o líderes nacionales del sector.

Liberalizar totalmente el mercado de los contratos públicos tiene, según el comisario europeo lord Cockfield, que expuso ayer ante la Prensa las intenciones del Ejecutivo europeo, dos ventajas. Primero, promoverá una verdadera estrategia industrial europea, porque las normas comunitarias ya fijadas deberán ser aplicadas y en los sectores dónde no existen aún tendrán que ser creadas.En segundo lugar permitirá reducir el gasto público y ahorrar dinero del contribuyente. Aunque no proporciona ninguna estimación propia, la Comisión Europea recoge indicaciones que apuntan a que el despilfarro se eleva anualmente a 40.000 millones de ECU. Menos del 2% de los mercados públicos en la CE son efectivamente adjudicados a empresas de otros países-socios europeos.

Dos directivas que entraron en vigor en 1971 y 1977 obligan a los Estados miembros a dar cierta publicidad a los contratos y a informar sobre los procedimientos de adjudicación, pero muchos sectores están excluidos, empezando por aquellos en los que se manejan importantes cantidades de dinero, como las telecomunicaciones, la energía, los transportes y el abastecimiento de aguas.

Por todos estos motivos, el Ejecutivo europeo propone ahora la adopción por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros de varias directivas que fijen el marco general de la liberalización de las adjudicaciones en los mercados anteriormente citados, empezando por el de telecomunicaciones.

Los contratos públicos para terminales que cumplan nuevas funciones quedarían, según sugiere la Comisión, inmediata y totalmente abiertos, mientras los concernientes a los terminales tradicionales o al material de transmisión y conmutación serían liberalizados el año próximo en un 40%, y al 100%, entre 1990 y 1992.

Lord Cockfield hizo además hincapié en que en este ámbito es necesario poder actuar rápidamente, y pidió también que el Ejecutivo europeo fuese autorizado a suprimir de las ofertas algunas especificaciones que considere discriminatorias, suspender eventualmente contratos pocos "ortodoxos" durante un plazo máximo de tres mes y hasta anular decisiones de los adjudicadores si se comprueba que transgreden las directivas comunitarias. A posterior¡, la Comisión podrá también obligar al Estado miembro a indemnizar a las empresas que hayan resultado perjudicadas por una adjudicación abusiva.

Tarifas aéreasPor otra parte, la Comisión Europea dio ayer a las líneas aéreas estatales de la RFA, Italia y Grecia tres semanas para responder a las acusaciones formuladas contra ellas por prácticas contra la libre competencia en materia de tarifas y reparto de rutas, informa Reuter. Si Lufthansa, Alitalia y Olympic Airways no responden satisfactoriamente a este requerimiento, la Comisión declarará nulos y sin valor legal tales acuerdos y prácticas. La decisión de la Comisión podría ser el primer paso para llevar el asunto ante el Tribunal Europeo de Justicia.

La Comisión intenta que las líneas aéreas estatales de los países de la CE abandonen los acuerdos para no competir mutuamente en materia de tarifas, al mismo tiempo que se reparten al 50% los vuelos entre las más importantes ciudades del continente.