Editorial:

Filipinas se toma una tregua

EL ALTO el fuego entre el Gobierno de Manila y la insurrección comunista filipina es el primer acuerdo general negociado en 18 años de hostilidades entre las partes. El período de tregua previsto es de 60 días, de forma que se prolongue hasta más allá de la celebración del referéndum de febrero con el que se quiere ratificar el mandato de la presidenta Corazón Aquino. Con su. eventual victoria en la consulta, Aquino pretende acallar a aquellos de sus adversarios que la acusan de actuar fuera de la legalidad constitucional. El respeto general de la tregua, pese a los inevitables incidentes sobr...

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EL ALTO el fuego entre el Gobierno de Manila y la insurrección comunista filipina es el primer acuerdo general negociado en 18 años de hostilidades entre las partes. El período de tregua previsto es de 60 días, de forma que se prolongue hasta más allá de la celebración del referéndum de febrero con el que se quiere ratificar el mandato de la presidenta Corazón Aquino. Con su. eventual victoria en la consulta, Aquino pretende acallar a aquellos de sus adversarios que la acusan de actuar fuera de la legalidad constitucional. El respeto general de la tregua, pese a los inevitables incidentes sobre el terreno, es un éxito para la presidenta, que ha logrado por el momento domeñar algunas tentaciones insurgentes del Ejército. Sin embargo, las perspectivas una vez que concluya la tregua siguen siendo difíciles para una consolidación de la tentativa reformista de Aquino.La tregua es un fin antes que un medio para la presidencia filipina. Mantener un alto el fuego en las semanas que precedan a la consulta de febrero en fechas, por otra parte, muy significativas para una nación mayoritariamente cristiana como la filipina es la mejor propaganda política. Pero, al mismo tiempo, parece claro que la estabilización democrática pasa por una reconciliación nacional que incorpore a la guerrilla a la vida política. Según la mayoría de los observadores occidentales, el comunismo guerrillero tiene mucho más de protesta preindustrial contra el mal gobierno, la corrupción y la falta de justicia social, que de marxismo-leninismo pasado por la Universidad. En la propia Iglesia católica, principal apoyo de la presidenta, parte de la jerarquía ve a la guerrilla comunista como grey descarriada más que como fuerza política con originalidad propia. El proyecto de Aquino sería, por tanto, el de consolidar su régimen en la consulta de febrero, obtener una prolongación de la tregua y lograr la deposición de las armas al menos de la facción moderada del Nuevo Ejército del Pueblo, principal fuerza guerrillera comunista. Un éxito de esta naturaleza reforzaría su posición ante las fuerzas armadas, cuya confianza es hoy imprescindible en Filipinas para sostenerse en el poder.

La guerrilla comunista, por su parte, difícilmente podía negarse a una tregua limitada por parecidas razones electorales a las de la presidenta, pero afronta las negociaciones actualmente en curso para llegar a un acuerdo político con las máximas reservas. Aquí es donde entra el tercer gran factor en juego: el Ejército. Las fuerzas armadas filipinas, incluso aquellos mandos que no cabría calificar de protogolpistas o partidarios del depuesto ministro de Defensa Juan Ponce Enrile, recelan de las negociaciones con la guerrilla. El general Fidel Ramos, jefe del Ejército, ha dicho claramente que lo más importante es mantener la unidad de la milicia, dejando planear la idea de que ese objetivo nunca debería ser incompatible con el respeto a las instituciones democráticas que encarna Corazón Aquino. En un momento en que una mayoría cualificada del Ejército considerara que se había llegado demasiado lejos en la acomodación con la guerrilla, la lealtad de la cúpula militar a la presidenta puede quebrarse.

En las últimas semanas Aquino ha tenido que ir prescindiendo uno a uno de algunos de sus colaboradores más directos en el Gobierno. La nómina de los ministros destituidos recientemente, como Aquilino Pimentel y Augusto Ramos, notablemente, coincide con la lista de aquéllos que el Ejército consideraba indeseables, lo que refuerza la idea de que Ramos puso condiciones a la presidenta a la hora de volcarse en su apoyo en el momento en que Corazón Aquino decidió prescindir de los servicios de Ponce Enrile. En estos momentos quedan dos significados izquierdistas en el Gobierno: Ramón Mitra, el negociador con la guerrilla, y Joker Arroyo, secretario ejecutivo de la presidencia. Probablemente su continuidad en el Gobierno dependa, por un lado, del desarrollo de las conversaciones con los guerrilleros y, por otro, del resultado del referéndum. Una victoria abrumadora de la presidenta podría darle nueva vida a la línea reformista de su Gobierno, pero una victoria relativa, que es probablemente a lo más que puede aspirar la oposición de derecha, reforzaría la figura de Ramos. Si en los meses próximos la presidenta se ve obligada a gobernar con un equipo que haya dejado de ser el suyo, cabrá poca duda de quién es el verdadero amo de la situación en el país.

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