'Irangate'
EL NEOLOGISMO Irangate refleja no sólo un parecido entre el gran escándalo que obligó a Richard. Nixon a abandonar la Casa Blanca y el que acaba de estallar en torno a Ronald Reagan, sino que los congresistas norteamericanos están presionando para que se pongan en marcha mecanismos de investigación, parlamentarios y judiciales, semejantes a los que permitieron sacar a la luz pública las ilegalidades del caso Watergate. El senador republicano Robert Dole ha pedido una convocatoria del Congreso en sesión extraordinaria -hecho que no se ha producido desde 1948, en tiempos de Truman-...
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EL NEOLOGISMO Irangate refleja no sólo un parecido entre el gran escándalo que obligó a Richard. Nixon a abandonar la Casa Blanca y el que acaba de estallar en torno a Ronald Reagan, sino que los congresistas norteamericanos están presionando para que se pongan en marcha mecanismos de investigación, parlamentarios y judiciales, semejantes a los que permitieron sacar a la luz pública las ilegalidades del caso Watergate. El senador republicano Robert Dole ha pedido una convocatoria del Congreso en sesión extraordinaria -hecho que no se ha producido desde 1948, en tiempos de Truman- para que designe una comisión parlamentaria idéntica a la que descubrió las ilegalidades del caso Watergate. El senador Robert Byrd, que será jefe de la mayoría demócrata en el futuro Senado, ha pedido que se designe un fiscal especial, exactamente lo mismo que en el asunto del Watergate.Estas demandas tienen un respaldo amplio por parte de los senadores y representantes, la Prensa y la opinión pública en general, y demuestran que el intento de evitar una investigación a fondo de los hechos ha fracasado. Cuando saltó a la luz la doble operación, secreta e ¡legal, de venta de armas a Irán y de entrega de fondos a la contra, Reagan se apresuró a encargar al fiscal general y secretario de Justicia, Edwin Meese, que dirigiese la investigación. Éste afirmó que el presidente no estaba al corriente de las entregas de dinero a la contra. Se echó entonces toda la culpa de las ilegalidades sobre el coronel North, destituido, y sobre el consejero de seguridad, almirante Poindexter, cuya dimisión fue hecha pública. Pero esas medidas y explicaciones no han satisfecho ni a los parlamentarios ni al público. Muchos comentarios subrayan que la ignorancia de Reagan no es verosímil. Una primera reacción del presidente, en sus declaraciones al semanario Time (ver EL PAÍS de ayer), dejaba traslucir indignación y desprecio hacia la Prensa y el Congreso. Pero ahora ha cambiado de tono; no puede desconocer la amplísima demanda, tanto desde las filas demócratas como de las republicanas, que exigen una investigación con totales garantías de objetividad. La desconfianza alcanza ya al propio presidente, y numerosos comentarios insisten en que Reagan no ha dicho toda la verdad. La aceptación por su parte de un fiscal especial puede ser un primer paso importante para alcanzar la verdad. Edwin Meese es amigo íntimo del presidente, y la designación de ese fiscal significaría retirar a Meese de las investigaciones.
El recuerdo de lo ocurrido en el caso de Nixon crea esperanzas de que haya una investigación con plena objetividad e independencia. Es admirable la capacidad de la estructura jurídica de EE UU para llevar a cabo estas pesquisas judiciales no sometidas a interferencias del Ejecutivo. Si se compara con lo que suele ocurrir en diversos países europeos, y concretamente en España, el ejemplo de EE UU despierta toda clase de envidias. Aquí estamos demasiado acostumbrados a que los casos de políticos culpables de mentir a la opinión o de realizar acciones ilegales o se absuelven o se diluyen en trámites interminables. Sin embargo, esa capacidad del sistema norteamericano de juzgar y castigar, cuando el delito se demuestra, incluso a sus más altos cargos estatales, no es un fenómeno automático ni el mérito de un cuerpo judicial excepcional. Un factor decisivo que está presionando hoy de modo extraordinario para lograr el descubrimiento de toda la verdad -como ocurrió en el caso Watergate- son la opinión pública y la Prensa.
El presidente, a pesar de las críticas que le acosan, tiene aún en la mano muchas cartas para determinar los órganos que, en fin de cuentas, queden encargados de investigar sobre el Irangate, sobre la ilegalidades, cometidas en el envío de armas a Irán y del dinero a la contra. Por otra parte, no están sobre el tapete solamente cuestiones de procedimiento. En el fondo del problema está la terrible incoherencia de una política exterior que proclama públicamente la intransigenia ante los terroristas y que luego envía armas a un Estado al que considera cómplice de ellos.
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