Adjudicación de juegos de azar a personas vinculadas con AP

Una de las acciones más gloriosas de la Xunta de Galicia y de su ex vicepresidente José Luis Barreiro en los últimos tiempos ha sido la concesión en exclusiva de la explotación. del juego de boletos en Galicia -la denominada lotería rápida- a una empresa que presentó su solicitud 23 días antes de que se hubiese aprobado y publicado en el Diario Oficial de Galicia la ley del Juego, que regula estas actividades en la citada comunidad autónoma; esta sociedad, por otra parte, está vinculada a hombres relevantes de AP.La concesión fue hecha a la empresa denominada Sociedad General de Juegos ...

Una de las acciones más gloriosas de la Xunta de Galicia y de su ex vicepresidente José Luis Barreiro en los últimos tiempos ha sido la concesión en exclusiva de la explotación. del juego de boletos en Galicia -la denominada lotería rápida- a una empresa que presentó su solicitud 23 días antes de que se hubiese aprobado y publicado en el Diario Oficial de Galicia la ley del Juego, que regula estas actividades en la citada comunidad autónoma; esta sociedad, por otra parte, está vinculada a hombres relevantes de AP.La concesión fue hecha a la empresa denominada Sociedad General de Juegos de Galicia, SA, representada por Carlos Olano Fernández (abogado vinculado a un bufete de la familia Rosón), que presentó su solicitud el 28 de octubre de 1985 con el número de registro 3.428 (la ley del Juego, previa al concurso para la concesión de los boletos, se publicó en el Diario Oficial de Galicia el 20 de noviembre de 1985). El motivo aducido por Barreiro, para la concesión estriba en que se presentaron 22 solicitudes de otras tantas empresas y que todas ellas fueron informadas favorablemente por la Comisión del Juego de Galicia, por lo que se optó por conceder la explotación a la empresa que presentó en primer lugar la solicitud.

"Las relaciones entre la sociedad adjudicataria de la concesión y altos cargos de la Xunta y de Alianza Popular son públicas y notorias. Basta decir que Olano Fernández es miembro del Consejo de Administración. de la empresa Autoperaor, SA, empresa beneficiarla igualmente de licencias de máquinas recreativas concedidas por la consellería de Barreiro y denunciadas por los propios empresarios gallegos del sector", según afirmó el diputado socialista Fernando Martínez en una reciente interpelación parlamentaría sobre este tema. En el registro mercantil de La Coruña figura, efectivamente, Olano Fernández como vocal del Consejo de Administración de Autoperaor.

Esta sociedad, que figura inscrita en La Coruña por traslado de sede desde Barcelona, pertenece a los hermanos Manuel y Juan Lao Hernández, propietarios a su vez de la mayor empresa de tragaperras de España: CIRSA. El 18 de septiembre de 1985, según el registro, esta sociedad amplía su capital (de 100.000 pesetas a un millón) y 1 ámbito de sus actividades para no continuar restringida a las máquinas recreativas. El tesorero de Alianza Popular a nivel estatal, Ángel Sanchís Perales, a través de empresas de su propiedad, como Corporación Industrial 25, participa en algunas sociedades de los hermanos Lao, y controla, según declaraciones a Cambio-16 (30 de junio de 1986), un 30% de la empresa dedicada a la explotación de los boletos en Galicia. Competidores derrotados en la adjudicación hablan de un posible pacto entre AP y CIRSA para repartirse los beneficios del juego en Galicia.

Más allá de la crisis

Pedro-Jean Mairet, abogado y representante de CIRSA, en una carta de réplica al artículo de la citada revista, afirma: "Es absolutamente falso que CIRSA haya efectuado aportación económica alguna a Alianza Popular como donativo-compensación (sic) para adjudicarle el juego de los boletos en Galicia". La citada revista recogía un rumor muy extendido por Galicia según el cual CIRSA había entregado 100 millones de pesetas a Alianza Popular para ayudarla en sus gastos de campaña electoral a cambio de la concesión del juego de boletos.

El interés de la Xunta por la lucrativa actividad del Juego ha sido tan grande que el Reglamento del Juego fue aprobado por unanimidad en el mismo Consejo de Ministros en que el presidente Albor y el vicepresidente Barreiro y sus leales se tiraban los trastos a la cabeza. Los intereses del juego estuvieron por encima de los personales de ambos conten dientes, y la dimisión de Barreiro y sus conselleiros no fue óbice para retrasar la aprobación de tan urgente reglamento.

Este asunto de los boletos sólo es, por otra parte, el último episodio en torno al peculiar negocio de los juegos recreativos en Galicia. En esta región, la ley prohíbe la publicidad de los mismos, pero los periódicos publican todos los días páginas anunciando los bingos, y hasta hace nada, frente a las mismísimas ventanas del Palacio de San Cayetano (sede administrativa de la Xunta), había colocada una valla publicitaria anunciando el ilegal cupón de los minusválidos, de la empresa Prodiecu. La ley gallega del Juego, aprobada a partir de un proyecto del PSOE, fija también un tope de dos máquinas tragaperras (de apuestas de dinero) por establecimiento. Basta pasearse por Santiago para ver que la ley se incumple en numerosos establecimientos.

Este descontrol, según los socialistas, supone la existencia de 3.000 tragaperras ilegales en Galicia y una merma de 15.000 millones de pesetas en los ingresos de la Hacienda gallega por este concepto. Esta región, según los datos más recientes sobre recaudación por juegos de azar, ha visto disminuir sus ingresos por este concepto, mientras el resto de las .comunidades autónomas han aumentado los mismos.

La mayor parte de las tragaperras en esta región han sido otorgadas a CIRSA, lo que ha provocado numerosas protestas de otros empresarios del sector.