Los tribunales antisomocistas se declaran competentes para juzgar al norteamericano Hasenfus

Los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA) se declararon ayer competentes para juzgar al norteamericano Eugene Hasenfus, de 45 años, superviviente del avión derribado el día 5 que abastecía a la contra. El defensor nicaragüense, Enrique Sotelo, ha solicitado la apertura del período de pruebas; el ahogado norteamericano Griffin Bell, ex ministro de Justicia de Estados Unidos, se mueve por Managua con aire de no comprender el mundo, y el Gobierno sandinista parece que quiere dejar abiertas todas las opciones para manejar el caso como mejor le convenga.

La oposición integrada en lo que ...

Los Tribunales Populares Antisomocistas (TPA) se declararon ayer competentes para juzgar al norteamericano Eugene Hasenfus, de 45 años, superviviente del avión derribado el día 5 que abastecía a la contra. El defensor nicaragüense, Enrique Sotelo, ha solicitado la apertura del período de pruebas; el ahogado norteamericano Griffin Bell, ex ministro de Justicia de Estados Unidos, se mueve por Managua con aire de no comprender el mundo, y el Gobierno sandinista parece que quiere dejar abiertas todas las opciones para manejar el caso como mejor le convenga.

La oposición integrada en lo que vagamente se califica como frente interno se frota las manos con el juicio de Hasenfus. "Yo creo que esto les, perjudica a los sandinistas. Ahora podrán ver en Estados Unidos y en el resto del mundo qué clase de justicia existe en Nicaragua", comentaba un dirigente empresarial.El abogado nicaragüense de Hasenfus, el diputado conservador Enrique Sotelo, sigue empeñado en dar la vuelta a la tortilla y en convertir en un foro de acusación contra el sandinismo el proceso contra Estados Unidos que: desea el Gobierno nicaragüense. Los amigos políticos de Sotelo, de la fracción conservadora que no pactó con el sandinismo, le asesoran. Algunos esparcen informaciones que conducen a pistas falsas.

Se dice, por ejemplo, que entre los interrogadores de Hasenfus había un búlgaro, porque en el protocolo de la declaración ante la policía aparecía un nombre raro. Tras efectuar las comprobaciones necesarias, resultó que el búlgaro era un nicaragüense de la costa atlántica, donde los nombres con frecuencia suenan muy diferentes a los habituales en español. Se pone en tela de juicio que los autores del derribo del avión de Hasenfus hayan sido los jovencitos del Ejército Popular Sandinista y se habla de la acción de asesores cubanos.

A este ambiente de confusión contribuye el juez de los TPA, que da la impresión de carecer del más mínimo poder decisorio. Anuncia una conferencia de prensa que después anula, y se niega incluso a decir cuáles son los plazos legales previstos por el procedirniento de los TPA. La actuación del juez es tan paradójica que, a través de la emisora oficial, La Voz de Nicaragua, los locutores le llamaron la atención el pasado lunes. Dijo la emisora: "Se anuncia de nuevo una conferencia de prensa en los TPA. A ver si el compañero Reinaldo Monterrey se presenta hoy y no hace como el pasado viernes, que la anunció y no acudió".

El juez no puede disponer ni siquiera sobre las llamadas telefónicas que se hacen desde el tribunal que preside. En la central telefónica de los TPA autorizaban llamadas locales a los periodistas presentes, pero no permitían hacerlo a cobro revertido al extranjero, "porque la compañera que puede autorizarlo ha salido". A la pregunta de si el permiso del juez podría solucionar el problema, la telefonista respondía tajante: "No, él tampoco puede autorizarlo, sólo la compañera que no está".

En el clima de inseguridad sobre cuál será el próximo paso, el grupo de abogados norteamericanos de Hasenfus pone en Managua una nota exótica. Vestidos impecablemente con traje y corbata, con sus acentos sureños, se mueven por la ciudad con la perplejidad marcada en sus rostros. El domingo pasado, el abogado Bell ex ministro de Justicia de Estados Unidos durante la Administración de Jimmy Carter discutía el caso Hasenfus con su colega nicaragüense Sotelo en una horrorosa playa situada a 70 kilómetros de Managua. Ni Bell habla español ni Sotelo inglés, y tenían que entenderse con un intérprete.

Bell no sabe qué hacer para convencer a los sandinistas de que él no es un abogado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ni trabaja en el caso por encargo del Gobierno de EE UU, y que su único interés es negociar la libertad de Hasenfus, a quien, después de cinco días en Nicaragua, sólo pudo ver en las fotos que publican los periódicos. Los abogados, siempre con traje y corbata, a pesar del calor reinante, no comprenden que Hasenfus haya podido entrevistarse con una docena de periodistas norteamericanos y a ellos se les niege este permiso.

En su desesperación por sacar alguna carta de la manga, Bell llegó a ofrecer a un funcionario de bajo rango en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el unico que le recibió después de cuatro días de espera, la posibilidad de canjear a Hasenfus por 19 nicaragüenses presos en Estados Unidos. Al parecer, esos nicaragüenses son en su mayoría traficantes de drogas. La Administración norteamericana se desentendió de dicha propuesta, señalando que es "una iniciativa privada".

El acusado, perplejo

Hasenfus también está perplejo: por un lado, los interrogadores sandinistas le ofrecen buenas perspectivas si se declara culpable e involucra a la CIA en sus acciones; por otro, recibe presiones para mantener lealtad al Gobierno de Estados Unidos y apoyar la tesis de que sólo era "un trabajador especializado en carga aérea, que trabajaba para una compañía privada legalmente registrada", tal como sostiene su abogado nicaragüense.

[Por otra parte, EE UU vetó ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución en el que se hacía un urgente llamamiento para que fuera "inmediatamente" aplicada la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que condenó la ayuda estadounidense a la contra nicaragüense. El proyecto tuvo 11 votos a favor, uno en contra (el de EE UU), y tres abstenciones, las del Reino Unido, Francia y Tailandia. España respaldó la petición de Nicaragua, por considerar "fundamental" el acatamiento al orden jurídico internacional, informa Efe.]