El nacionalismo catalán intenta la 'aventura' de España

Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC) basó su campaña electoral de 1982 en la pretensión de convertirse en el apoyo parlamentario imprescindible para el PSOE, en el caso de que este partido ganase las elecciones por mayoría relativa. La mayoría absoluta socialista hizo que esta, posibilidad se esfumara y, de aspirantes a ser unos aliados necesarios, los pujolistas pasaron a constituirse en tenaces adversarios políticos. Con su empeño en protagonizar el relevo -que juzga inalcanzable para la Coalición Popular de Manuel Fraga-, el nacionalismo moderado catalán ha emprendido su avent...

Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC) basó su campaña electoral de 1982 en la pretensión de convertirse en el apoyo parlamentario imprescindible para el PSOE, en el caso de que este partido ganase las elecciones por mayoría relativa. La mayoría absoluta socialista hizo que esta, posibilidad se esfumara y, de aspirantes a ser unos aliados necesarios, los pujolistas pasaron a constituirse en tenaces adversarios políticos. Con su empeño en protagonizar el relevo -que juzga inalcanzable para la Coalición Popular de Manuel Fraga-, el nacionalismo moderado catalán ha emprendido su aventura española.

Con unos 20.000 afiliados, 9 senadores, 12 diputados en el Congreso, 72 en el Parlamento autónomo y más de 400 alcaldes, CDC es la más poderosa maquinaria política de Cataluña, sólidamente cohesionada por el liderazgo de Jordi Pujol y abundantemente engrasada por las ventajas de administrar el poder autonómico. Esto le ha permitido dar, durante esta legislatura, un giro de 180 grados a su orientación política sin ningún problema digno de mención.

Algunos dirigentes de CiU alardeaban hasta hace poco de tener como único objetivo el Gobierno de Cataluña, de no tener ninguna servidumbre respecto al resto de España, y tildaban de sucursalistas a los rivales políticos catalanes por sus vínculos con partidos españoles. Sin embargo, Miquel Roca, su número dos, aspira hoy a la presidencia del Gobierno en nombre de tina heterogénea coalición española, sin que el cambio haya hecho rechinar el engranaje del partido. Incluso el pequeño aliado democristiano de Convergéncia, Unió Democrática de Catalunya, ha aceptado sin grandes aspavientos el alineamiento liberal del reformismo.

Durante estos tres años y medio, CiU ha continuado la tarea de cambiar y derechizar el contenido que la reivindicación catalanista tuvo durante la última etapa del franquismo y el inicio de la transición. Pese a mantener inalterados tina serie de signos externos, el grueso del nacionalismo en Cataluña es hoy, sobre todo, identificación con un líder, Jordi Pujol; una actitud reivindicativa frente a un atávico enemigo exterior, y la identificación con contenidos étnico-culturales en los que priva el folclorismo y el autoctonismo.

En sustitución de sus antiguas ideas socialdemócratas, Pujol ha hecho suyo el discurso neoliberal contra la intervención del Estado en la economía y en la sociedad moderna, al tiempo que le añadía algo ajeno a la tradición cultural catalana. Pujol afirma que el espíritu de libre iniciativa y la voluntad emprendedora son consustanciales a lo catalán. Esta versión local del neoliberalismo ha convertido en secundarias las expresiones de voluntad colectiva de reconstruir un país libre, más igualitario y abierto, que caracterizaron al catalanismo cuando en vez de ser hegemonizado por CiU lo era por una amalgama antifranquista con predominio de la izquierda.

Los pactos autonómicos

Al mismo tiempo que perseguía esta mutación ideológica, CiU trabajó para convencer a una parte muy importante de la opinión pública catalana de que el PSOE es el heredero directo del centralismo españolista, y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), un mero apéndice del PSOE. Al PSOE le considera adversario no por ser un partido de izquierda, sino por ser nacionalista de otro nacionalismo: la versión coyuntural del enemigo exterior. En paralelo, el pujolismo ha avanzado también en la empresa de unir bajo su manto a las opciones del centrismo y del nacionalismo moderado, que hasta 1984 comparecieron divididas a las elecciones. Y se apresta a engullir a una buena parte del electorado conservador de Coalición Popular (CP), considerado tradicionalmente como españolista.

Durante la legislatura, CiU ha dispuesto siempre de motivos para mantener tirantes o gélidas las relaciones con el Gobierno central. Entre los más importantes destacan la LOAPA, la negativa del Gobierno a traspasar a la Generalitat algunos servicios importantes, las renuencias a la puesta en marcha de la televisión autonómica, la crisis económica de la sanidad catalana y la revisión del sistema de financiación. Y, siempre, latente, la cuestión de Banca Catalana.

Algunos datos que propiciaban esta estrategia de la tensión estaban ya sobre la mesa en el otoño de 1982, como los pactos autonómicos suscritos por la UCD de Leopoldo Calvo Sotelo y el PSOE, que este último partido aplicó luego, ya en el Gobierno, como política autonómica propia. Estos pactos se firmaron en julio de 1981 sin los nacionalistas ni los comunistas, pese a que constituían, en la práctica, la revisión del consenso constitucional sobre el tema, Su fruto más vistoso, la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), pasó a convertirse en la bestia negra de los nacionalistas y, a través de ella, fueron el propio PSOE y su Gobierno el blanco de todas sus invectivas.

Pujol convirtió la sentencia del Tribunal Constitucional de agosto de l983 -que desmanteló la LOAPA al negarle el carácter de ley orgánica y la capacidad armonizadora de los estatutos de autonomía- y la inclusión de su nombre en la lista de los querellados por el caso Banca Catalana, en la prueba del nueve que demostraba lo justificados que estaban los recelos antisocialistas. Algunos elementos de esta tensión aparecieron en 1983, como la cuestión del canal autonómico de televisión, y_otros han surgido en la última parte de la legislatura, como la pugna por la revisión de la financiación.

Pero fue en mayo de 1984 cuando, con las elecciones autonómicas catalanas y la presentación por el fiscal general del Estado de una querella por presuntos delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos contra 25 ex directivos de Banca Catalana, entre los que se encontraba Pujol, cristalizó la situación política que ahora será sometida a la prueba de las urnas.

Banca Catalana

La crisis de Banca Catalana estalló en su dimensión más política el 23 de mayo de 1984, un mes después de que CiU ganara las elecciones autonómicas por mayoría absoluta, al trascender la inclusión de Pujol en la lista de implicados en la querella. Pujol y Convergéncia ya se habían distanciado mucho del PSOE, pero pasaron a estar a años luz cuando leyeron en la Prensa el nombre del líder catalán entre los querellados. Y, seis días después, el 31 de mayo, el propio Pujol, acaba do de investir solemnemente para su segundo mandato como presidente de la Generalitat, afirmaba, desde el balcón de una plaza de Sant Jaume llena de manifestantes que le aclamaban, que "Madrid ha realizado una acción indigna contra Cataluña". En los oídos de gran parte de sus oyentes la palabra Madrid ya era en aquel momento sinónimo de la palabra PSOE, y Cataluña era sinónimo de Pujol.

El esfuerzo convergente por edificar la alternativa se llevaría a cabo, sin embargo, sobre el mismo espacio político de centro que el PSOE ocupó en gran parte en 1982. Por esta razón, y pese a alimentar al mismo tiempo la estrategia de la tensión, CiU ha votado en el Congreso en muchas ocasiones -entre las que se cuentan las más importantes y significativas- junto a los socialistas.

Los diputados de CiU apoyaron la reforma del Código Penal, la despenalización de algunos casos de aborto, las leyes orgánicas del Derecho a la Educación (LODE)y de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la ley de Aguas, la de Sanidad, la de reforma de la Universidad, la ley Antiterrorista, la ley Electoral... Eso sí, han tenido el cuidado de hacerlo siempre después de largos regateos, que les han servido para mantener contra el Gobierno socialista acusaciones de centralismo, antiautonomismo, estatismo y, casi siempre, prepotencia.

El rizo de este juego doble lo rizó CiU, no sin riesgo, con ocasión del referéndum sobre la OTAN, cuando, pese a haber votado en 1981 a favor del ingreso de España en la Alianza, se abstuvo de efectuar campaña a favor del sí en la consulta y, bajo cuerda, difundió la consigna del no para evitar un reforzamiento socialista en Cataluña.