Lluch estima que el fiscal antidroga descuidó los aspectos jurídicos del cargo para asumir competencias ajenas

El ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, afirmó ayer en el Senado que el fiscal antidroga, José Jiménez Villarejo, relevado del cargo a petición propia, había descuidado. los aspectos estrictamente criminológicos y penales del problema de la droga y había realizado excesivas declaraciones públicas. Jiménez Villarejo se mostró sorprendido por las manifestaciones del ministro y aseguró que una de las competencias iniciales asignadas a su cargo era la coordinación de las investigaciones policiales sobre el tráfico de droga y que posteriormente se cambió de criterio, razón por la que ha ped...

El ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, afirmó ayer en el Senado que el fiscal antidroga, José Jiménez Villarejo, relevado del cargo a petición propia, había descuidado. los aspectos estrictamente criminológicos y penales del problema de la droga y había realizado excesivas declaraciones públicas. Jiménez Villarejo se mostró sorprendido por las manifestaciones del ministro y aseguró que una de las competencias iniciales asignadas a su cargo era la coordinación de las investigaciones policiales sobre el tráfico de droga y que posteriormente se cambió de criterio, razón por la que ha pedido ser relevado.

El ministro insinuó claramente que el fiscal había hecho dejación de las funciones más específicas de su cargo para ocuparse de otras funciones que no eran competencia suya. Tales declaraciones fueron efectuadas durante su comparecencia ante la comisión de Sanidad del Senado para informar sobre la aplicación del Plan Nacional sobre Drogas. El ministro anunció que esta semana será nombrado el sucesor entre los fiscales del Tribunal Supremo.Jiménez Villarejo pidió en noviembre pasado al fiscal general del Estado ser relevado del cargo, petición, que le fue concedida la semana pasada, y alegó merma de competencias y falta de colaboración por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El fiscal había declarado en diversas ocasiones, que no podría cumplir con eficacia la misión que se le había encomendado si no se le concedía el mando directo y efectivo sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ernest Lluch afirmó que la coordinación de las distintas fuerzas policiales no es una competencia del fiscal antidroga sino del delegado del Gobierno para el plan, Miquel Solans, que tiene rango de subsecretario de Estado. "El fiscal especial debe ocuparse fundamentalmente de los aspectos criminológicos y penales del problema y su acción debe estar centrada en la relación con los fiscales y en el análisis de los aspectos jurídico penales, en los que. hay mucho por hacer todavía. Cuando Jiménez Villarejo declaraba que en los pobres resultados de su labor había una cuota personal, seguramente es cierto y sería esta precisamente".

Trabajos por hacer

El ministro eludió una respuesta clara sobre si se había producido o no falta de colaboración con el fiscal especial por parte de las fuerzas policiales, aunque señaló que ha habido un importante aumento en el número de decomisos y que ello se debe a ha existido una mayor cooperación policial. "En las diversas entrevistas que he mantenido con el fiscal, jamás me ha planteado esta problemática", dijo. "Por el contrario, yo le he planteado mi preocupacion por los aspectos criminológicos del plan, donde creo que se ha trabajado poco, y le he encargado incluso algunos trabajos muy concretos que hasta la fecha no tengo conocimiento de que se hayan realizado".En su comparecencia ante los senadores, el ministro afirmó que había una divergencia fundamental entre él y Jiménez Villarejo: "En cargos corno ése hay que hacer menos declaraciones y menos comparecencias públicas, y yo se lo había indicado. En algunos países, el nombramiento de un cargo tan deficado se realiza oficialmente sin mencionar el nombre de la persona que lo ocupa, porque es fundamental la discreción. Este es mi criterio y la prueba, es que el delegado del plan no hace declaraciones, y no por su voluntad, aunque también esté de acuerdo, claro, porque es contraproducente para los objetivos del plan".

"No sé exactamente a qué sé refiere el ministro de Sanidad al hablar de los aspectos criminológicos y penales del problema que, según dice, he descuidado, pero sus sorprendentes manifestaciones están en contradicción con los eleogios que hizo el fiscal general del Estado a la gestión del fiscal especial en un momento tan solemne y significativo como la, presentación de la memoria de la Fiscalía General del Estado al Gobierno de la nación en setiembre de l985", dijo ayer José Jiménez Villarejo.

Con respecto a las declaraciones de Ernest Lluch referentes a que la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado no eran competencia de Jiménez Villarejo, sino del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, el hasta ahora fiscal especial anfidroga dijo: "En el acuerdo por el que se, me designó se me atribuía la coordinación de las actividades de investigación del tráfico ilegal de drogas, y a nadie se le oculta que investigar esta crimina lidad es competencia de la policía Ello significa que con posterioridad se cambió de criterio, y precisamente ese cambio fue una de las razones que me llevaron a solicitar el relevo". En relación con lo encargos de trabajos concretos que Ernest Lluch, afirma haber hecho a José Jiménez Villarejo, éste dijo: "Jamás recibí ni hubiera aceptado órdenes, encargos o directrices del ministro de Sanidad y Consumo, sino exclusivamente del fiscal general del Estado. Al ministro Lluch tan sólo le he visto dos veces, y una de ellas en presencia del titular de Justicia, Fernando Ledesma".

"He de decir, además, que, por supuesto, he realizado las declaraciones públicas que he considerado convenientes, y me he conducido siempre con la mayor discreción, en cuya pauta voy a seguir manteniéndome", afirmó Jiménez Villarejo. "Si en algunos países el nombramiento de un cargo tan delicado se realiza sin mencionar el nombre de la persona que lo ocupa, debo recordar que el día de mi designación, cuando acudí a la Fiscalía General del Estado para "recibir oficialmente el nombramiento, me encontré con que estaban allí todos los medios de comunicación, televisión incluida, y no fui precisamente yo quien los llamó".

En la polémica sobre quien debe coordinar las fuerzas policiales subyace, según fuentes jurídicas, la cuestión de cómo se articula en España la policía judicial y la relación de la administración de Justicia con los cuerpos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Por otra parte, fuentes policiales han indicado a EL PAÍS que existe un gran malestar entre las fuerzas de seguridad por la actuación judicial. Según estas fuentes, han sido confeccionados diversos informes donde se relaciona un considerable número de casos en que importantes traficantes han obtenido la libertad condicional con fianzas mínimas.