El Gobierno intenta que el 75% de los contribuyentes haga este año declaración simplificada de la renta

El Consejo de Ministros, que tuvo ayer amplio contenido fiscal, aprobó un decreto con el objetivo de que algo más del 75% de los contribuyentes -tres de cada cuatro- pueda declarar sus rentas de 1985 con los nuevos impresos simplificados desde el próximo 1 de mayo. Con vistas a esta campaña, Hacienda ha empezado a enviar las etiquetas de identificación fiscal que recibirán 6,5 millones de personas.No podrán utilizar el nuevo modelo de declaración simplificada -limitado a cinco páginas útiles y otra de intrucciones- los profesionales autónomos, los empresarios y los altos perceptores de rentas ...

El Consejo de Ministros, que tuvo ayer amplio contenido fiscal, aprobó un decreto con el objetivo de que algo más del 75% de los contribuyentes -tres de cada cuatro- pueda declarar sus rentas de 1985 con los nuevos impresos simplificados desde el próximo 1 de mayo. Con vistas a esta campaña, Hacienda ha empezado a enviar las etiquetas de identificación fiscal que recibirán 6,5 millones de personas.No podrán utilizar el nuevo modelo de declaración simplificada -limitado a cinco páginas útiles y otra de intrucciones- los profesionales autónomos, los empresarios y los altos perceptores de rentas del capital, entre quienes el último informe sobre el fraude fiscal observa un nivel creciente de ocultación. El Ministerio de Economía, por otra parte, tiene la intención de no hacer público este informe, según el cual la mitad de las rentas escapan al fisco.

Las novedades en torno a la renta, resumidas en el cuadro adjunto, fueron presentadas ayer junto con el anuncio de que Hacienda ha iniciado el envío etiquetas de identificación fiscal a los 6,6 millones de contribuyentes (o unidades familiares) que declararon renta el pasado año, de los cuales un 46,06% (3.028.487) pidieron devolución.Estas etiquetas, autoadhesivas, en las que figura el nombre, el número de identificación fiscal y el número del carné de identidad del contribuyente -iguales tras la próxima reforma del DNI-, sustituirán a los datos personales. Las declaraciones simplificadas representaron en la última campaña el 57,9% del total. Ahora, el fisco pretende extenderlas de golpe a más del 75% de los contribuyentes.

De los comentarios del secretario de Estado el secretario general de Hacienda, José Borrel y Juan Francisco Martín Seco, respectivamente, se desprende que los excluidos de las declaraciones simplificadas serán los'profesionales autónomos, empresarios y perceptores de rentas del capital por más de medio millón de pesetas al año, donde están las grandes bolsas de fraude.

El último informe sobre el fraude fiscal, realizado por el Instituto de Estudios Fiscales y revelado por este periódico en agosto pasado, indica que la ocultación ha crecido a nivel global y en dichos sectores, pese al mayor cumplimiento de los asalariados. Sin embargo, Borrel declaró que Hacienda discrepa con sus conclusiones -a juzgar por las cuales la mitad de las rentas españolas escapa al fisco- y no publicará el informe.

Como en 1985, el plazo terminará el 20 de junio para quienes deban pagar y el 30 de junio para los que pidan devolución.

El Gobierno fijó ayer también la escala de tarifas para rentas con menos de 1,59 millones de pesetas y aprobó el nuevo sistema de devolución de impuestos sobre el gasóleo a medio millón de agricultores. Desde junio próximo, éstos recibirán de bancos y cajas cheques-carburantes, siempre que utilicen las etiquetas. Igualmente, el límite de deuda estatal interior, reducido a principios de año hasta 330.000 millones, ha vuelto a quedar en 390.000. Pero ha quedado más abierta la puerta para superar el nuevo tope. Serán muy probables las nuevas emisiones que permitan alargar los plazos de la deuda y reducir la carga de intereses. Para ello, habría amortizaciones anticipadas. La decisión ha sido tomada tras la fortísima petición de bonos del Estado registrada en la emisión del pasado día 3, ampliada de 80.000 a 120.000 millones y que tuvo una demanda próxima a los 800.000.

En el impuesto sobre sucesiones, antes de proceder a su anunciada reforma legal, un decreto atribuirá al fisco la inspección y liquidación. Aunque ha sido cedido a todas las autonomías excepto a Madrid, existía el problema de que su inspección estaba encomendada a la Abogacía del Estado.