¿Quién rinde cuentas al contribuyente?

YA DICE el refrán que nunca es tarde si es buena la dicha. Al fin, y tras varios meses de espera, los contribuyentes españoles hemos tenido una primera explicación -aunque insuficiente- sobre la utilización de nuestro dinero por parte del Estado y las administraciones públicas centrales en 1985. En cuanto a las otras, ayuntamientos y comunidades autónomas, habrá que esperar varios meses -o tal vez varios años- hasta saber cómo han utilizado los fondos que les han sido confiados por los españoles. Aparentemente, las autoridades municipales y regionales están lo suficientemente preocupadas por a...

YA DICE el refrán que nunca es tarde si es buena la dicha. Al fin, y tras varios meses de espera, los contribuyentes españoles hemos tenido una primera explicación -aunque insuficiente- sobre la utilización de nuestro dinero por parte del Estado y las administraciones públicas centrales en 1985. En cuanto a las otras, ayuntamientos y comunidades autónomas, habrá que esperar varios meses -o tal vez varios años- hasta saber cómo han utilizado los fondos que les han sido confiados por los españoles. Aparentemente, las autoridades municipales y regionales están lo suficientemente preocupadas por asuntos de la alta política y no se sienten obligadas a algo tan prosaico como rendir cuentas a los ciudadanos del dinero que a éstos pertenece.Como había anunciado la mayoría de los observadores privados, en contra de las primeras estimaciones oficiales, el déficit público correspondiente a 1985 ha sido mayor que el previsto. El ministro Solchaga, en sus declaraciones a la Prensa, intentó restar importancia al asunto diciendo que, al fin y al cabo, medio punto más de déficit por encima de las previsiones no lleva a ninguna parte. El argumento sería convincente si el nivel del déficit fuera la tercera o la cuarta parte de lo que es en la actualidad, pero el 5,5% del producto interior bruto (que es, de hecho, el déficit correspondiente al Estado y a los organismos centrales de la Administración) equivale aproximadamente al ahorro total de las familias españolas. Para financiar esta cantidad es preciso, pues, o bien endeudarse en el exterior o bien apelar al ahorro de las empresas, con las consiguientes repercusiones negativas sobre la inversión. Reducir el déficit público es una tarea urgente y prioritaria; el deterioro del mismo es una tragedia económica que debe preocupar al Gobierno, en contra de la tranquilidad que aparenta.

Por lo demás, las cifras avanzadas no son del todo coherentes y, en cualquier caso, resultan bastante discutibles. Los intereses de la deuda pública, por ejemplo, no están contabilizados de manera homogénea con el resto de los gastos: de hacerlo, habría que añadir otros 100.000 millones de pesetas a la cuenta en 1985 (y unos 300.000 en 1984). En segundo lugar, algunos gastos considerados como financieros representan,- en realidad, simples subvenciones de capital, probablemente a fondo perdido. El más evidente de estos casos es la asunción de deudas del Instituto Nacional de Industria (INI) por un importe de 368.000 millones de pesetas. ¿Ha recibido el Estado a cambio de esta operación títulos del INI que pueda vender libremente en el mercado? ¿Cómo y cuándo piensa, si no, el INI devolver el préstamo? Lo mismo sucedió en 1984 con la operación Rumasa: en ambos casos, se trata de gastos cuyas contrapartidas no son financieras y que deben ser clasificados como subvenciones o transferencias. De otro modo, se desvirtúan los principios de contabilidad y se altera la transparencia de las cuentas públicas.

Los contribuyentes deben saber -y el Gobierno tener el coraje de confesarlo- que son ellos quienes han pagado directamente de su bolsillo la expropiación de Rumasa y que son también ellos quienes, con su dinero, han hecho frente a las deudas del INI. Contado de esta manera, el déficit sería bastante mayor de lo que se dice. Y así lo atestigua la necesidad global de endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas, estimada indirectamente por algunos organismos privados en 2,4 billones de pesetas.

Quedan, por último, los convidados de piedra a esta convocatoria: ayuntamientos y comunidades autónomas. ¿Conoceremos algún día sus cuentas? ¿Podrán seguir reclamando fondos sin explicar previamente qué hacen con ellos? ¿Piensa el Ayuntamiento de Madrid que es coherente adelantar el pago de la contribución urbana y retrasar indefinidamente la explicación de en qué, cómo y cuándo se está utilizando el dinero? Éstas son interrogantes urgentes, y de la transparencia de su contestación depende en gran parte la credibilidad de los administradores del dinero público.