El Gobierno regional inicia la regularización de nueve urbanizaciones ilegales
La Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para regularizar la situación de nueve urbanizaciones ilegales. En todos los casos se han llevado a cabo complejas negociaciones con los particulares que habían comprado parcelas y con los ayuntamientos afectados. Los particulares, en colaboración con los ayuntamientos, tendrán que demoler algunas de las viviendas construidas, 48 en total, por estar situadas en lugares concretos -vaguadas o caminos- o en los terrenos que deben ser cedidos a los ayuntamientos y destinados...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para regularizar la situación de nueve urbanizaciones ilegales. En todos los casos se han llevado a cabo complejas negociaciones con los particulares que habían comprado parcelas y con los ayuntamientos afectados. Los particulares, en colaboración con los ayuntamientos, tendrán que demoler algunas de las viviendas construidas, 48 en total, por estar situadas en lugares concretos -vaguadas o caminos- o en los terrenos que deben ser cedidos a los ayuntamientos y destinados a zonas verdes y equipamientos. Los propietarios tendrán que hacer frente a las obras de urbanización necesarias para que el conjunto de viviendas adquiera realmente la categoría de suelo urbano.La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente acordó, en su reunión del 4 de febrero, modificar, las normas urbanísticas de los municipios de Torremocha de Jarama, Moraleja de Enmedio y Pedrezuela, paso previo para la legalización de las urbanizaciones El Retiro, Las Colinas y Corepo, respectivamente. Los parcelistas, organizados en asociaciones de propietarios o cooperativas, cederán a los ayuntamientos terrenos para zonas verdes y equipamientos, así como el 10% de las parcelas edificables, En el total de las tres urbanizaciones deberán demolerse 10 viviendas, por estar situadas en los terrenos que han de ser cedidos.
La legalización de la urbanización Corepo garantiza la protección de unos pajares, edificados en el siglo XVI, de valor arquiteciónico provincial, y la recuperación de una importante red de vías pecuarias que habían sido ocupadas ilegalmente.
El 21 de febrero, el consejero de Ordenación del Territorio, Eduardo Mangada, ordenó la elaboración de un nuevo plan urbanístico para la localidad de Fresno de Torote, en el que se incluya la urbanización Jardín de Serracines. La orden se dio después de que el Ayuntamiento de la localidad y la mayoría de los parcelistas (278 de 430 han firmado el acuerdo individualmente) aceptaran las condiciones: cesión de 32 hectáreas de suelo rústico, demolición de ocho viviendas no legalizables y construcción de infraestructura de saneamiento, accesos, agua y electricidad.
La próxima sesión de la Comisión de Urbanismo, aún no convocada, acordará el comienzo de los trámites para la legalización de otras cinco urbanizaciones actualmente catalogadas como piratas: la de Vista Sierra en El Molar, Las Hoyas en Villa del Prado, La Alarilla en Fuentidueña de Tajo, Balcón del Tajo Este en Colmenar de Oreja, y Paraje del Arzobispo en Ribatejada.
La urbanización Las Hoyas estaba catalogada como no legalizable, por estar situada en un paraje de gran valor ecológico y paisajístico, incluida una mancha forestal de 200 encinas. Después de múltiples negociaciones se decidió buscar una solución mixta para dar salida a la situación de los propietarios de parcelas. El encinar será declarado suelo no urbanizable especialmente protegido, y se permitirá la creación de un núcleo de población de 127 viviendas en una zona limítrofe, donde su impacto ambiental será mucho menos negativo.
Archivado En
- Infracciones urbanísticas
- Demolición edificios
- Edificios ruinosos
- Comunidades autónomas
- Corrupción urbanística
- Gobierno autonómico
- Política autonómica
- Corrupción política
- Administración autonómica
- Delitos urbanísticos
- Conservación vivienda
- Vivienda
- Comunidad de Madrid
- Gobierno
- Corrupción
- Administración Estado
- España
- Delitos
- Urbanismo
- Política
- Administración pública
- Justicia