TRIBUNALES

El poder judicial rechaza "de plano" las declaraciones del PSOE de Euskadi

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su reunión plenaria de ayer, expresó su preocupación por la situación y funcionamiento de la justicia en Euskadi. En relación con las declaraciones políticas realizadas en los últimos días, -las críticas contra los miembros de Jueces para la Democracia hechas por algunos dirigentes del PSOE de Euskadi (ver EL PAÍS de ayer)- estimó que "carecen de todo fundamento y se rechazan de plano".

En un comunicado, a cuya redacción dedicaron los vocales del CGPJ varias de las horas de la reunión de ayer, el Consejo explica que "en razón de la im...

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su reunión plenaria de ayer, expresó su preocupación por la situación y funcionamiento de la justicia en Euskadi. En relación con las declaraciones políticas realizadas en los últimos días, -las críticas contra los miembros de Jueces para la Democracia hechas por algunos dirigentes del PSOE de Euskadi (ver EL PAÍS de ayer)- estimó que "carecen de todo fundamento y se rechazan de plano".

En un comunicado, a cuya redacción dedicaron los vocales del CGPJ varias de las horas de la reunión de ayer, el Consejo explica que "en razón de la importancia que concede a la resolución de dicha situación, no se limita a esperar que las leyes de demarcación y planta aborden el problema con carácter general y de manera directa, sino que está elaborando un plan que se extenderá a todas las comunidades autónomas, tendente a paliar en el mayor grado posible las anomalías existentes".

El Consejo estima imprescindible, para ello, "la colaboración de los presidentes de las audiencias, así como también la del presidente del Tribunal Central de Trabajo", a quienes anuncia que convocará en fecha inminente.

Colaboración

Igualmente, manifiesta que los consejeros delegados en el País Vasco -Adrián Celaya, Valentín de la Iglesia y Julián Serrano Puértolas-, intensificarán sobre el terreno "los contactos-con las autoridades del Gobierno vasco, colegios profesionales, asociaciones y sindicatos, para tener en cuenta sus sugerencias y recabar su colaboración con el objeto de conseguir la normalización plena y la eficacia de la administración de justicia en Euskadi".

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