Un sentido de responsabilidad
Tres de los miembros laicos del Consejo Superior de la Magistratura -es decir, de los 10 representantes nombrados por el Parlamento y que no son magistrados- se solidarizaron el miércoles por la noche con los 20 magistrados togados que presentaron su dimisión al jefe del Estado, Francesco Cossiga. Se trata de tres comunistas: Cecilia Assanti, Franco Lubesti y Alfredo Galasso. Este último, catedrático de Derecho Civil de la universidad de Palermo y una de las principales figuras del proceso contra la Mafia que se está preparando en Sicilia y que deberá juzgar a más de 400 acusados, conversó aye...
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Tres de los miembros laicos del Consejo Superior de la Magistratura -es decir, de los 10 representantes nombrados por el Parlamento y que no son magistrados- se solidarizaron el miércoles por la noche con los 20 magistrados togados que presentaron su dimisión al jefe del Estado, Francesco Cossiga. Se trata de tres comunistas: Cecilia Assanti, Franco Lubesti y Alfredo Galasso. Este último, catedrático de Derecho Civil de la universidad de Palermo y una de las principales figuras del proceso contra la Mafia que se está preparando en Sicilia y que deberá juzgar a más de 400 acusados, conversó ayer con EL PAÍS.Pregunta. ¿Por qué los miembros togados han retirado sus dimisiones?
Respuesta. Por un sentido de responsabilidad. Hay que pensar que el enfrentamiento es gravísimo. El propio jefe del Estado lo ha advertido y ha pedido, casi suplicando, a cada uno de los magistrados que se queden en su puesto.
P. ¿Cuál es el fondo de la cuestión?
R. Las relaciones entre magistratura, es decir, entre el poder judicial y el mundo político, que se están agriando peligrosamente en los últimos tiempos. Se trata de un problema que aqueja a todas las viejas democracias, pero que en Italia se ha convertido en una crisis permanente.
P. ¿Se equivocó Cossiga?
R. La reivindicación del presidente de la República de algunos principios de fondo ha sido plenamente legítima. Pero no resuelve el problema, que se arrastra desde hace mucho tiempo. Imaginemos por hipótesis, aunque sea absurda, que un presidente del Gobierno recién elegido se presenta ante el Parlamento pidiendo en su programa la abolición de la autonomía que posee hoy en este país la magistratura. ¿Podríamos quedarnos callados ante ello los miembros del Consejo Superior de los jueces?
P. Se les acusa de haber invadido campos que no son los propios de la magistratura.
R. El problema es otro. Si las otras instituciones cumplieran con su deber y no dejasen vacíos, la magistratura podría ahorrarse mucho trabajo y no pocos quebraderos de cabeza. ¿Por qué no se encargan los órganos políticos o los sindicales de hacer limpieza en su casa contra sus propios asociados corruptos antes de que tenga que intervenir judicialmente la magistratura?