Uno de los abogados del 23-F, nuevo penalista de Ruiz-Mateos

José María Ruiz-Mateos tiene nuevos abogados penalistas en España. Se trata de Antonio Ferrer Sama, catedrático jubilado de Derecho Penal, que fue defensor de José María Jarabo, condenado a muerte y ejecutado, uno de los casos más famosos de la historia judicial española; su hijo, Julio Antonio Ferrer Zabala, y Adolfo de Miguel, uno de los abogados defensores de los acusados por la intentona golpista del 23-F y del juez Ricardo Varón, procesado en el famoso caso Bardellino. Adolfo de Miguel fue presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y su apartamiento del cargo originó fuertes cont...

José María Ruiz-Mateos tiene nuevos abogados penalistas en España. Se trata de Antonio Ferrer Sama, catedrático jubilado de Derecho Penal, que fue defensor de José María Jarabo, condenado a muerte y ejecutado, uno de los casos más famosos de la historia judicial española; su hijo, Julio Antonio Ferrer Zabala, y Adolfo de Miguel, uno de los abogados defensores de los acusados por la intentona golpista del 23-F y del juez Ricardo Varón, procesado en el famoso caso Bardellino. Adolfo de Miguel fue presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y su apartamiento del cargo originó fuertes controversias.

Después de que el pasado domingo, 17 de noviembre, el abogado Ramón Pelayo, con bufete en Málaga y Marbella, aceptase la defensa de los asuntos civiles y administrativos de Ruiz-Mateos en España, quedaba únicamente abierta la interrogante de la defensa para las causas penales que tramita principalmente el juez Luis Lerga.Como quiera que la venia para esta causa seguía estando en manos de los penalistas del equipo de Matías Cortés -Horacio Oliva, Gonzalo Rodríguez Mourollo y Javier Sáenz de Pipaon-, el abogado norteamericano Arthur Teele concibió la idea de enganchar en el nuevo equipo a los tres citados, con lo cual se obviaba el tema de la venia, un asunto que se presentaba espinoso a causa de las minutas dejadas de pagar por el empresario.

Tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Matías Cortés y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol Ríus, los tres penalistas citados manifestaron públicamente su rechazo a la posibilidad de reanudar la defensa penal de Ruiz-Mateos. Sin embargo, Ramón Pelayo realizó ayer mismo un último intento de convencer a Horacio Oliva, aduciendo razones humanitarias, para que se hiciera cargo de la causa penal, sin resultado positivo. En vista de ello, Pelayo ofreció formalmente el tema a Ferrer Sama, su hijo y de Miguel, quienes han aceptado el encargo.

La defensa de los asuntos legales de José María Ruíz-Mateos ha estado jalonada de incidentes que han convertido a la abogacia madrileña en frecuenta piedra de escándalo. Hasta tres equipos distintos se han sucedido en el caso, desde la vertiente española, sin contar un número muy superior que han intervenido como apoyo, elaborando informes, dictámenes y otras cuestiones relacionadas con el caso.

En el momento de la expropiación, los abogados del presidente del holding Rumasa eran Alejandro Rebollo y Fernando Castedo. Ruiz-Mateos les acusaría posteriormente de ser parte integrante de la conspiración tramada contra su persona y su imperio por el tandem. Luis Valls Taberner y Rafael Termes, al haberle metido en la encerrona que supuso la conferencia de prensa del 22 de febrero de 1983, un desafio al Gobierno socialista que precipitó la decisión expropiatoria.

Tras ellos le llegó el turno al equipo encabezado por Matías Cortés. Suyo fue el dictamen jurídico que más tarde serviría de base para la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Expropiación. Pero, también Matías Cortés, cuyas diferencias con el empresario comenzaron a hacerse patentes a causa de la peculiar manera de éste de llevar sus asuntos con los medios de comunicación, sería acusado de traidor y de haber sido nombrado por Luis Valls para su defensa.

Ruiz-Mateos no paga

Matías Cortés mantiene con Ruiz-Mateos un contencioso abierto a causa de la negativa del financiero a hacer efectivo el pago de las minutas profesionales. Curiosamente, tales minutas han sido fijadas por el propio Colegio de Abogados de Madrid, a quienes ambas partes se dirigieron en su día en solicitud de arbitraje.Tras Matías Cortés, un viejo conocedor de los asuntos del holding de la abeja, el abogado Crispín de Vicente, se hizo cargo de la defensa del empresario. Las relaciones entre ambos comenzaron a deteriorarse a finales de noviembre de 1984. Ruiz-Mateos no se interesó por el estado de salud de su defensor, que pasó momentos críticos internado durante dos meses en una clínica madrileña. Finalmente, explotaron el 2 de junio pasado, con la renuncia pública de De Vicente alegando como motivo el impago de los honorarios de su equipo.

Crispín de Vicente tiene también pendiente con su ex defendido un contencioso a propósito de las minutas. Crispín asegura no haber recibido ningún pago por los trabajos efectuados, mientras que el empresario jerezano afirma haberle entregado 80 millones de pesetas. Tras la renuncia de Crispín de Vicente sonó el nombre de Miguel Bajo para hacerse cargo de la defensa y días más tarde el de Antonio García de Pablos. Ambas intentonas fueron descalificadas por el propio José María Ruiz-Mateos desde su momentáneo exilio en Francfort.

Por asuntos realizados para el equipo de Crispín de Vicente, el abogado Andrés de la Oliva tiene también su contencioso abierto con Ruiz-Mateos, a quien reclama 49 millones de pesetas por los trabajos realizados durante 14 meses. El empresario no reconoce relación laboral con el demandante, a pesar de que éste ha recibido a cuenta durante ese período la cifra de 5,6 millones de pesetas, justificados mediante recibos extendidos por su esposa, Teresa Rivero.

Parte muy importante de las sucesivas rupturas ocurridas entre el empresario jerezano y sus abogados han sido consecuencia natural del peculiar caracter del fundador del holding de la abeja. Ruiz-Mateos, genio y figura, no quería tanto un defensor desde el punto de vista estrictamente legal, ceñido a la vertiente puramente jurídica de la expropiación, como un ferviente animador y propagador de sus tesis.