El presidente de la patronal valenciana, acusado de estafa

Vicente Iborra, presidente de la Confederación de Industriales y Empresarios de la Región Valenciana (CIERVAL) y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), fue detenido el lunes por la tarde y puesto ayer a disposición judicial como presunto responsable de irregularidades en las liquidaciones económicas de la empresa SAVE. El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, Juan Bautista Cremades, dictó ayer auto de prisión contra él y otros tres directivos de la sociedad por el presunto delito de estafa. El juez también fijó una fianza de cinco millones de pesetas para Iborra,...

Vicente Iborra, presidente de la Confederación de Industriales y Empresarios de la Región Valenciana (CIERVAL) y de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), fue detenido el lunes por la tarde y puesto ayer a disposición judicial como presunto responsable de irregularidades en las liquidaciones económicas de la empresa SAVE. El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, Juan Bautista Cremades, dictó ayer auto de prisión contra él y otros tres directivos de la sociedad por el presunto delito de estafa. El juez también fijó una fianza de cinco millones de pesetas para Iborra, tres millones para el director general, un millón para el jefe de administración y 75.000 pesetas para la cuarta persona.

Las fianzas fueron depositadas e Iborra abandonó el edificio del juzgado sobre las 19.30 de ayer en compañía de su defensor, Manuel Delgado Peñate, presidente del Colegio de Abogados de Valencia. En el trayecto de la puerta del juzgado hasta el automóvil, un Mercedes de color gris, él presidente de la patronal valenciana hizo unas breves declaraciones para asegurar que estaba satisfecho y era optimista sobre el desenlace de la investigación.Manuel Delgado Peñate informó de la situación de su defendido y dijo que excepto las cuatro personas que hubieron de depositar fianza, el resto de los detenidos fue puesto en libertad sin cargos.

Junto a lborra, había sido detenido el director general de la empresa, Francisco Casany, y seis empleados más de la misma. Las siglas de SAVE corresponden a Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos. La entidad se encarga desde 1973 de la explotación de los aparcamientos en 11 aeropuertos por concesión de la Subsecretaría de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

Según un portavoz del Ministerio de Transportes, SAVE fue la empresa que presentó mejor canon de oferta y, por ello, ganó la licitación. Además tiene locales de aparcamientos en propiedad y se dedica a la explotación de otros fundamentalmente en Valencia.

Consultado por este periódico, el juez encargado del caso se negó a hacer comentarios sobre la investigación e incluso sobre la situación en que se encuentran las personas presuntamente implicadas, aunque dejó entrever que continuará la investigación y que será larga.

Por su parte, el jefe superior de Policía de Valencia, Carlos Gómez de Ramón, explicó que Iborra y los otros siete empleados de SAVE permanecieron detenidos toda la noche del lunes y ayer a primeras horas de la mañana fueron conducidos al juzgado.

Irregularidades

Gómez de Ramón negó que entre las acusaciones que se formulan a los responsables de la empresa figure la de fraude fiscal como afirmó ayer una agencia de noticias. Según sus palabras, se trataría de "probables irregularidades en la liquidación económica de la concesión del aparcamiento del aeropuerto de Barcelona".

Esta posibilidad se correspondería con la figura delictiva de "defraudación contra la propiedad, pero no de fraude fiscal".

Gómez de Ramón señaló que la investigación policial se inició en Barcelona, aunque después se trasladó a Valencia por ser esta ciudad la sede central de la compañía. Por orden judicial, inspectores de policía acudieron a los locales de SAVE en la calle Cronista Carreres, de Valencia, donde intervinieron "documentos contables".

La detención de Iborra, ocurrida tan sólo dos días después de que interviniese en Madrid en el acto de afirmación empresarial convocado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), causó gran conmoción en Valencia cuando comenzó a trascender, durante todo el día de ayer, y en algunos sectores se le atribuía un fondo político.

El jefe superior de Policía dijo en relación con este posible aspecto: "Nosotros huimos de que se nos utilice como instrumento político; únicamente hemos cumplido con nuestro deber de instruir las diligencias y poner a los detenidos a disposición del juez".

Al parecer, aunque ninguna fuente oficial lo precisó, la irregularidad que se imputa a los directivos de SAVE consiste en realizar liquidaciones al aeropuerto de Barcelona inferiores a lo estipulado mediante la falsificación de los ingresos. Según confirmó la fuente citada, SAVE practica liquidaciones por la concesión de acuerdo con un porcentaje de los beneficios obtenidos.

La Confederación Empresarial Valenciana hizo público un comunicado, después de las 10 de la noche, en el que se subraya que, por decisión judicial, Iborra "está en libertad y en su domicilio", al tiempo que afirma que "este tipo de situaciones no deben presuponer, en principio, una descalificación previa de personas o instituciones, ni adelantar juicios sobre intencionalidades"; por ello, la CEV "afirma su apoyo a su presidente".