La negociación salarial, principal escollo del proyecto de sindicación de los funcionarios

Representantes de los sindicatos negocian con la Administración, en Madrid, el anteproyecto de sindicación para los funcionarios españoles cuyo número la Intervención General del Estado cifró en 1.315.832 en julio del año pasado. El principal escollo de las negociaciones reside en las dificultades legales que pesan sobre la negociación por los funcionarios de sus condiciones salariales, ya que, según la ley, al estar vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado, competen a las Cortes.

El proyecto regula el derecho de negociación colectiva del funcionariado, la acción sindical en l...

Representantes de los sindicatos negocian con la Administración, en Madrid, el anteproyecto de sindicación para los funcionarios españoles cuyo número la Intervención General del Estado cifró en 1.315.832 en julio del año pasado. El principal escollo de las negociaciones reside en las dificultades legales que pesan sobre la negociación por los funcionarios de sus condiciones salariales, ya que, según la ley, al estar vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado, competen a las Cortes.

El proyecto regula el derecho de negociación colectiva del funcionariado, la acción sindical en las Administraciones Públicas y crea órganos representativos, las Juntas de- Personal por centros de trabajo y una mesa general de negociación de ámbito estatal y autonómico. Asigna a las organizaciones sindicales de funcionarios cometidos de negociación o consulta de condiciones de trabajo y retribuciones económicas, garantiza la libertad sindical del funcionariado y organiza los procesos electorales en la Administración.El proyecto de ley, una vez aprobado, sustituirá la legislación provisional hasta ahora vigente, que consiste en la circular 3 de Presidencia del Gobierno, de septiembre de 1984, y en el artículo 151 del Código de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

La semana próxima, los representantes de la Administración y de los sindicatos celebrarán una nueva reunión. Javier Moscoso, ministro de la Presidencia, anuncié recientemente que espera que el debate del anteproyecto culmine a primeros de diciembre, para iniciar su curso legislativo y su aprobación inmediata en el Parlamento. Las futuras elecciones sindicales para el funcionariado, previstas para el otoño, serán reguladas ya con la nueva normativa, según las previsiones de la Administración.

Los delegados de personal accederán libremente a las dependencias de sus centros de trabajo, podrán también distribuir propaganda a la entrada y salida del trabajo y gozarán de un crédito de horas mensuales, acumulable, dentro de la jornada de trabajo, que serán retribuidas como labor efectiva, según una escala acorde con el tamaño del centro en el que desempeñen sus funciones. Los mandatos representativos tendrán una duración de 4 años, con posibilidad de reelecciones sucesivas.Las competencias de las Juntas se refieren a que deberán ser oídas en materias relacionadas con la jornada laboral y el horario de trabajo, en los regímenes de permisos, vacaciones, licencias y en la implantación de métodos de trabajo.

Francisco Ramos, secretario de Estado para la Función Pública, se muestra optimista sobre el anteproyecto, y considera que la principal dificultad a resolver reside en que el tratamiento de la negociación colectiva del funcionariado, según la ley orgánica de la Libertad Sindical, establece dos vías de tratamiento, la de la negociación y la de la consulta.

Esta segunda vía se aplicará cuando el asunto sea competencia de las Cortes, como es el caso de las materias salariales dentro de la Administración, que se cursan a través de los Presupuestos Generales del Estado. En base a ello, la fijación de los salarios quedarla fuera del marco negociador para ser consultada a los representantes sindicales, que no podrían negociarla. Ramos considera soluble el problema.

Optimismo

Andrés Borderías, dirigente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios, definió las negociaciones como "francamente positivas". A su juicio, quedan pendientes de resolver los aspectos de sindicación de funcionarios de establecimientos militares.César Rego, secretario de Prensa de la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación de Servicios

,Públicos de UGT, considera el proyecto debatido como globalmente positivo. Para él "el reconocimiento del derecho de negociación y la posibilidad de negociar el sistema de retribución son los aspectos más importantes".

Para Alberto Torres, secretario general de la Federación de la Administración Pública de Comisiones Obreras, "los órganos negociadores son sólo de consulta, no se fija un sistema de convenios, y no hay instancias de arbitraje de los acuerdos".