Problemas legales ponen en peligro una inversión de 20.000 millones de pesetas en Canarias
Una inversión de unos 20.000 millones de pesetas en Canarias, por parte de la multinacional estadounidense Resorts International Inc., vinculada al Citibank, que pretende construir en Las Palmas de Gran Canaria un casino de juego y una amplia red turística, corre el riesgo de fracasar, tras dos años y medio de negociaciones, por impedimentos de carácter legal. La fórmula propuesta por los inversores norteamericanos para el pago de las tasas de juego a Hacienda choca con la legislación vigente.
La inesperada suspensión, a mediados de octubre, de un viaje oficial a EE UU del presidente de...
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Una inversión de unos 20.000 millones de pesetas en Canarias, por parte de la multinacional estadounidense Resorts International Inc., vinculada al Citibank, que pretende construir en Las Palmas de Gran Canaria un casino de juego y una amplia red turística, corre el riesgo de fracasar, tras dos años y medio de negociaciones, por impedimentos de carácter legal. La fórmula propuesta por los inversores norteamericanos para el pago de las tasas de juego a Hacienda choca con la legislación vigente.
La inesperada suspensión, a mediados de octubre, de un viaje oficial a EE UU del presidente del Gobierno autónomo de Canarias, Jerónimo Saavedra, del PSOE, puso al descubierto la existencia de negociaciones secretas entre el Ejecutivo del archipiélago y la multinacional. Saavedra pensaba visitar la sede de la Resorts en Atlantic City, entrevistarse en Nueva York con el presidente y vicepresidente de Citibank, y pronunciar una conferencia en la universidad de Columbia, dependiente de la citada compañía.La falta de entendimiento de última hora entre el Gobierno canario y la multinacional se debió a la negativa de firmar un decreto ley que garantizara la inversión. "Fue un gesto de dignidad para demostrar que esto no es una república bananera. El proyecto es muy interesante para el desarrollo turístico de Canarias, pero antes había que hacer la ley del juego", señaló una fuente gubernamental.
En medios políticos canarios sentó mal que la multinacional norteamericana tratara de imponer al Gobierno como condición la aprobación de un decreto cocinado en Atlantic City, que se saltaba a la torera las leyes españolas. El pasado 11 de octubre, víspera del viaje, el Consejo del Gobierno autónomo acordó, como acto de buena voluntad, remitir por vía de urgencia al Parlamento regional el proyecto de ley del juego. El 9 de julio, la comunidad autónoma había asumido las transferencias en la materia.
La red del juego
Dos meses después, el consejero de la Presidencia, Manuel Álvarez de la Rosa, recibió el encargo de Saavedra de elaborar la ley. La estrategia de las autoridades canarias sentó mal a la Resorts. Al intermediario de ésta, el abogado y profesor de la universidad de Columbia, Pedro Yáñez, no le convenció la ley y provocó la ruptura de las conversaciones un día después de la reunión del Gobierno. Las negociaciones fueron reanudadas personalmente por Saavedra vía directa con EE UU, tras ser apartado de las mismas dicho interlocutor.La Resorts International Inc., que domina una importante compañía aérea, una de las primeras cadenas hoteleras del mundo y múltiples negocios en el campo del juego y el turismo, se había interesado por Canarias hace dos años y medio.
La inversión programada por la Resorts, que inicialmente sería de 8.000 millones de pesetas y posteriormente se elevaría a 20.000 millones, incluye la creación en Las Palmas de un casino, un centro de convenciones, una flota de hidroaviones y la remodelacíón de un hotel de lujo.
El Real Decreto 1.026 del Ministerio de Comercio, de 28 de marzo de 1977, limita hasta un tope de 25% la participación de capital extranjero en casinos de juego. La intención de la Resorts es poseer el ciento por ciento del capital social del futuro casino de Las Palmas, pero el tema noha llegado formalmente al Comité Interministerial para Inversiones Extranjeras, y el ministerio de Carlos Solchaga lo ha conocido únicamente de forma verbal. El principal escollo para el éxito de la importante operación es, sin embargo, la forma de tributar a Hacienda las tasas del juego.
La multinacional propone que en lugar de abonar a las arcas estatales el 40% de sus ingresos brutos, como requiere la ley, se le permita responder con el 80% sobre los beneficios netos. Esta exigencia implicaría la modificación de una ley orgánica por el Parlamento nacional.