UGT solicita una investigación de la Caja de Ahorros de Zaragoza

La federación provincial de banca de Unión General de Trabajadores (UGT) ha solicitado a los responsables de los Ministerios de Economía y Hacienda, y Trabajo y Seguridad Social, que realicen "una profunda investigación" sobre la ejecución hipotecaria de los préstamos concedidos por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR) a la empresa Amado Laguna de Rins SA, de la que fue accionista y director general Fernando Almarza Laguna y de Rins, a su vez presidente de la caja.UGT solicita también que se investigue la suspensión de pagos de la mencionada empresa. La central basa su petici...

La federación provincial de banca de Unión General de Trabajadores (UGT) ha solicitado a los responsables de los Ministerios de Economía y Hacienda, y Trabajo y Seguridad Social, que realicen "una profunda investigación" sobre la ejecución hipotecaria de los préstamos concedidos por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR) a la empresa Amado Laguna de Rins SA, de la que fue accionista y director general Fernando Almarza Laguna y de Rins, a su vez presidente de la caja.UGT solicita también que se investigue la suspensión de pagos de la mencionada empresa. La central basa su petición en la información publicada por EL PAIS el pasado 2 de noviembre y de la que "se presupone", según UGT, la existencia de indicios de presunto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social".

La CAZAR concedió en 1978 un préstamo de 100 millones de pesetas a la empresa Amado Laguna de Rins, que fue garantizado con una hipoteca sobre la finca en la que se asienta la factoría. Entonces ya era presidente del consejo de-la CAZAR Fernando Almarza y Laguna de Rins, quien continuaba -o, al menos, no había hecho constar formalmente su dimisión- como presidente y director general de, Amado Laguna de Rins, SA. La empresa suspendió pagos en 1980 y el préstamo resultó impagado. La caja ejecutó la hipoteca sobre una parte del suelo en el que se asienta la factoría. Las fincas se han revalorizado por parcelación urbanística y su valor actual se aproxima a los 200 millones de pesetas. Al ejecutar esa hipoteca la CAZAR, el resto de acreedores, entre ellos Hacienda y la Seguridad Social -unos 500 millones pendientes de cobro-, no pudieron resarcirse. Poco antes de la suspensión de pagos, la empresa recibió otro préstamo de 50 millones, garantía hipotecaria sobre el resto de la finca, lo que acabaría de eliminar las posibilidades de cobro de otros acreedores.