Pretoria endurece la represión

LA DECISIÓN del Gobierno de Pretoria prohibiendo a los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, sacar fotografías o películas de acciones de violencia sin un permiso especial es una nueva indicación de la irracionalidad con la que está actuando el presidente Botha ante la gravísima situación que se ha creado en África del Sur. Tal medida demuestra, en primer lugar, que el Gobierno está dispuesto a continuar y a reforzar el empleo de la violencia represiva ante las demandas legítimas de la población negra. Quiere suprimir los testigos, teme que la verdad sea conocida en sus ex...

LA DECISIÓN del Gobierno de Pretoria prohibiendo a los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, sacar fotografías o películas de acciones de violencia sin un permiso especial es una nueva indicación de la irracionalidad con la que está actuando el presidente Botha ante la gravísima situación que se ha creado en África del Sur. Tal medida demuestra, en primer lugar, que el Gobierno está dispuesto a continuar y a reforzar el empleo de la violencia represiva ante las demandas legítimas de la población negra. Quiere suprimir los testigos, teme que la verdad sea conocida en sus expresiones más directas; pero confiesa con ello que no tiene otra política que las cargas y los disparos de las fuerzas armadas. Al mismo tiempo, el Gobierno surafricano acaba de decretar, con carácter retroactivo, que ninguna acción judicial, ni civil ni penal, podrá ser emprendida contra las fuerzas de orden público. Es un paso más para dejar el campo libre a una represión brutal que está provocando una indignación unánime en el mundo entero.No se puede olvidar que en el último año, con unas iniciativas de falso reformismo, Botha sólo ha logrado poner en evidencia el hecho intolerable de que la gran mayoría del país, los ciudadanos negros, carece de todo derecho político y es tratada en su patria misma como parias a los que se les niegan los más elementales derechos civiles y humanos. En el curso de un año, se calcula que más de 800 ciudadanos negros han muerto como consecuencia de un verdadero terrorismo de Estado. Poner un velo para que las descargas en las barriadas negras y los cadáveres en las calles no aparezcan en los periódicos o en las pantallas no es señal de que se esté buscando un camino para resolver los problemas del país, sino todo lo contrario.

Conviene, por otra parte, destacar un fenómeno que está en el trasfondo de esta medida de Botha. A pesar de restricciones legales vigentes desde hace muchos años, lo cierto es que una parte de la Prensa surafricana, sobre todo la de lengua inglesa, defiende posiciones liberales, se opone al apartheid y critica la represión con bastante eficacia. Es cierto que recientes elecciones locales han reflejado una reacción de sectores ultrarracistas que consideran a Botha demasiado reformista; pero no es una tendencia unánime entre la población blanca, como se ha reflejado en la actitud de esos periódicos. A la vez, círculos empresariales se separan de la política de Botha y han tomado incluso iniciativas propias para discutir con representantes de la comunidad negra. Todo ello coloca a Botha en una situación cada vez más insostenible. No ha sido capaz de adoptar el único camino susceptible de abrir posibilidades de evitar la violencia y de lograr una negociación con figuras representativas de la población negra, como Nelson Mandela. Hoy se encuentra incapacitado para gobernar el país y sus bases de apoyo disminuyen.

La medida contra la Prensa y la televisión estaba dirigida asimismo contra los corresponsales de periódicos, radios y televisiones extranjeras, que suman más de un centenar de periodistas y otros profesionales, en particular de América y el Reino Unido. El cálculo absurdo del Gobierno de Pretoria es que, prohibiendo la difusión de fotografías y películas de actos de violencia, la opinión mundial se olvidará de lo que está ocurriendo en África del Sur. Es una actitud típica por parte de dictadores cerriles que siempre piensan que suprimiendo los testigos pueden actuar luego sin ninguna consideración moral o política. Por de pronto, esta última medida del Gobierno de Pretoria ha dado lugar a protestas de los principales periódicos de Estados Unidos, del Reino Unido y de numerosos países, junto a numerosos Gobiernos. El Instituto Internacional de Prensa, con sede en Londres, ha exigido al presidente Botha la inmediata anulación de dicha medida. Con vistas al futuro, sería completamente ilusorio suponer que los impedimentos legales a las fotografías y películas van a impedir que la opinión mundial siga informada de lo que ocurre en África del Sur. Esa medida de los gobernantes de Pretoria se puede volver contra ellos mismos, porque confirma la impresión creciente en los más diversos círculos internacionales de que no se puede confiar en el futuro del Gobierno que encabeza Pieter Botha. Es significativo que el banquero suizo Fritz Leutwiler, encargado de las negociaciones sobre la reanudación de los créditos a África del Sur, haya pedido su opinión al obispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, quien ha contestado que la banca internacional debe presionar negando su apoyo al régimen surafricano. Este hecho indica hasta qué punto las dudas acerca del futuro del régimen de Pretoria empiezan a cundir no ya en los medios políticos, sino en los medios financieros.