La Audiencia Territorial obliga a reformar el reparto del canon energético en León
Una sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid va a obligar a la Diputación de León a realizar un nuevo reparto, entre los municipios de la provincia, del canon por producción de energía eléctrica correspondiente a 1983. El fallo, que anula un acuerdo del organismo provincial, insta a que en la distribución de los 441 millones asignados para el año mencionado se excluya a los ayuntamientos productores de carbón.
El canon sobre producción de electricidad, regulado por una ley de 25 de marzo de 1981, fue creado para paliar en lo posible las desigualdades en la distribución de la ...
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Una sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid va a obligar a la Diputación de León a realizar un nuevo reparto, entre los municipios de la provincia, del canon por producción de energía eléctrica correspondiente a 1983. El fallo, que anula un acuerdo del organismo provincial, insta a que en la distribución de los 441 millones asignados para el año mencionado se excluya a los ayuntamientos productores de carbón.
El canon sobre producción de electricidad, regulado por una ley de 25 de marzo de 1981, fue creado para paliar en lo posible las desigualdades en la distribución de la renta en las regiones productoras de la mencionada energía, y las servidumbres suscitadas en las localidades donde radican las explotaciones mineras así como las centrales productoras de energía eléctrica.El proceso judicial que ha determinado la sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid fue iniciado en 1983 por la corporación municipal de La Robla (5.514 habitantes), en virtud de "las notorías irregularidades y anomalías" de los criterios distributivos impugnados, según ha manifestado la alcaldesa de esa localidad, la socialista Rosa Fernández Figueroa, de 29 años de edad.
En 1983, la Diputación leonesa, órgano administrador del canon, repartió entre 46 municipios de la provincia un total de 441 millones de pesetas. El 50% de esta cifra refue a parar a municipios mineros; y el 20%, en localidades productoras de energía eléctrica, según fuentes municipales. En dicho año La Robla percibió aproximadamente 11 millones de pesetas.
La reciente sentencia invalida los criterios seguidos hasta ahora por la Diputación leonesa en el reparto del canon, que daban preferencia a los municipios productores de carbón, mayoría en la provincia, frente a los productores de energía eléctrica.
El presidente de la corporación provincial, Alberto Pérez Ruiz, opina: el fallo sirve para "disipar dudas al respecto, con independencia de las interpretaciones válidas de la ley que hayamos podido ejecutar en cada momento".