Incertidumbre en Panamá

El atroz asesinato del médico panameño Hugo Spadafora, cuyo cadáver mutilado y decapitado fue encontrado en territorio costarricense dos días después de haber sido arrestado por agentes del G-2 (seguridad militar de Panamá), ha levantado una ola de estupor entre la población del país del canal y ha acelerado el derrocamiento del hasta hace unos días presidente, Nicolás Ardito Barletta. La renuncia de Barletta, precedida desde meses atrás por toda una serie de avisos premonitorios que emanaban de los cuarteles, tiene que ser interpretada como una medida diversionista de los militares panameños....

El atroz asesinato del médico panameño Hugo Spadafora, cuyo cadáver mutilado y decapitado fue encontrado en territorio costarricense dos días después de haber sido arrestado por agentes del G-2 (seguridad militar de Panamá), ha levantado una ola de estupor entre la población del país del canal y ha acelerado el derrocamiento del hasta hace unos días presidente, Nicolás Ardito Barletta. La renuncia de Barletta, precedida desde meses atrás por toda una serie de avisos premonitorios que emanaban de los cuarteles, tiene que ser interpretada como una medida diversionista de los militares panameños.

Combatiente médico en la lucha liberacionista de Guinea-Bissau, viceministro de Salud bajo el régimen de Torrijos, Spadafora dejó su cargo para organizar y dirigir la brigada Victoriano Lorenzo, que, integrada por panameños, combatió contra la dictadura somocista.Su participación en la política panameña tras la muerte, del general Omar Torrijos alcanza sonada relevancia por sus contundentes y constantes denuncias públicas contra el general Manuel Antonio Noriega, comandante en jefe de las fuerzas armadas panameñas, a quien acusa de querer instaurar un régimen represivo en Panamá y de estar estrechamente vinculado al tráfico de drogas. Sus declaraciones le valieron amenazas de muerte de parte del G-2, que hoy, al verse consumadas, han hecho que su padre y familiares responsabilicen al general Noriega de tan horrendo crimen.

La indignación e incertidumbre de la ciudadanía panameña es tanto mayor por cuanto que la misma fue conmovida, hace escasamente tres semanas, por el secuestro del doctor Mauro Zúñiga, uno de los principales dirigentes de la Coordinadora Civilista Nacional (Cocina), agrupación de los profesionales de la medicina, maestros, profesores y estudiantes y otros grupos beligerantes del panorama político, que puso en jaque al Gobierno al frustrar, a finales de 1984, las férreas medidas impositivas que se quisieron poner en vigencia.

El doctor Zúñiga, también vicepresidente del Partido de Acción Popular (PAPO), fue secuestrado cuando regresaba de una gira por el interior del país. Mauro Zúñiga venía denunciando vehementemente los elevados gastos militares que pesan sobre el fisco nacional. Aunque sus captores le abandonaron gravemente herido horas después, persiste la certeza de testigos y amplios sectores de la opinión pública de que la acción fue obra del G-2 y marcaba el inicio de una campaña de represión en contra de grupos antimilitaristas y de oposición en general.

Terrorismo de Estado

Este incipiente terrorismo de Estado, las constantes agitaciones de obreros y de empleados del sector público, los titubeos del Gobierno de Ardito Barletta, el incremento de la represión policiaca y otros factores no presagiaban sino días aciagos para la sociedad panameña, inserta en el convulsionado istmo centroamericano, como ha venido a ser confirmado con el relevo de Barletta por Del Valle, en el cual aparece con nitidez la huella militar.

En efecto, el Estado panameño conoce una acuciante crisis social y económica que encuentra entre sus más trascendentes causas el excesivo endeudamiento externo y la creciente militarización del país a través del control de las principales instituciones y órganos del Estado. El 28% de la fuerza laboral está desempleada, lo que revela que 185.000 panameños se encuentran sin trabajo. El 55% del presupuesto del Gobierno central está destinado al pago de la deuda externa (una de las más altas per cápita a nivel mundial). Los gastos militares representan el 21% del mismo, mientras que sólo el 5,7%. se destina a salud, y el 15,7%, a educación.

Por otra parte, un reciente estudio de la Iglesia católica panameña revelaba que el 58,1% de las familias panameñas no satisface sus necesidades básicas y el 33% vive en extrema pobreza.

Hay que destacar también que el 49,3% de los niños menores de cinco años padece desnutrición y más de 170.000 panameños mayores de 10 años no saben leer ni escribir. Las cifras anteriores ilustran parte de la crítica problemática, la cual se agudiza por la política del Gobierno, que ejercer de abogado incondicional de las instituciones internacionales de crédito -Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional-, que buscan imponer mayores sacrificios a una población a la que, en lugar de pan y trabajo, se la intimida con la institucion aliz ación de la represión, silenciosa y selectiva la má de las veces, pero represión.

Circunstancias que no caben analizar en estos momentos hacen que Washington y Moscú, per también La Habana y Bogotá y va rios países de Europa, hagan coro con los militares panameños y su Gobierno, resultado de un escan daloso fraude electoral para ocul tar a la opinión pública internacional el calvario de un pueblo cuyo único privilegio hoy día es el de ver sus protestas y sufrimientos ahogados en un silencio ensordecedor

Panamá, permítasenos recordarlo, es algo más que un canal o una isla Contadora.