La crisis de Bolivia

LA SITUACIÓN en Bolivia ha dado un giro inesperado con la decisión del Gobierno presidido por Víctor Paz Estenssoro de responder con la implantación del estado de sitio al prolongado desafío de la Central Obrera Boliviana (COB). Un mes después de su acceso al Palacio Quemado, el líder histórico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ha confinado, además, en una pequeña localidad de la región selvática fronteriza con Brasil, a más de un millar de dirigentes sindicales, en la demostración más clara de que los tiempos de mano blanda de su antecesor, Hernán Siles Suazo, se han aca...

LA SITUACIÓN en Bolivia ha dado un giro inesperado con la decisión del Gobierno presidido por Víctor Paz Estenssoro de responder con la implantación del estado de sitio al prolongado desafío de la Central Obrera Boliviana (COB). Un mes después de su acceso al Palacio Quemado, el líder histórico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ha confinado, además, en una pequeña localidad de la región selvática fronteriza con Brasil, a más de un millar de dirigentes sindicales, en la demostración más clara de que los tiempos de mano blanda de su antecesor, Hernán Siles Suazo, se han acabado.La medida no puede dejar de preocupar por cuanto supone la vuelta a una política represiva después de tres años en los que Bolivia había sido ejemplo para América Latina en cuanto al respeto de los derechos humanos. El Gobierno esgrime en su defensa el derecho a garantizar el abastecimiento de productos básicos a la población, que se encontraba seriamente amenazado después de 15 días de huelga.

La detención de cientos de sindicalistas, aunque aparentemente se haya realizado sin mediar torturas ni agresiones de otro tipo, es una muestra alarmante de la incapacidad del Gobierno para presentar un proyecto político y económico nacional e integrador, incluso en un país como Bolivia, para el que siempre se utilizan parámetros más generosos al enjuiciar a sus líderes políticos. Es necesario, no obstante, recordar que fueron las presiones sindicales -justificadas, sin duda, por el hambre del pueblo, pero condicionadas también por los intereses personales y las guerras de clanes- las que dieron al traste con todos los intentos del Gobierno centroizquierdista de Siles Zuazo de salvar la economía de su país.

Paz Estenssoro, que no se quiere parecer a su viejo rival y antecesor en nada, tampoco ha querido tropezar en la misma piedra, y ha decidido actuar radicalmente. El actual presidente ha preferido enfrentarse a la COB con una política de dureza que elegir el camino de las componendas. Pero ello puede conllevar el peligro, ya insinuado, de una escalada acción-represión y amenazar no sólo a un Gobierno no muy consolidado, sino al mismo sistema democrático.

El fondo de la difícil situación boliviana sigue siendo la dramática crisis económica, de la que su mejor exponente es una inflación del 14.000%. El desencadenante del actual conflicto entre los sindicatos y el Gobierno de centro derecha es la aplicación de un programa económico que, de acuerdo con las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, bloquea los salarios y deja libres los precios, incluso los de productos básicos. Al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado su intención de pagar una deuda externa de cerca de 4.000 millones de dólares, que, aun siendo ridícula en comparación con las de otros países del continente, exige un esfuerzo descomunal a los bolivianos.

No es necesaria una gran sagacidad para afirmar que la democracia boliviana está viviendo días cruciales. El futuro del país está ahora en manos de diversos factores desestabilizadores tales como la previsible radicalización de las bases sindicales y el silencio preocupante de unas fuerzas armadas que nunca simpatizaron con el líder del MNR. Con todo, la larga historia política de Paz Estenssoro demuestra que nunca ha tomado decisiones de trascendencia sin tener los cabos bien atados. En esta ocasión, quizá el presidente se haya asegurado ya el respaldo de aquellos que simpatizan con su política económica y desean a la vez que los países que se comprometen públicamente a pagar su deuda externa gocen de sistemas políticos democráticos.