Una larga serie de irregularidades

F. O.La serie de irregularidades que, en opinión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se están produciendo en la Xunta de Galicia están relacionadas especialmente con la Dirección General de Transportes, si bien en algunos casos, aunque se refieren también a este sector, intervienen otras consejerías. Los supuestos casos de irregularidad que denuncian los diputados socialistas Fernando Martínez y Ceferino Díaz son los siguientes: No ejecución de sanciones. Según estos diputados, cuando un transportista comete una infracción, como la falta de tarjeta, documentación incorrecta o no util...

F. O.La serie de irregularidades que, en opinión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se están produciendo en la Xunta de Galicia están relacionadas especialmente con la Dirección General de Transportes, si bien en algunos casos, aunque se refieren también a este sector, intervienen otras consejerías. Los supuestos casos de irregularidad que denuncian los diputados socialistas Fernando Martínez y Ceferino Díaz son los siguientes: No ejecución de sanciones. Según estos diputados, cuando un transportista comete una infracción, como la falta de tarjeta, documentación incorrecta o no utilización de tacógrafos, la Xunta se limita a comunicar las sanciones, y si el infractor se niega a pagar, se archivan, ya que no tienen inspectores para ejecutar los apremios. Esto, en opinión de los diputados denunciantes, lo saben los grandes transportistas, que suelen esperar a que se acumulén las sanciones, que, al pasar cinco años, caducan.

Ley de Inspección y Sanciones. La Xunta, según Martínez y Díaz, no aplica la ley de Inspección y Sanciones del Transporte, y se basa ello en que la tiene recurrida ante el Tribunal Constitucionál. Un transportista que comete una infracción en León .está obligado a pagar una sanción de 40.000 pesetas, y si es reincidente por tercera vez, se le precinta. En Lugo, provincia limítrofe con León, las sanciones son de 5.000 pesetas y los infractores no corren el riesgo de que se precinten los vehículos, ya que no está vigente la ley estatal.

Protección de piratas. A juicio de estos dos diputadeis socialistas, la Xunta no hace nada para acabar con la piratería. Son frecuentes las denuncias por destinar vehículos de uso propio a servicios públicos, fundamentalmente agrícolas, y que se utilizan para trabajar en las empresas de construcción.

Manipulación de tarjetas. Siempre según los informantes, en Galicia se siguen realizando viajes, incluso a países de Europa, careciendo los autobuses de tarjetas (autorización administrativa para efectuar el transporte).

Básculas de pesaje. En opinión de Díaz y Martínez, la Xunta mantiene inutilizadas las básculas que le transfirió el Estado en 1982 para no controlar el transporte de mercancías.

Inspección técnica de vehículos. No existen instalaciones adecuadas de vehículos, sino talleres, en su mayor parte homologados, que muchas veces pertenecen a los propietarios de los vehículos.

Tarifa de transportes urbanos. La Xunta autoriza sistemáticamente las peticiones de incremento de las tarifas de los transportes urbanos que solicitan las compañías concesionarias, a pesar de los rechazos de los ayuntamientos.

Concesiones. La Xunta está dando concesiones definitivas de transportes sin comprobar si se realizan o no y si las empresas concesionarias cumplen las condiciones necesarias.