Industria y las empresas del sector firmaron ayer el protocolo del gas

El ministro de Industria, Juan Majó, y los máximos responsables de las empresas, tanto públicas como privadas, de distribución firmaron ayer el protocolo del gas. Joan Majó aseguró que la firma de este protocolo supone "una unánime voluntad de incrementar la participación de gas en el consumo energético nacional". Asimismo, el ministro de Industria señaló la importancia que van a tener para la reactivación del sector de bienes de equipo la puesta en marcha de las importantes inversiones que se contemplan en el protocolo "y que en el caso de Enagas", afirmó Juan Majó, "se aproximan a los 120.00...

El ministro de Industria, Juan Majó, y los máximos responsables de las empresas, tanto públicas como privadas, de distribución firmaron ayer el protocolo del gas. Joan Majó aseguró que la firma de este protocolo supone "una unánime voluntad de incrementar la participación de gas en el consumo energético nacional". Asimismo, el ministro de Industria señaló la importancia que van a tener para la reactivación del sector de bienes de equipo la puesta en marcha de las importantes inversiones que se contemplan en el protocolo "y que en el caso de Enagas", afirmó Juan Majó, "se aproximan a los 120.000 millones de pesetas".Por su parte, Carmen Mestre, directora general de la Energía, explicó que el objetivo básico de este protocolo es que se cumplan las previsiones de aumentar el consumo del gas -la nueva política gasística contempla un consumo del orden del 6,6% de la energía primaria en el horizonte de 1990-, que está relacionado con los compromisos adquiridos en Argelia.

La directora general de la Energía dijo que, para animar a las empresas a invertir, "el protocolo contempla que las tarifas de gas sean competitivas respecto a las energías que sustituya". Con el protocolo se incentivarán los márgenes comerciales de modo que se beneficien las empresas que más vendan, capten más abonados o inviertan más.

El protocolo contempla también medidas sancionadoras en caso de que las empresas no cumplan sus compromisos. Así, las empresas tendrán que pagar obligatoriamente el 80% del gas, cuya venta hayan previsto, con independencia de que dicha venta se produzca o no. Esta cifra podría rebajarse en el supuesto de que alguna de las industrias consumidoras cerrase o si la empresa distribuidora se compromete a participar en el transporte del gas.