El fiscal considera que un concurso de traslado de maestros convocado por la Generalitat vulnera la Constitución

El fiscal de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Provincial de Barcelona, Agustín Fontcuberta, consideró ayer que el concurso de traslado de maestros del año 1984, convocado por la Generalitat, es discriminatorio para un colectivo de 15 enseñantes residentes en Cataluña que no pudieron obtener una plaza en propiedad por desconocer la lengua catalana. La tesis del fiscal coincide con la sostenida por el letrado de los recurrentes en la apreciación de que se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución y, por tanto, uno de los derechos fundamentales de la persona....

El fiscal de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Provincial de Barcelona, Agustín Fontcuberta, consideró ayer que el concurso de traslado de maestros del año 1984, convocado por la Generalitat, es discriminatorio para un colectivo de 15 enseñantes residentes en Cataluña que no pudieron obtener una plaza en propiedad por desconocer la lengua catalana. La tesis del fiscal coincide con la sostenida por el letrado de los recurrentes en la apreciación de que se ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución y, por tanto, uno de los derechos fundamentales de la persona.

Los hechos vistos en el recurso de ayer se refieren al concurso de traslado convocado el 9 de diciembre de 1983 por la Generalitat, por el que se exigía a los maestros residentes en Cataluña el conocimiento del catalán para optar a una plaza en propiedad en alguna localidad de la Comunidad Autónoma. La Generalitat desestimó las peticiones de plaza definitiva de estos maestros por no reunir aquel requisito. Estos maestros se han mantenido desde entonces en plazas provisionales, dentro de Cataluña, pero sin poder acumular puntos para optar a concursos de traslado.Fuentes jurídicas que apoyan el proceso de normalización lingüística, consultadas por este diario, apuntaron la posibilidad de que existan defectos formales y algunos errores que provoquen contradicciones entre leyes y normas vigentes.

El fiscal señaló que "nadie puede poner en duda que la Generalitat tiene competencias para ordenar la enseñanza en Cataluña", pero consideró que estos maestros fueron discriminados en relación con sus compañeros de otras Comunidades Autónomas a los que la normativa estatal no les exige el conocimiento del catalán para poder optar a una plaza en propiedad en Cataluña. El fiscal entiende que ello conculca el artículo 14 de la Constitución, que dice: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación en razón de nacimiento, sexo, edad, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social".

En su alegación, el fiscal afirmó que el conocimiento del catalán puede ser considerado como un mérito para sumar una mayor puntuación en un concurso, pero no como un demérito que reste posibilidades ante otros concursantes en la misma situación.

El letrado defensor de los 15 maestros, Esteban Gómez Rovira, significado por su actitud respecto a este tema, fundamentó su recurso en la vulneración de derechos fundamentales de la persona contemplados en los artículos 14, 19 y 27 de la Constitución, los dos últimos referidos al derecho de elección de residencia y al derecho de todos a la educación. Sobre el artículo 19, Gómez Rovira afirmó que la normativa de la Generalitat supone "una forma indirecta de obligar a marchar de Cataluña al que no pase las pruebas". El letrado sostuvo también que el artículo 27 ampara "el derecho a recibir la educación en castellano".

Según el representante de los recurrentes, la Generalitat ha justificado la elaboración de su normativa sin referirse para nada a la Constitución, ni al Estatuto de Autonomía. En este sentido, citó la disposición transitoria sexta, punto quinto de éste, que señala que a los funcionarios del Estado traspasados a la Generalitat les serán respetados "los derechos de cualquier orden, incluido el de tomar parte en los concursos de traslado que convoque el Estado en igualdad de condiciones con otros miembros de su cuerpo".

Gómez Rovira planteó también ante el tribunal que la presunta vulneración de los derechos fundamentales podría haberse realizado por procedimiento delictivo. La denuncia se fundamenta en la afirmación de los maestros de que el Departamento de Enseñanza manipuló sus instancias antes de remitirlas a Madrid, tachando la solicitud de plaza en localidades catalanas o sustituyéndolas por otras nuevas, sin conocimiento de los afectados. El abogado ha presentado por ello una querella contra la directora general de Enseñanza Básica de la Generalitat Sara Blasi.

Gómez Rovira ya consiguió el pasado mes de marzo que la sala Segunda de lo Contencioso de esta misma Audiencia anulara algunos artículos del decreto y la orden que desarrollan la ley de la lengua en el ámbito de la enseñanza no universitaria. También consiguió que el Ministerio de Educación le indemnizara con 600.000 pesetas por haber tenido que sacar a sus hijos de un instituto en el que se enseñaba solamente en catalán.

Defensa de la Generalitat

Frente a los argumentos de la parte recurrente y del fiscal, el abogado del Estado Albert Raventós, que actuaba en representación de la Generalitat, negó que se conculcara ninguna artículo de la Constitución. Sobre el 27, relativo al derecho a la educación, señaló que los maestros no pueden esgrimirlo por no ser receptores de la educación y afirmó que los alumnos catalanes tienen derecho a conocer el catalán, a través de maestros que dominen el idioma.

En relación con el artículo 14, Raventós sostuvo que no ha existido discriminación ya que a los maestros procedentes de otras partes del Estado que adquieren plaza en Cataluña se les exige que, en el plazo de cuatro años, demuestren haber adquirido los conocimientos de catalán establecidos en la normativa.

Algunos de los maestros recurrentes se mostraron, tras la vista, contrarios "a cualquier politización del tema" y afirmaron que están dispuestos a aprender el catalán en un plazo razonable pero que "la Generalitat está obstinada en no conceder facilidades".

La misma sala verá hoy otro recurso presentado por 43 maestros contra la orden de 18 de diciembre de 1984 -posterior al concurso de traslado antes citado-, en la que se exige el dominio del catalán para quienes opten a plazas vacantes en Cataluña.