209 ultramarinos, multados por el Ayuntamiento por incumplir las normas sanitarias

Un total de 209 establecimientos madrileños de ultramarinos han sido sancionados por no adecuarse a la reglamentación técnico-sanitaria del comercio minorista de alimentación, tras una inspección realizada en 942 de estos establecimientos por funcionarios del área municipal de Abastos y Consumo durante los pasados meses de febrero y abril. Por otra parte, la Comunidad de Madrid informa que una treintena de oficinas bancarias de la capital pueden ser sancionadas por incumplir normas del Banco de España.

La cuantía de cada una de las sanciones impuestas a los ultra marinos es de 25.000 pe...

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Un total de 209 establecimientos madrileños de ultramarinos han sido sancionados por no adecuarse a la reglamentación técnico-sanitaria del comercio minorista de alimentación, tras una inspección realizada en 942 de estos establecimientos por funcionarios del área municipal de Abastos y Consumo durante los pasados meses de febrero y abril. Por otra parte, la Comunidad de Madrid informa que una treintena de oficinas bancarias de la capital pueden ser sancionadas por incumplir normas del Banco de España.

La cuantía de cada una de las sanciones impuestas a los ultra marinos es de 25.000 pesetas. El mayor número de ellas, el 45,8%, se ha impuesto por tratamiento inadecuado de artículos perecederos o congelados. Los inspectores descubrieron cadenas de frío fuera de funcionamiento desde hacía tiempo y ventas de productos caducados. Un 22,9% de las multas fue cáusado por prácticas comerciales prohibidas, tales como falta de precios, errores en el etiquetado y fraude en el peso.La falta de licencias de apertura o venta de artículos no amparados por licencia motivó el 20,2% de las sanciones. Un 6,6% fue por venta de productos tóxicos o mezcla de productos de alimentación y droguería, y un 2,6%, por presencia de animales en el establecimiento.

Al informar ayer de estas 209 sanciones a ultramarinos, el Ayuntamiento puso de relieve que muchos comerciantes desconocen la reglamentación técnico-sanitaria de su sector, y también señaló que la mayoría de ellos ha mostrado su voluntad de corregir las deficiencias manifestadas por los inspectores municipales.

La campaña de inspección se desarrolló en dos fases, con un período intermedio de varias semanas para que los establecimientos pudieran corregir deficiencias que en la primera visita no se consideraban objeto de sanción inmediata. De los 456 locales advertidos en la primera fase de la campaña, sólo 65 fueron sancionados en la segunda vuelta; el resto aplicó medidas correctoras.

Bancos expedientados

Por otra parte, una treintena de sucursales bancarias de Madrid pueden ser sancionadas a causa de una inspección realizada por el Servicio de Consumo de la Comunidad de Madrid, según informaron ayer fuentes del Gobierno autónomo. Las oficinas bancarias expedientadas han infringido presuntamente normas dictadas por el Banco de España y publicadas el 27 de febrero de 1981 en el BOE.La inspección se llevó a cabo después de que la mayoría de las entidades bancarias ahora expedientadas no contestara a una notificación que les remitió la Consejería de Trabajo, Industria y Comercio, en la que se les solicitaban datos acerca de tipos de interés, comisiones y tarifas que estaban aplicando. La notificación fue enviada a 26 entidades bancarias, de las que sólo respondieron nueve. De estas nueve, sólo tres remitieron los datos solicitados; el resto mandó informaciones parciales.

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Las irregularidades encontradas por los inspectores de la Comunidad son, entre otras, que la mayoría de entidades desconocía en qué fecha cómunicaron al Banco de España la última subida de tarifas; un tercio de ellas carecía de folletos a disposición del público sobre los precios de las operaciones más habituales; en algunos casos no se exhibía un cartel en lugar bien visible con los tipos de interés para operaciones de descuento, por descubiertos en cuenta corriente y excedidos en cuenta.

La Comunidad ha informado asimismo que se produjeron casos de obstrucción a la actividad inspectora. Algunos inspectores fueron enpulsados de las oficinas visitadas.

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