Querella contra el presidente de la asociación de bares de Zaragoza
Antonio Plato, presidente de la asociación de empresarios de cafés, bares y similares de la provincia de Zaragoza, que a su vez es presidente del sector a nivel nacional, no compareció ayer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de esta capital, donde había sido citado para declarar en relación con la querella presentada contra él por una comisión investigadora a causa de supuestas irregularidades financieras en la citada asociación. Antonio Plato ha sido citado para otro día.El presidente de los empresarios de bares rechaza las acusaciones y asegura que no atenderá otras razones que una audi...
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Antonio Plato, presidente de la asociación de empresarios de cafés, bares y similares de la provincia de Zaragoza, que a su vez es presidente del sector a nivel nacional, no compareció ayer ante el Juzgado de Instrucción número 4 de esta capital, donde había sido citado para declarar en relación con la querella presentada contra él por una comisión investigadora a causa de supuestas irregularidades financieras en la citada asociación. Antonio Plato ha sido citado para otro día.El presidente de los empresarios de bares rechaza las acusaciones y asegura que no atenderá otras razones que una auditoría encargada de esclarecer la situación contable y financiera de la asociación.
Plato ha sido acusado por un grupo de asociados de los presuntos delitos de "falsedad, apropiación indebida y estafa" por unos cuatro millones de pesetas. Las irregularidades se remontan a los tres últimos años y afectan también a los seis miembros de la junta directiva por gastos de representación y desplazamientos no justificados debidamente, según la opinión de los denunciantes.
Asimismo, se cuestiona el trasvase de unos tres millones de pesetas de los fondos de la asociación a otra sociedad de la que es, a su vez, presidente Antonio Plato.
Plato afirma que se trata de una operación de un sector de la asociación provincial que pretende desposeerlo del cargo. Los presuntos delitos denunciados afectan directamente, según la comisión investigadora, a unos 1.200 industriales de Zaragoza y provincia.