Barón anuncia en el Senado que enviará al fiscal las declaraciones de los controladores aéreos

El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón, decidió ayer enviar al riscal general de¡ Estado un informe con las manifestaciones efectuadas, y recogidas por la Prensa, durante los últimos meses y en los primeros días del actual, por un sector de controladores aéreos por si hubieran incurrido en ilicitud penaL Barón considera que la difusión de ciertos datos en el interior y exterior de España -"que aparecen en su mayoría tergiversados, deformados e incluso falseados"- causa daño al transporte aéreo, al turismo, al prestigio de España y, al buen nombre del país.

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El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Enrique Barón, decidió ayer enviar al riscal general de¡ Estado un informe con las manifestaciones efectuadas, y recogidas por la Prensa, durante los últimos meses y en los primeros días del actual, por un sector de controladores aéreos por si hubieran incurrido en ilicitud penaL Barón considera que la difusión de ciertos datos en el interior y exterior de España -"que aparecen en su mayoría tergiversados, deformados e incluso falseados"- causa daño al transporte aéreo, al turismo, al prestigio de España y, al buen nombre del país.

El titular de Transportes, a preguntas del Grupo Popular en el Senado, afirmó que la seguridad del transporte aéreo en España alcanza un nivel óptimo y acusó a unas "minorías irresponsables de echar barro sobre su propia casa", dijo Barón textualmente.El escrito que acompaña al informe recopilado por el Ministerio de Transportes dirigido al Fiscal General del Estado, Luis Burón Barba, lleva la firma del director general de Aviación Civil, y recoge todas las informaciones de Prensa aparecidas en los últimos meses y protagonizadas por sectores de profesionales de la navegación aérea. Aunque en tal escrito no se cita a ningún colectivo en concreto, esta acción es respuesta a las manifestaciones últimas de la Asociación Regional Centro de Controladores Aéreos (ARCCA), en el sentido de que el espacio aéreo español carecía de la necesaria seguridad. Este periódico, no obstante, ha sabido que, previsiblemente, en los próximos días desde Transportes se instará al fiscal para que estudie las manifestaciones realizadas por el sector de pilotos que viene regularmente enfrentandose con el ministerio que dirige Enrique Barón.

El ministro expresó ayer en los pasillos del Senado su convicción de que Ipodría existir ilicitud penal en las declaraciones de los últimos días efectuadas por los controladores, según los artículos 131, 132, 240, 244 y 245 del Código Penal. Éstos responden básicamente a imputaciones calumniosas, veladas amenazas a la autoridad, supuestos de desacato y menosprecio a la autoridad. Barón afirmó que se estaba asistiendo a una. ofensiva que el Gobierno no podía tolerar. "El presidente Reagan ante una amenaza de huelga de los controladores no dudé, en echar a la calle a 13.000 de ellos", dijo el ministro, quien no obstante descartó medidas de este tipo y se mostró respetuoso con la libertad de expresión.

En el escrito remitido a la fiscalía, la Dirección General de Aviación Civil, en contraposición a los datos que difunden ciertos colectivos profesionales, cita a organismos aeronáuticos extranjeros para concluir que: "las instalaciones aeronáuticas españolas cumplen perfectamente o son superiores a las estándares internacionales".

Respecto a la instalación aérea de Madrid, puesta en tela de juicio por ARCCA, la carta al fiscal contiene diversos párrafos de las conclusiones alcanzadas por la comisión de encuesta -"con participación internacional"- que analizó las causas del accidente de dos aviones en noviembre de 1983 en Barajas para señalar que las ayudas a la navegación funcionaron correctamente de acuerdo con las comprobaciones realizadas.

El ministro de Transportes, Turismo Comunicaciones en respuesta al senador popular Ángel Guimerá Gil, sobre la seguridad del aeropuerto de Madrid, acusó a un sector de controladores de anunciar una huelga salvaje en la que subyacía una reivindicación salarial.