El Grupo Popular califica de inconstitucional la reforma
El poder no ha sentido desplazamiento alguno tras los dos procesos electorales de las cajas de ahorro en 1978 y 1982". Lo decía ayer tarde ante el pleno del Congreso de Diputados el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, al defender el proyecto reformador de los órganos rectores de las cajas, contra las enmiendas a la totalidad que presentó toda la oposición. Mientras, el Grupo Popular atribuyó inconstitucionalidad al texto y se limitó a pedir su devolución al Gobierno, idea a la que se adhirió UCD, la Minoría Catalana. Los comunistas presentaron textos alternativos. Todas las alternat...
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El poder no ha sentido desplazamiento alguno tras los dos procesos electorales de las cajas de ahorro en 1978 y 1982". Lo decía ayer tarde ante el pleno del Congreso de Diputados el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, al defender el proyecto reformador de los órganos rectores de las cajas, contra las enmiendas a la totalidad que presentó toda la oposición. Mientras, el Grupo Popular atribuyó inconstitucionalidad al texto y se limitó a pedir su devolución al Gobierno, idea a la que se adhirió UCD, la Minoría Catalana. Los comunistas presentaron textos alternativos. Todas las alternativas, sin éxito.Miguel Boyer defendió el proyecto a través de tres objetivos: adecuar las cajas a la nueva regulación territorial del Estado, terminar el proceso de democratización de sus órganos rectores y profesionalizar las direcciones, que manejan el 35% del ahorro nacional. Dijo que, pese a las mejoras introducidas por decreto a finales de 1977, la irregularidad con que se han aplicado ha favorecido que sólo hayan sido renovadas el 13% de las personalidades, el 55,7% de los impositores y el 56% de los delegados de personal, los tres sectores que verán disminuida su presencia.
El último proyecto del Gobierno introduce en todas las cajas una representación del 40% para las corporaciones locales, otorga otro 11 % a las entidades fundadoras (sumada a la primera dará el 51% en las 35 cajas de patronato público) y baja la representación de impositores y personal al 44% y 5%, respectivamente.
Por el Grupo Popular, Fernando Suárez pidió la devolución del texto al Gobierno, sin proponer otro alternativo, y lo consideró inconstitucional por invadir competencias reservadas como exclusivas a las comunidades autónomas, también sin anunciar recurso ante el Tribunal Constitucional. "Más que profesionalizar las cajas se trata de convertir a algunos políticos en profesionales de las cajas", dijo el diputado conservador.
El socialista Abel Caballero le replicó que, como no ha cambiado la configuración del poder, quieren mantener la situación de 1977.