Euskadi como problema

El enunciado Euskadi como problema puede servir para hilvanar unas reflexiones precipitadas. Convengamos de salida que con el neologismo Euskadi se intentaba precisamente ayudar a resolver un problema, el de la inexístencia, por razones de un desarrollo histórico diverso, de un solo término generalizado e indiscutido para designar a esa porción de territorio pirenaico y cantábrico que al finalizar el siglo pasado, e incluso en nuestros días, ha recibido nombres variados como Vasconia, País Vascongado, Pays Basque, País Vasco, Euskeria. Podía haber optado Sabino Arana, su creador, por afianzar ...

El enunciado Euskadi como problema puede servir para hilvanar unas reflexiones precipitadas. Convengamos de salida que con el neologismo Euskadi se intentaba precisamente ayudar a resolver un problema, el de la inexístencia, por razones de un desarrollo histórico diverso, de un solo término generalizado e indiscutido para designar a esa porción de territorio pirenaico y cantábrico que al finalizar el siglo pasado, e incluso en nuestros días, ha recibido nombres variados como Vasconia, País Vascongado, Pays Basque, País Vasco, Euskeria. Podía haber optado Sabino Arana, su creador, por afianzar el nombre autóctono vigente desde hace varios siglos de Euskal Herria, que valía tanto para designar a la comunidad de vascohablantes como al conjunto de territorios habitados por poblaciones que en el pasado poseyeron mayoritariamente la lengua vasca. En cualquier caso, lo que el padre del término quiso subrayar es que la nacionalidad está constituida por la poblaciónde las siete -o seis- provincias hablaran o no la lengua específica de los territorios.

A lo largo del siglo transcurrido han ido aflorando las principales dificultades de realización del proyecto político expresado con el término Euskadi: entre ellos el modelo cultural, del que no me ocupo ahora, la relación con el Estado y, sobre todo, la territorialidad. Concretando más y dejando de lado, por obvias razones, la cuestión del País Vasco francés, cabe considerar el tema vasco como un problema fundamentalmente español; en tal caso, referirse a la territorialidad es tanto como hablar de Navarra.

Durante la transición y hasta 1980 el nacionalismo vasco democrático dispuso de una política para abordar el problema de la territorialidad. Se promovió

en primer lugar el Frente Autonómico, que pretendía operar en el campo electoral y en el ámbito parlamentario. El Frente no fue suficiente en Navarra, pero permitió dejar definitivamente zanjado el contencioso al alavés para el que la derecha estatal quería una solución foral. En cualquier caso, a pesar de la frialdad y hasta el abandono del PSOE de los compromisos contraídos, el Frente Autonómico mostró su virtualidad en la negociación de un texto de régimen preautonómico, en el que Navarra figuraba como socio invitado, posibilidad que se trasladó a la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Apoyándose en ambos textos, singularmente en el constitucional, el Estatuto de Guernica vigente contiene una fórmulación abierta.

Así las cosas, podemos preguntarnos por la razón por la que hoy, en 1985, el nacionalismo vasco democrático carece de una política realista de mínimos respecto de la cuestión navarra. Una explicación suficiente de este déficit quizá ayudara a entender una de las más originales crisis de Gobierno vividas durante la transición.

Hemos leído y escuchado, sin embargo, que la cuestión navarra tenia mucho que ver con las soluciones organizativas que contiene la ley de Territorios Históricos (LTH), e incluso que guarda relación con el reverdecimiento de la ideología foralista o neoforalista acaecido en estos últimos años. Es evidente que la propia naturaleza del concierto económico condiciona fuertemente unas u otras soluciones, si bien admite un espectro amplio de posibilidades. Sorprenden, sin embargo, defensas de las soluciones fueristas apoyadas en el argumento de que resistirían mejor una involución autoritaria, como si un régimen dictatorial que suprímera la Generalitat fuese a respetar las instituciones vascas por muy forales que sean. Son difícilmente invocables los ejemplos del convenio navarro y del concierto alavés de la época del general Franco, por cuanto los amigos de pronunciamientos hace tiempo- que saben que en Navarra y Alava ha pasado el tiempo de leventar tercios de requetés ganadores de cruzadas. Desde hace casi 50 años la causa de la libertad y de la autonomía del País Vasco como conjunto está ligada a la existencia de la democracia en España.

En la polémica habida en estos últimos tiempos hemos escuchado el argumento de que hay que potenciar las provincias, los territorios históricos, porque conviene igualar al máximo el poder provincial de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y el status autonómica Pasa a la página 10

Viene de la página 9 de que dispone Navarra, pensando en remover obstáculos a una futura integración. Resulta cada vez más evidente que si a medio plazo cristaliza algún género de articulación, no va a ser propiamente una integración de cuatro provincias, sino un entendimiento de dos bloques comunitarios. No faltan motivos para pensar que la disminución de la capacidad de obrar de los órganos comunes de gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca puede añadir nuevas dificultades a la ya difícil entente institucional entre la Vasconia oriental y occidental. En cualquier caso, por más que se refuerce e incremente el poder de las diputaciones forales, dificilmente se puede llegar al nivel autonómico provincial que reconoce a Navarra el Amejoramiento, y se corre el riesgo de ir diluyendo la comunidad autónoma en una estructura de mancomunidad.

Al margen del papel que se asigne a la cuestión navarra en la querella interna de la distribución del poder en la comunidad autónoma, la política practicada en los últimos años ha ido desinflando el globo del proyecto nacional en su dimensión territorial hasta dejarlo sin gota de aire. Desde la pretensión de la autonomía conjunta de las cuatro provincias, que reivindicaba el Frente Autonómico protagonizado por el PNV y el PSOE, se ha dado el salto a un pacto de legislatura en la Comunidad Autónoma Vasca, suscrito por ambos partidos -mayoritario uno en Vasconia occidental, en la oriental el otro-, en el que no se contiene ni una sola alusión a Navarra.

Entiéndase, ninguna alusión a la mera voluntad política de llevar a cabo lo mínimo posible, es decir, los convenios específicos de cooperación intercomunitaría que están contemplados tanto en el Estatuto de Guernica como en el Amejoramiento navarro. Al hacer conjeturas sobre la omisión resulta que, como no es admisible la explicación del simple olvido, habrá que excusar el silencio en la imposibilidad de repetir el pacto de la legislatura en

el Parlamento de Navarra, por cuanto habría que contar con los tres parlamentarios que se hallan arrojados en las tinieblas exteriores. No olvidemos que fueron sancionados por defender para Navarra hace uno y dos años lo mismo que hoy bendice y pacta en la comunidad autónoma. ¿Sería éste un ejemplo antológico de manual de sociología política de que no siempre coinciden los intereses de partidos nacionalitarios, de poder en los partidos, y los intereses de país?

Aceptamos que el Frente Autonómico naufragó por falta de condiciones políticas y que no se podía considerar por imprecisa e inmadura la propuesta (le Consejo-Vasco-Navarro que sugirió el PSOE, que quería resolver un problema pendiente al tiempo que lavaba su mala conciencia por el abandono de sus compromisos del Frente Autonómico. Lo que algunos nos preguntamos es si era tan difícil intentar la negociación de algunos convenios de colaboración que no son otra cosa, insistimos, que puro desarrollo de lo previsto en el Estatuto y el Amejoramiento. Resulta especialmente chocante que mientras se margina la por tantos conceptos enojosa cuestión navarra, se proclama la no renuncia a la voluntad estratégica de independencia y autodeterminación... con Navarra incluida, naturalmente. La peculiaridad de las reacciones suscitadas hace temer que tales declaraciones forman parte de un repertorio de gestos retóricos compensatorios, sobreentendidos, por implicaciones en una crisis de Gobierno que quizá no es tan doméstica como se nos quiere hacer ver, y que el país tiene que asumir.

Hablamos de la marginación del nacionalismo democrático en Navarra, de la renuncia de facto a un proyecto nacional posibilista, es decir, de amplia autonomía y, en la medida de lo posible, de autonomía conjunta. En relación con esta cuestión se ha pretendido entre nosotros que reformular el nacionalismo vasco en términos fueristas viene a ser una especie de despliegue- natural de las tesis constitutivas de una doctrina nacionalista originaria y (le carácter inmutable. Aun admitiendo que no hay otra fuente de inspiración y de creación de pensamiento nacional vasco que la doctrina de Sabino Arana, lo que es mucho admitir, cualquier mediano conocedor de la obra del líder de Abando sabe de sus inevitables contradicciones y de las diversas fundamentaciones e interpretaciones que posee tal doctrina. La fuerista, incluida la versión de la soberanía originaria, no es la que tiene las mayores posibilidades.

Lo que es indudable es que las propuestas fueristas orientan en un sentido determinado la respuesta a un antiguo problema del nacionalismo, el problema de con quién hay que aliarse en el Estado. La derecha estatal ha visto con menos recelos -puede llegar a la complacencia cuando no hay más remedio- a un nacionalismo vasco que se plantea en términos políticos que nos vinculan con el antiguo régimen. La sorpresa se produce cuando también el PSOE descubre las virtualidades de una doctrina, que nos aproxima al lema y al proyecto que defendían mis parientes y paisanos en Peña Lemona y en Bizkargui: "Dios, patria, fueros y rey". El tiempo resolverá la duda de si la gallina pone el huevo donde canta.