Plan desestabilizador de la ultraizquierda, según el Gobierno boliviano
El Gobierno boliviano denunció ayer un plan de la ultraizquierda para frustrar las elecciones generales que se celebrarán dentro de tres meses y en las que se prevé la victoria de la derecha y provocar "una violenta caída del Gobierno del presidente Hernán Sues Zuazo". La denuncia oficial llega en una coyuntura que no puede ser más difícil. La algobiante crisis económica está colocando a los bolivianos al borde de la desesperación, mientras el malestar social y los antagonismos políticos reflejan un clima de caos y desconcierto.
Según las denuncias gubernamentales, el plan estaba inspir...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Gobierno boliviano denunció ayer un plan de la ultraizquierda para frustrar las elecciones generales que se celebrarán dentro de tres meses y en las que se prevé la victoria de la derecha y provocar "una violenta caída del Gobierno del presidente Hernán Sues Zuazo". La denuncia oficial llega en una coyuntura que no puede ser más difícil. La algobiante crisis económica está colocando a los bolivianos al borde de la desesperación, mientras el malestar social y los antagonismos políticos reflejan un clima de caos y desconcierto.
Según las denuncias gubernamentales, el plan estaba inspirado por grupos trotskistas y anarco sindicalistas cobijados en el seno de la Central Obrera Boliviana (COB), que en una primera fase fracasaron en su intento de "tomar el Estado por dentro" a través de la ocupación de puntos estratégicos del aparato estatal.Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno a principios de este mes, en un intento por frenar la espiral inflacionaria, que en 1984 llegó al 2.000%, fueron totalmente rechazadas y se produjeron expresiones de descontento ya no sólo a través del desarrollo de paros y huelgas, sino también con tomas de rehenes, intervenciones de fábricas y de oficinas estatales y marchas callejeras que degeneraron en enfrentamientos con la policía.
La denuncia gubernamental se produjo como reacción inmediata a una solicitud de renuncia del presidente Siles formulada por trabajadores de un distrito minero, el de Huanuni, principal productor de estaño, al que se sumarían los aproximadamente 60.000 trabajadores de la minería nacionalizada.
La solicitud, que representó un duro golpe para el Gobierno, huérfano de todo apoyo, sorprendió a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y a la COB. La organización se apresuró a controlar la reacción de sus afiliados, a causa de la inoperancia gubernamental en la provisión de alimentos y la solución de los graves problemas a los que se enfrenta la empresa minera estatal, y decidió "centralizar" todos los planteamientos que- se dieran en este sentido a fin de adoptar una posición comunitaria.
La Federación de Mineros tiene decisiva influencia en el resto del sindicalismo boliviano, y su posición ha sido hasta ahora generalmente apoyada por la clase trabajadora.
El ministro de Defensa, Manuel Cárdenas, advirtió en una declaración pública que "si la policía es rebasada por el clima de provocación, las fuerzas armadas tomarán las medidas preventivas en los sectores estratégicos y productivos para mantener el orden interno y la soberanía del país".
Cárdenas reiteró la lealtad de las fuerzas armadas al proceso democrático e hizo hincapié en que "sería un suicidio institucional cualquier intento de interrumpir la precaria vida democrática boliviana".
Mientras tanto, en los distritos mineros se discute hoy en torno a las marchas que tienen previsto realizar hasta la sede del Gobierno para reclamar mejoras económicas y cambios en el poder ejecutivo boliviano. El presidente Siles viajará hoy a Montevideo, siempre y cuando las condiciones internas del país lo permitan.