El Gobierno estudia un nuevo ITE para el comercio al por menor

, La introducción de una tasa de equivalencia que sustituye al inipuesto sobre el valor añadido (IVA) en su aplicación a la fase minorista, la elevación en uno o dos puntos de los tres tipos impositivos previstos inicialmente en el anteproyecto de ley del IVA y la práctica renuncia a la introducción este año de una ley de adaptación del impuesto de tráfico de empresas al IVA son las correcciones más sustanciales que podría introducir el Gobierno en su último proyecto de regulación del nuevo impuesto.

Estas posibles modificaciones, anunciadas apenas 10 días antes del inicio de la tra...

, La introducción de una tasa de equivalencia que sustituye al inipuesto sobre el valor añadido (IVA) en su aplicación a la fase minorista, la elevación en uno o dos puntos de los tres tipos impositivos previstos inicialmente en el anteproyecto de ley del IVA y la práctica renuncia a la introducción este año de una ley de adaptación del impuesto de tráfico de empresas al IVA son las correcciones más sustanciales que podría introducir el Gobierno en su último proyecto de regulación del nuevo impuesto.

Estas posibles modificaciones, anunciadas apenas 10 días antes del inicio de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, fueron hechas públicas por el secretario de Estado y por el secretario general de Hacienda, José Borrell y Juan Francisco Martín Seco, respectivamente.

La creación de una tasa de equivalencia, que sin duda constituye la mayor y más importante novedad, significa eliminar la aplicación del IVA en su última fase (la de minoristas), sustituyendo el impuesto a efectos recaudatorios por una tasa de cuantía similar. La determinación previa de esta cuantía equivalente y la atribución a los mayoristas de labores recaudadoras que corresponden a Hacienda son los principales problemas que plantea esta nueva fórmula. Los empresarios se oponen en principio a extender las retenciones a los minoristas.

Mantener la recaudación

Para Hacienda, la tasa de equivalencia, que incluso podría tener un carácter transitorio durante los primeros años de implantación del IVA, no significa mermas sensibles en la recaudación o en el control de los contribuyentes. Por el contrario, la introducción de la tasa de equivalencia simplificaría de forma sustancial para Hacienda la gestión del IVA (se evitaría todo el papeleo del inmenso colectivo de minoristas) y evitaría al pequeño comerciante el trastorno de tener que llevar una contabilidad detallada y puntual.

La introducción de la tasa de equivalencia no es otra cosa que interrumpir el proceso continuo de imposición que es el IVA (desde la generación de un bien o un servicio hasta el consumidor final) en la fase de mayorista, y conservar el tradicional impuesto de tráfico de empresas, con otro nombre, para el eslabón último de la distribución.

Otra importante corrección sobre el proyecto del IVA que se daba como definitivo es la referida a los tipos. Seguirá habiendo tres: reducido, normal y elevado; pero se incrementarán todos en dos puntos. El tipo normal será del 13 % (en vez del 11 %); el reducido, del 8% (en vez del 6%), y el superior, del 35% (en vez del 33%). En este último, que corresponde a bienes y servicios gravados hasta ahora por el impuesto de lujo, se reconsiderará la clasificación que se ha hecho de algunos productos concretos, como televisores en color o vídeos.

La elevación de los tipos impositivos previstos inicialmente se justifica en razones recaudatorias. Con el IVA deben recaudarse 1,6 billones de pesetas en 1986, y cada punto de incremento en los tipos de este impuesto equivale a un aumento de 100.000 millones de pesetas en la recaudación de Hacienda. Los empresarios, especialmente los exportadores, no se oponen a estos incrementos de los tipos del IVA, siempre que vayan acompañados de descensos equivalentes en las cotizaciones a la Seguridad Social. Es una postura lógica, ya que los exportadores recuperan el IVA pagado al facturar al exterior, pero en la Seguridad Social no hay devoluciones.

Empresarios y Administración coinciden en oponerse a un reparto de la gestión del IVA éntre el Gobierno central y las autonomías, y la banca pretende que se le aplique el IVA y no un impuesto especial.