La negociación sobre Gibraltar
HACE POCAS horas, la plena normalización del tránsito de viajeros y de la circulación de mercancías entre España y Gibraltar ha llevado hasta sus últimas consecuencias lógicas el levantamiento parcial de las restricciones adoptado por el Gobierno de Felipe González pocos días después de su llegada al poder. Al mismo tiempo, los ministros de Asuntos Exteriores de España y del Reino Unido inician en Ginebra negociaciones formales sobre el Peñón, que incluyen en su temario la cuestión de la soberanía. No es presumible que esas conversaciones desemboquen rápidamente en soluciones definitivamente s...
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HACE POCAS horas, la plena normalización del tránsito de viajeros y de la circulación de mercancías entre España y Gibraltar ha llevado hasta sus últimas consecuencias lógicas el levantamiento parcial de las restricciones adoptado por el Gobierno de Felipe González pocos días después de su llegada al poder. Al mismo tiempo, los ministros de Asuntos Exteriores de España y del Reino Unido inician en Ginebra negociaciones formales sobre el Peñón, que incluyen en su temario la cuestión de la soberanía. No es presumible que esas conversaciones desemboquen rápidamente en soluciones definitivamente satisfactorias para las reivindicaciones españolas. Pero es un gran triunfo de la razón que las negociaciones hispano-británicas hayan comenzado y no fijen más limitaciones para los asuntos debatidos que las fronteras establecidas por el derecho internacional y por el respeto de cualquier régimen democrático hacia los derechos y libertades de los habitantes de un determinado territorio.España y el Reino Unido están vinculados no sólo por su pertenencia a la reducida área de países dotados de sistemas pluralistas, garantías constitucionales, economías industrializadas y un valioso legado cultural. El ingreso de España en la Alianza Atlántica y su probable entrada en la Comunidad Económica Europea hacen que seamos socios, en pie de igualdad, con el Reino Unido en el seno de instituciones supranacionales cuyo desenvolvimiento y perspectivas de futuro sólo pueden ayudar a encontrar una salida adecuada al conflicto de Gibraltar. La estrategia aplicada en 1969 por el ministro Castiella fue, en buena medida, la consecuencia de una política exterior que nunca contó seriamente con los nuevos horizontes que el proyecto de integración europea abría a nuestra acción internacional. Pero las medidas restrictivas adoptadas por el franquismo, que cortó a la población del Peñón la posibilidad de seguir conviviendo con sus vecinos del Campo de Gibraltar, contribuyeron, además, a que los viejos sentimientos de identidad británicos de los llanitos se doblaran con los nuevos sentimientos de hostilidad hacia España. El único resultado de la torpeza diplomática perpetrada hace 15 años por Castiella es que los muchachos que han Regado a la vida adulta durante esas tres décadas de aislamiento y de incomunicación carecen de las relaciones humanas y culturales que vinculaban a las anteriores generaciones con España. La idea de que una estrategia de hostigamiento y acaso podría producir el abandono de los gibraltareños por el Reino Unido no era sino un reflejo, proyectado a escala internacional, de los principios de un régimen autoritario que despreciaba los intereses y las opiniones de los ciudadanos a la hora de adoptar decisiones.
La historia, el derecho internacional y las realidades geopolíticas no permiten dudar de que Gibraltar pertenece territorialmente a la soberanía española. Sin embargo, la cuestión es encontrar las fórmulas que permitan armonizar la devolución del Peñón a España con las garantías de que resulta acreedora la población de Gibraltar, descendiente de los inmigrantes que llegaron a su pequeño territorio desde muy distintas procedencias y de los españoles que establecieron relaciones familiares con los ocupantes. Las resoluciones de las Naciones Unidas dejaron en claro que la solución del conflicto del Peñón debería respetar los intereses de los gibraltareños. Pero la tesis británica según la cual son los deseos de los habitantes de la Roca -alrededor de 30.000 personas- el valor merecedor de garantía trata de desplazar incorrectamente los términos del problema. Que los derechos y las libertades de la población de Gibraltar no deban ser pasados por alto o sacrificados a la hora de que su territorio sea reintegrado a la soberanía española no significa que la salvaguarda de sus intereses sea interpretada como sinónimo de la expresión de sus deseos. En esa perspectiva, España tiene que realizar un esfuerzo extraordinario, especialmente en el Campo de Gibraltar, para que la indiferencia o la hostilidad de los habitantes del Peñón pueda ser transformada en amistad y simpatía. Pero el litigio de Gibraltar tiene como principales interlocutores a España y al Reino Unido, aunque resulta evidente que dos países democráticos y respetuosos con las libertades de sus ciudadanos forzosamente deberán tomar en cuenta los delicados problemas planteados por los intereses y los derechos adquiridos de la población del Peñón. Las negociaciones que hoy se inician en Ginebra tienen precisamente la meta de idear las fórmulas adecuadas para conciliar el respeto hacia los intereses de los gibraltareños con la recuperación por España de la soberanía de ese medio millar de hectáreas arrebatado por el Reino Unido hace casi tres siglos para fines exclusivamente militares.
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