El Consejo de Ministros aprueba los nuevos precios agrarios, el incremento de pensiones y el proyecto de la ley de aguas
El Consejo de Ministros aprobó ayer los nuevos precios de garantía para los productos agrarios, una subida de los derivados del petróleo -especialmente en los gasóleos, que suben cuatro pesetas por litro, mientras que permanecen inalterables los de las gasolinas-, el aumento de las pensiones, que crecerán en media un 7% con incrementos mayores para las de menor cuantía, y el proyecto de ley de Aguas, por el que se declararán de dominio público las aguas subterráneas El portavoz del Gobierno señaló que el mensaje del enviado del presidente Gaddafi a Felipe González es una invitación a visitar L...
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El Consejo de Ministros aprobó ayer los nuevos precios de garantía para los productos agrarios, una subida de los derivados del petróleo -especialmente en los gasóleos, que suben cuatro pesetas por litro, mientras que permanecen inalterables los de las gasolinas-, el aumento de las pensiones, que crecerán en media un 7% con incrementos mayores para las de menor cuantía, y el proyecto de ley de Aguas, por el que se declararán de dominio público las aguas subterráneas El portavoz del Gobierno señaló que el mensaje del enviado del presidente Gaddafi a Felipe González es una invitación a visitar Libia.
El Gobierno aprobó ayer una subida media del 4,7% en los precios de garantía para los productos agrarios, al tiempo que señalaba los criterios que en su opinión regirán en el mercado durante la próxima campaña, y que supondrán unos incrementos medios del 7%. Subida que corresponde exactamente con el incremento de precios previsto para los costes de los productos de fuera del sector que se necesitan para la producción agraria (electricidad, gasóleo y fertilizantes).El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero, señaló en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que se había dado un paso importante en la configuración de los precios de los productos agrarios, estableciendo un método similar al que rige en la Comunidad Económica Europea, de aprobar subidas pequeñas de los precios de garantía -nivel al que los agricultores saben que tienen vendida la producción a los organismos de la Administración- y ampliar las bandas de comercializ ación, diferencia entre dichos precios de garantía y los que se espera rijan realmente en el mercado.
Para Carlos Romero hay que destacar el hecho de que el Gobierno continúa utilizando los nuevos precios de los productos agrarios como un instrumento más para alcanzar los objetivos de producciones a medio plazo.
De esta forma, los precios de garantía que más aumentan, así como los esperados de mercado, son los de los cereales pienso alternativos a los productos importados, mientras que suben poco, o no lo hacen, los precios de garantía de los productos eexcedentarios que generan unos elevados costes a la propia Administracíón. Esta incorporación es también uno de los elementos básicos a la hora de establecer los nuevos precios de garantía, dados los diferentes niveles de costes existentes en la agricultura española y en la CEE.Subida evidenteTanto el ministro de Agricultura como el de Obras Públicas y Urbanismo, Julián Campo, explicaron la subida de los precios de los derivados del petróleo y su diferente repercusión. Julián Campo señaló que resultaba obvia dicha subida, dada la evolución del tipo de cambio de la peseta frente al dólar y del precio del barril de petróleo. Lo que significa una opción política, manifestó, es cómo repercute dicha subida en cada uno de los derivados del petróleo. El incremento de precios, según estimó la Junta Superior de Precios, debía ser pequeña y el Consejo de Ministros decidió reducirla aún más y situarla en el 4,9%.
Para el ministro de Obras Públicas la congelación del precio de las gasolinas y la subida de los demás derivados del petróleo, en especial los gasóleos, se explica por el estancamiento en el consumo de las gasolinas y el fuerte tirón de consumo de los gasóleos, en especial el de automoción, ya que el pesquero ha descendido y el de uso agrícola crece bastante por debajo de lo que lo hace la media de dicho derívado. Carlos Romero explicó que la decisión de congelar el precio real del gasóleo para usos pesqueros, aumentando la subvención que los armadores reciben de la Administración para compensar el nuevo precio nominal, se debía al esfuerzo de control realizado desde el pasado año para saber el consumo real.
El proyecto de ley de Aguas establece que el agua, superficial o subterránea, como bien de interés general, será de dominio público con lo que, en palabras del ministro de Obras Públicas, se protegen los intereses generales de administrar correctamente un recurso escaso y cada vez más solicitado como es el agua y los intereses particulares de los detentadores de las concesiones de utilización de las aguas ya que se establecerá un control para impedir que nuevos usos perjudiquen los ya existentes.
Julíán Campo señaló la intención del Gobierno por alcanzar los mayores acuerdos posibles con los distintos grupos políticos y sociales sobre la nueva ley de Aguas, aunque reconoció la imposibilidad de lograrlo con el Grupo Popular, con el que se han mantenido diversos contactos durante más de un año que finalizaron cuando los aliancistas mostraron que no tenían ninguna alternativa concreta a los problemas que trata de regular el nuevo proyecto de ley.
Las aguas subterráneas mantendrán las concesiones actualmente en vigor por un periodo de 50 años, que podrá ser prorrogado hasta 75 años. El proyecto de ley establece diversos sistemas para controlar no sólo la cantidad de agua sino también la calidad de las mismas mediante la introducción de un canon de vertídos y la actualización de las sanciones.
Julián Campo señaló la importancia que tendrán los organismos de cuenca a la hora de la planíficación de la explotación de todas las aguas que discurran por ellas y la confección de un plan hidrográfico nacional, que será el resultante de los de cada cuenca y de los problemas existentes intercuencas. El tratamiento de las aguas subterráneas en Canarias, donde la comunidad autónoma tiene plenas competencias, será negociado entre las.dos administraciones. Más información en la página 39
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