Las 'tragaperras' podrán pagar en dos plazos sus impuestos

La pequeña parte de las máquinas tragaperras que tributan -unas 150.000 sobre el medio millón que se estima funcionan en España- podrá, desde ahora, entregar a Hacienda en dos plazos sus 125.000 pesetas anuales por unidad. Según fuentes oficiales, ésta será la principal novedad del decreto que refunda las normas reguladoras de los juegos de suerte, envite y azar. La disposición ha sido aprobada por el Gobierno un día antes de que entrara ayer en vigor la ley catalana que eleva de 20 a 40 pesetas la tasa sobre el cartón de bingo (120 pesetas), norma sobre la cual el Ejecutivo estudia un posible...

La pequeña parte de las máquinas tragaperras que tributan -unas 150.000 sobre el medio millón que se estima funcionan en España- podrá, desde ahora, entregar a Hacienda en dos plazos sus 125.000 pesetas anuales por unidad. Según fuentes oficiales, ésta será la principal novedad del decreto que refunda las normas reguladoras de los juegos de suerte, envite y azar. La disposición ha sido aprobada por el Gobierno un día antes de que entrara ayer en vigor la ley catalana que eleva de 20 a 40 pesetas la tasa sobre el cartón de bingo (120 pesetas), norma sobre la cual el Ejecutivo estudia un posible recurso de inconstitucionalidad, por entender que la Constitución impide crear un impuesto sobre otro impuesto.

En los juegos de suerte, envite y azar son arriesgados cada año en España más de dos billones de pesetas. El fisco, único que tiene todas las garantías de ganar, consigue cerca de 200.000 millones de pesetas, en parte ya transferidos a las autonomías.La mayoría de los dos billones, según estimaciones de la Comisión Nacional del Juego, proceden de los juegos autorizados en 1977. Entre el bingo (unos 300.000 millones al año) y las máquinas tragaperras (más de un billón), han superado con mucho la importancia económica de las loterías (unos 260.000 millones de pesetas), las quinielas y otras apuestas menores (hípica, galgos, frontones, etcétera).

En la dispersión de las normas reguladoras ha justificado el Gobierno su decreto refundidor aprobado el miércoles. Aunque el texto no ha trascendido, fuentes próximas al Gobierno y un portavoz de la Comisión Nacional del Juego han indicado que su principal novedad económica consiste en atender una petición de los operadores de tragaperras: pagar en dos plazos la tasa anual de 125.000 pesetas por máquina, en lugar de anticipar el 25 de enero todo el importe del año, como hasta ahora.

Las fuentes añadieron que esta concesión era lógica, pues otros juegos satisfacen sus pagos a medida que obtienen beneficios. En adelante, los operadores (quienes instalan por su cuenta las máquinas en los bares) devengarán la tasa en enero, aunque podrán dejar el pago de la segunda mitad para septiembre.

Según las fuentes gubernamentales, dicha facilidad de pago persigue que cumplan con Hacienda mayor número de operadores, cuya actividad se pretende terminar de censar dentro de tres o cuatro meses. Un portavoz de la Comisión Nacional del Juego agregó que sólo cumplen sus obligaciones 150.000 tragaperras de media al año, número inferior a las 197.000 legalizadas y que se queda en minoría respecto a las que se estima existen (de 400.000 a 500.000).

Ingresos fiscales

Sin contar los impuestos recaudados por el País Vasco y Cataluña, primeras autonomías en recibir las competencias y los rendimientos sobre el juego, las tragaperras depararon el año pasado al fisco ingresos por 17.909 millones de pesetas, los bingos 47.570 millones y los casinos 4.722 millones. Junto a los aumentos previstos en estos rendimientos -los boletos están descontrolados-, las loterías proporcionaran en 1984 al Estado 78.300 millones, a los que deben añadirse los ingresos indirectos de las quinielas, gestionados por un organismo autónomo.La aprobación por el Gobierno del decreto mencionado ha coincidido con la entrada en vigor de la ley catalana que eleva de 100 a 120 pesetas el cartón de bingo, sobre el cual el impuesto estatal cedido a las autonomías era de 20 pesetas. Aunque las fuentes consultadas negaron otra relación entre ambos hechos, admitieron que está en estudio la aprobación por el Gobierno de un recurso de inconstitucionalidad, para cuya decisión se cuenta con un plazo de dos meses. La presunción de no constitucionalidad se basa en que la Constitución impide que haya un impuesto (el autonómico) sobre otro impuesto (el estatal cedido), sin que haya sido concenido como recargo.