El censo de jornaleros de Cádiz, reducido en mas de 3.000 personas
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo (Inem) de Cádiz ha eliminado al menos a 3.472 trabajadores del censo agrario que se encontraban irregularmente inscritos. Ello se produce después de que UGT denunciase, pueblo a pueblo, listas de presuntos infractores que percibían el subsidio de desempleo y entraban en las listas para trabajar en el Plan de Empleo Rural (PER). El director del colegio público de Olvera ha sido destituido por protagonizar un incidente en una asamblea de UGT que debatía el tema.El director del colegio público de Olvera, Juan García Fernández, se presentó e...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo (Inem) de Cádiz ha eliminado al menos a 3.472 trabajadores del censo agrario que se encontraban irregularmente inscritos. Ello se produce después de que UGT denunciase, pueblo a pueblo, listas de presuntos infractores que percibían el subsidio de desempleo y entraban en las listas para trabajar en el Plan de Empleo Rural (PER). El director del colegio público de Olvera ha sido destituido por protagonizar un incidente en una asamblea de UGT que debatía el tema.El director del colegio público de Olvera, Juan García Fernández, se presentó en estado de embriaguez en una asamblea de la UGT de Olvera en la que se debatía la estrategia a seguir en el tema de las denuncias de infractores de los censos de parados del campo. Juan García es además presidente de la cooperativa avícola Alambique, de la que uno de sus miembros estaría incluido en las listas denunciadas por UGT. Ese sindicato presentó una denuncia en el juzgado de Olvera y en la Dirección Provincial de Educación, que ha ordenado la apertura de un expediente y su destitución como director del colegio.
Juan García Fernández era también el representante de la cámara agraria de Olvera, por lo que la Dirección Provincial de Educación ha solicitado la devolución de los conceptos retributivos derivados de su dedicación exclusiva, que ascienden a 24.000 pesetas mensuales. Fuentes de UGT relacionaban el cargo de representante de las cámaras agrarias con las dificultades que habría contrapuesto a las investigaciones que realizaba el sindicato para determinar cuántos y cuáles de los censados lo estaban irregularmente.
Desde que el sindicato socialista iniciase particularmente la campaña de denuncias de los censos, el Instituto Nacional de Empleo de Cádiz los ha revisado y ha encontrado al menos 3.472 casos de posibles fraudes. Estas personas tendrán que devolver al Estado las cantidades percibidas irregularmente.