El recargo sobre el IRPF, un instrumento de solidaridad

Los autores de este artículo defienden la propuesta de crear en la Comunidad de Madrid un recargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IPPF), que, afirman, potenciará la solidaridad entre los ayuntamientos de la provincia y facilitará la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración pública. El recargo, dicen, no incrementará la presión fiscal, sino que la redistribuirá entre la población.

La aceptación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de la iniciativa adoptada por importantes Ayuntamientos de la región para crear un Fondo de Solida...

Los autores de este artículo defienden la propuesta de crear en la Comunidad de Madrid un recargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IPPF), que, afirman, potenciará la solidaridad entre los ayuntamientos de la provincia y facilitará la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración pública. El recargo, dicen, no incrementará la presión fiscal, sino que la redistribuirá entre la población.

La aceptación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de la iniciativa adoptada por importantes Ayuntamientos de la región para crear un Fondo de Solidaridad Municipal que se financie parcialmente con el importe de un recargo del 3% sobre la cuota líquida del IRPF ha provocado comentarios, muchas veces poco solventes cuando no directamente demagógicos.Lo primero que es preciso aclarar al respecto es que con el recargo no crece la presión fiscal, ya que ese dinero hubiera entrado en las arcas públicas por otra vía. Veamos: el Ayuntamiento dé Madrid, en el mismo pleno en que solicitó el recargo ha hecho desaparecer dos tasas que afectan a todos los ciudadanos: la recogida de basuras y el alcantarillado. Estos servicios le costarán al Ayuntamiento 7.200 millones de pesetas en 1985, que, como preveían sus ordenanzas, hubieran sido cobrados a sus ciudadanos mediante los conocidos, y nada populares, recibos. Esa cantidad (7.200 millones de pesetas), caso de aprobarse la ley, es la que van a pagar los madrileños mediante el recargo.

No hay aumento de la presión fiscal; lo que sí va a haber es una distribución distinta de la carga o, dicho de otra forma, una pequeña franja de ciudadanos será perjudicada y una franja será beneficiada. En efecto, en la villa de Madrid hay, según los últimos datos disponibles, 800.559 contribuyentes del IRPF; cada uno de ellos hubiera pagado el año que entra, de media, 8.994 pesetas por basuras y alcantarillado (7.100 millones / 800.559=8.994 pesetas). Quien, con el recargo, tenga que pagar por encima de esa cifra saldrá perjudicado; el resto saldrá beneficiado. ¿Quiénes son unos y otros?

Evitando una lluvia de cifras, se puede asegurar, sin temor a error apreciable, que el 85% de los madrileños pagará menos con esta ley, y el 15% pagará más. Evidentemente, quienes no se benefician son los que más altas rentas tienen; pero eso, desde una óptica de izquierdas, no es precisamente un defecto.

Solidaridad territorial

Para nadie es un secreto que el nivel de renta y equipamientos son muy diversos de unos municipios a otros y que es un deber ineludible el conseguir que las infraestructuras y servicios se vayan igualando. La creación del Fondo de Solidaridad no pretende otra cosa. Naturalmente, para conseguir este objetivo es preciso que dicho Fondo se nutra no sólo del recargo, sino también de los recursos que la Comunidad de Madrid destine a ello. Es así como los municipios más pobres e infradotados podrán recibir más de lo que sus vecinos aporten al Fondo con el recargo. La diferencia de rentas es tal en la región que, recibiendo los municipios, como prevé el proyecto de ley, tan sólo el 40% del recargo en dinero líquido, la mayoría de ellos conseguirá igualar o superar la totalidad de la aportación de sus vecinos al Fondo. Por ejemplo, los pueblos con alcalde comunista (Arganda, Camarma de Esteruelas, Ciempozuelos, Coslada, Pinto, San Fernando y Villaconejos) se prevé que reciban del Fondo en dinero líquido (aparte las inversiones que les correspondan) unos 100 millones de pesetas, que es, aproximadamente, el valor total del recargo en dichos pueblos. La dispersión del sistema tributario municipal, que incordia más que recauda, viene reclamando hace tiempo un cambio en profundidad, que se producirá con la ley de Haciendas Locales, pero que puede ser preparado desde operaciones racionalizadoras como ésta. El proyecto de ley del Fondo plantea como objetivo ineludible cooperar desde la Comunidad de Madrid, al proceso, demandado desde hace tiempo por las corporaciones locales de simplificación y racionalización del sistema tributario local. Al suprimirse algunas tasas municipales se simplifica la gestión tributaria municipal, se reducen las molestias al ciudadano y se avanza en la tarea común de racionalizar el sistema fiscal. Un sistema de autonomía política y descentralización administrativa como es el que dibuja la Constitución española, pide a gritos mecanismos de coordinación que es preciso ir creando. Éste es uno importante. Cuando se apruebe la ley que crea el Fondo, una parte muy considerable de las inversiones municipales y comarcales va a ser decidida y gestionada mancomunadamente, los municipios van a influir decisivamente en los proyectos de inversión de la comunidad, pero ésta también tendrá su peso a la hora de orientar las políticas de gasto.

El Fondo de Solidaridad Municipal no es el bálsamo de Fierabrás ni se ha reinventado con ello el ungüento amarillo. Se trata de sostener una posición racional, racionalizadora y progresista con eso que algunos llaman voluntad política.