¿Puede haber verdaderas policías autónomas?

La acomodación de la estructura de la policía a la realidad del Estado de las autonomías comporta, en primer lugar, una desmilitarización de todos los cuerpos de seguridad, y, en segundo lugar, la transferencia de la totalidad de estos servicios a las comunidades autónomas. Ésta es la tesis del autor de este artículo, que defiende la constitucionalidad de una autonomización de la policía, en la medida en que no afecta a la defensa y a las fuerzas armadas, al régimen aduanero y al sistema monetario, materias que, según la Constitución, debe reservarse la Administración central del Estado.
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La acomodación de la estructura de la policía a la realidad del Estado de las autonomías comporta, en primer lugar, una desmilitarización de todos los cuerpos de seguridad, y, en segundo lugar, la transferencia de la totalidad de estos servicios a las comunidades autónomas. Ésta es la tesis del autor de este artículo, que defiende la constitucionalidad de una autonomización de la policía, en la medida en que no afecta a la defensa y a las fuerzas armadas, al régimen aduanero y al sistema monetario, materias que, según la Constitución, debe reservarse la Administración central del Estado.

Hay un gran reto jurídico-político para la actual generación de gobernantes españoles: el replanteamiento de la estructura y organización del Estado para que pueda ser, en el futuro, el soporte común de los diversos grupos que integran el mapa político, social, económico y cultural español.A pesar de ello, con frecuencia las reticencias a cambiar el rumbo de los, asuntos públicos provienen precisamente de quienes deberían ser más partidarios de acabar con algunos de los caducos moldes de comportamiento que aún atenazan nuestra vida pública.

Hago esta reflexión porque ha quedado, una vez más, postergada la regulación de las policías autonómicas. Las últimas informaciones aparecidas sobre el tema señalan que la muy esperada ley de Seguridad Pública y/o de Cuerpos Policiales no va a precisar nada sobre estos cuerpos. De confirmarse, ello produciría un nuevo desasosiego en la cicatera y miope construcción del Estado de las autonomías.

En este aspecto, la remisión del tema a la instancia legislativa ordinaria puede operar de coartada; torpe, pero eficaz. Sin embargo, esta situación recuerda, salvadas las distancias, a la regulación que de los derechos públicos se hacía en el llamado Fuero de los Españoles.

Hay dos grupos de cuestiones que, a mi entender, motivan el actual punto muerto del desarrollo autonómico en materia policial, entendiendo por desarrollo autonómico algo más que la mera sustitución de un rótulo por otro, de un escudo por otro, de una lengua por otra..., pues aunque todo ello sea necesario, en ningún supuesto es suficiente. Por un lado está la óptica con la que desde el poder central, -el único que puede ser llamado hoy por hoy poder- se observa y plantea lo tendenciosamente calificado de problema autonómico, y muy especialmente la cuestión de la organización policial autonómica.

Por otro, hay algo que sí es verdaderamente un problema, y además, de Estado: saber cuál es el modelo policial a llevar a la práctica. Este nudo gordiano lo ensombrece todo, y si estamos empeñados en ir hacia adelante sin dar traspiés y de modo coherente, hay que admitir que, en lo tocante a la policía, como en otras muchas cosas, debe producirse una seria inflexión en la inercia que arrastramos desde hace más de un siglo y que se acentuó a partir de 1939.

Dejemos de lado la denominación y los bailes de organigramas: hay una realidad, y es, que la estructura de nuestra policía en nada se diferencia de la de hace 10 años. Y de 10 años a esta parte ha caído algún que otro chaparrón, pero en materia policial sigue el secano. Sigue la militarización de los contingentes más numerosos de orden público, atribuyéndoles, incluso, naturaleza militar directamente (lo que, según muchos, aquí y ahora es jurídicamente insostenible).

Precaria unidad de fueros

¿Qué tiene que ver la defensa nacional -desde el punto, de vista estrictamente militar o bélico- con la vigilancia de los conductores y el acatamiento al Código de Circulación? ¿Qué tiene que ver lo militar con las rentas de aduanas? ¿Por qué, además, ese empeño por acentuar el lado malo de lo castrense, la disciplina como amenaza y coerción, y no lo que tiene de método de organización y trabajo, y sólo en horario laboral? A la nobleza militar se le arrancó a lo largo del siglo pasado el poder jurisdiccional que tenía y, mal que bien, se obtuvo una precaria unidad de fueros, aún hoy por rematar.En nuestros días el gran logro en esta materia sería proceder a la total desmilitarización de las fuerzas de seguridad, y ello sin acudir a circunloquios como el de instituto civil armado. En este sentido, la desmilitarización efectiva de todas las fuerzas de policía y su única dependencia de la autoridad gubernativa y judicial sería un paso de gigante.

El reparto territorial

La otra cuestión es el reparto territorial de las fuerzas policiales. La actual roza lo manicomial: a nivel provincial dependen del gobernador civil, pero cada uno de los tres cuerpos estatales tiene sus propios jefes naturales, al que se superpone -excepto para la Guardia Civil- el jefe superior de Policía.Y éste, pese a estar teóricamente subordinado al gobernador civil, no ha sido nombrado por él, sino que debe el cargo al ministro del Interior.

A esta estructura hay que añadirle, además, la autoridad del delegado del Gobierno en cada comunidad autórioma la de la Junta de Seguridad y, como acaba de hacerse en Barcelona, la del organismo de coordinación de las policías locales. Y de convidado de piedra, en Cataluña al menos, está la policía autónoma. Un esquema que, sencillamente, no es serio.

Una policía eficaz -es decir, preventiva, rápida y respetuosa con los derechos de los ciudadanos- ha de estar asentada en su zona de actuación habitual y depender directamente del órgano político cuya dirección global sea la más desburocratizada posible.

Esta regionalización de la policía no supone, como interesadamente puede hacerse creer, que tengamos tantas policías como entes, pero sí que implica que desaparezcan los cuerpos como tales, porque las funciones serían idénticas y no habría escalillas o grupos funcionariales por ámbitos de actuación territoriales (campo / ciudad, por ejemplo) o funcionales (tráfico / drogas / contrabando...).

Transferencias de personal

Para crear este tipo de policía no sería necesario aumentar el número de funcionarios que, a nivel del Estado, se ocupan de estas funciones: unos 150.000 hombres y mujeres. Habría que efectuar unas meras transferencias de personal, material y recursos desde los entes centrales, y locales a los autonómicos.La asunción por parte de las comunidades autónomas de las policías locales es algo que, de la mano de la inevitable e imprescindible coordinación, va a producirse, por lo menos en las comunidades que tienen competencias concurrentes en materia de régimen local. Pero lo esencial de la remodelación reside en la transferencia de los servicios policiales estatales a las comunidades autónomas.

Aunque algunos lo consideren anticonstitucional y antiestatutario, yo lo estimo no sólo legítimo, sino imprescindible. Salvados los plazos de rigor para el pleno desarrollo autonómico -dintel que, al menos formalmente, han rebasado ya algunas comunidades-, a la luz del artículo 150.2 de la Constitución son transferibles o delegables a las comunidades autónomas compentencias estatales que por su naturaleza puedan ser transferidas.

No lo son -y no lo son en ningún país civilizado- la defensa y las fuerzas armadas (al menos en el sentido más estricto), el régimen aduanero o el sistema monetario, por ejemplo.

Sí lo es -y otra cosa será la voluntad política- la seguridad pública. Hay muchos ejemplos en el Derecho comparado y en el nuestro propio, en materias tan estatales como la propia defensa (en la medida que implica a los ayuntamientos en la fase de reclutamiento, sin ir más lejos).

Pero para la autonomización de la organización policial hay que pasar el Rubicón de la desmilitarización plena de todas las fuerzas policiales y extender su radio de acción a esferas de seguridad aún en manos estrictamente militares, como es el caso de las comandancias de Marina. Un modelo policial así sí que casaría plenamente con la idea de la España de las autonomías. Y sería factible. Otra cosa es que quien tenga poder para ello vea el tema con buenos ojos.