El nuevo programa económico del Gobierno descarta la próxima reducción del paro, que crecerá este año en 200.000 personas
El Programa económico 1984-1987, que ha preparado para el Gobierno el Ministerio de Economía y Hacienda, descarta la posibilidad de reducir el paro hasta el final de la presente legislatura, incluso en las hipótesis más optimistas. Para el presente año prevé su aumento medio en 200.000 personas, con destrucción de otros 108.000 empleos. Sólo si el crecimiento anual de la productividad (producción por persona empleada) baja del 3,5% actual al 2%, objetivo fiado por los autores del texto a la flexibilización del mercado de trabajo y a la caída de tipos de interés, en los próximos ejercicios la p...
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El Programa económico 1984-1987, que ha preparado para el Gobierno el Ministerio de Economía y Hacienda, descarta la posibilidad de reducir el paro hasta el final de la presente legislatura, incluso en las hipótesis más optimistas. Para el presente año prevé su aumento medio en 200.000 personas, con destrucción de otros 108.000 empleos. Sólo si el crecimiento anual de la productividad (producción por persona empleada) baja del 3,5% actual al 2%, objetivo fiado por los autores del texto a la flexibilización del mercado de trabajo y a la caída de tipos de interés, en los próximos ejercicios la pérdida de empleos podrá empezar a compensar las entradas anuales de jóvenes en edad de trabajar. La política económica prevista hasta 1988 se basa en la recuperación paulatina del consumo y de la inversión para poder crecer en 1985 el 3% y a partir de entonces el 3,5%.
El Programa económico 1984-1987, redactado con fecha 12 de septiembre último y que supone la actualización del ya conocido plan trienal hasta 1986, ha sido manejado por el Gobierno con motivo de sus últimas decisiones respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 1985. Sus grandes magnitudes -crecimientos de la producción de bienes y servicios, del consumo privado y público y de la inversión-, así como sus criterios presupuestarios y de política económica en general, han sido reflejados en el proyecto de ley de Presupuestos que presentará el Ejecutivo esta semana.
Pese a que el pasado mes de julio, con motivo de la negociación del Acuerdo Económico-Social (AES), el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, declaró que el Gobierno no volvería a caer en el error de contraer un compromiso de creación de empleo, debido a lo cabalístico de estas predicciones, en el nuevo programa aparece el objetivo de reducir el crecimiento anual de la productividad al 2%, junto a unas proyecciones del "crecimiento del empleo según varias hipótesis para el crecimiento de la productividad", recogidas en el cuadro adjunto.
La flexibilidad del mercado
"La tasa de crecimiento de la productividad", dice la página 41 del programa, "puede verse sensiblemente reducida en los próximos años ante las mayores facilidades de utilización del factor trabajo derivadas del comportamiento de los salarios y de las medidas de flexibilización del mercado de trabajo (aquí el documento se remite a un capítulo que contempla el desarrollo de la reciente reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de expedientes de regulación de empleo y facilidades a la contratación a tiempo parcial, en relevo, en prácticas, en formación, etcétera), reducción que puede situar dicho crecimiento en un 2%, suficiente para lograr una mejora, con respecto al pasado, de la elasticidad del empleo en relación con la producción, dado así lugar a un sensible crecimiento". En otro lugar del programa puede leerse: "Tanto los parados como la pérdida neta de puestos de trabajo han cedido en el grave crecimiento de años anteriores y se acercan a un crecimiento nulo a corto plazo, especialmente la destrucción de empleos. Todo parece indicar que estamos llegando al final del crecimiento del paro, tras casi una década de crecimiento ininterrumpido del mismo, de forma especialmente virulenta entre 1979 y 1982. Sin que todo lo indicado signifique la garantía total de haber llegado al umbral para la generación neta de puestos de trabajo, la información disponible induce al optimismo, sobre todo si va acompañada de la caída de barreras financieras (reciente reducción de tipos de interés) e institucionales (flexibilización del mercado de trabajo)". Sin embargo, del cuadro ad junto se desprende que, incluso una vez logrado el objetivo de rebajar la productividad, no se reducirían las actuales cifras de paro, al menos hasta 1986. La creación de puestos de trabajo prevista en la hipótesis más optimista (54.000 empleos en 1984 y aumento paulatino en años siguientes) impediría compensar la incorporación anual de unas 140.000 personas.
Sólo una caída de la productividad al 2% y una aplicación rigurosa de las normas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, que excluyen a quienes no buscan activamente empleo (sobre todo, a los desanimados por la dificultad de encontrarlo), permitiría frenar el paro oficial a partir de 1986.
El propio documento incluye otro cuadro que estima el aumento del paro durante el presente año en 200.000 personas en "media anual" (es decir, que la estadística oficial arrojará a final de año cifras más altas de desempleo). Asimismo, la estimación se basa en un crecimiento de la población activa de 100.000 personas, cifra muy inferior a las presuntas nuevas incorporaciones al mercado de trabajo, aunque justificada por las citadas normas internacionales.
El nuevo programa, tras analizar los principales cambios operados en la económica española durante 1983 y ajustar los escenarios macroeconómicos a los mismos y al contexto internacional, incluye una serie de proyecciones presupuestarias y financieras hasta 1987 y define como objetivo básico el de corregir el déficit público. "En estos momentos", dice, "encauzada la inflación y suprimido el problema del déficit exterior, a no ser por la magnitud del déficit público, la inversión privada estaría en mejores condiciones para su despegue y la economía española dispondría de una mayor capacidad para generar empleo. Esto es así porque el déficit se sitúa en una dimensión tal que no solo hace que al sector publico le sea difícil cumplir con las funciones que tradicionalmente tiene asignada (redistributiva, de generación de bienes y servicios públicos y de cobertura de los riesgos que implica la crisis económica), sino porque además deja al sector privado un margen de financiación estrecho y con altos costes".