La oposición liberal australiana seguirá acosando a Bob Hawke "hasta que llore en el Parlamento"

Las acusaciones lanzadas recientemente por el líder de la oposición australiana, el liberal Andrew Peacock, contra el primer ministro, el laborista Bob Hawke, de intentar proteger a un delincuente y depender de quienes mandan a criminales, causaron en el país un estupor sólo superado por las lágrimas derramadas por Hawke al reconocer que tiene una hija heroinómana y que otra había sido acusada de poseer droga. Con el rostro lloroso, Hawke afirmó ante los periodistas: "mi mujer y mis hijas también tienen unos derechos, y pienso defenderlos".

La oposición, quizá aterrorizada ante la p...

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Las acusaciones lanzadas recientemente por el líder de la oposición australiana, el liberal Andrew Peacock, contra el primer ministro, el laborista Bob Hawke, de intentar proteger a un delincuente y depender de quienes mandan a criminales, causaron en el país un estupor sólo superado por las lágrimas derramadas por Hawke al reconocer que tiene una hija heroinómana y que otra había sido acusada de poseer droga. Con el rostro lloroso, Hawke afirmó ante los periodistas: "mi mujer y mis hijas también tienen unos derechos, y pienso defenderlos".

La oposición, quizá aterrorizada ante la posible convocatoria de elecciones anticipadas para diciembre, mantiene su acoso. Uno de sus diputados reconocía en privado que "no pararemos hasta conseguir hacerle llorar en el mismo Parlamento". Todo empezó hace un par de semanas, cuando Peacock -que acababa de batir su propio récord de impopularidad, con tan sólo un 25% de aceptación entre el electorado- calificó al primer ministro de "pequeño bribón que se asocia con quienes mandan a los criminales". Peacock acusó al jefe del Gobierno de intentar frenar las investigaciones especiales en torno al crimen organizado y dejaba sobreentendido que Hawke quería así proteger a un importante personaje.

El siguiente paso vendría de la mano de una revista que ponía de relieve que estas investigaciones dejaban en evidencia a "una alta figura pública, hombre de negocios con estrechas relaciones políticas", presuntamente involucrado en tráfico de drogas, contrabando evasión de impuestos a gran escala e incluso asesinato. La misma revista informaba también que una hija del primer ministro había sido recientemente acusada por posesión de drogas blandas.

Aquí llegaron las lágrimas de Hawke. Y poco después, su esposa, Hazel, acudía a un estudio de televisión para declarar ante unos atónitos espectadores que otra de sus hijas tiene un serio problema de heroína, que hace unas semanas le habían diagnosticado lesiones irreversibles y que por ello le quedaban sólo unos pocos años de vida.

Las lágrimas del primer ministro fueron más que aceptadas por la mayoría de los australianos, que sienten gran simpatía por Hawke. Además de ser un buen político, decían, tiene un corazón de padre. Pero no pensaba lo mismo la oposición, que, sin embargo, seguía resistiéndose a nombrar al supuesto criminal asociado con el jefe del Gobierno. Lo que sí hacían los liberales era alimentar rumores sobre corrupción, sobre presiones a jueces y sobre un largo etcétera de ilegalidades, además de ir sacando a la luz pequeños detalles sobre el personaje objeto de las investigaciones de un juez especial.

Así estaban las cosas cuando el pasado fin de semana esta misma personalidad se identificó y desmintió todas las acusaciones -teóricamente aún secretas- de este juez especial. Se trata nada más y nada menos que de la segunda fortuna del país, de un hombre cuyos bienes se valoran en varias decenas de miles de millones de pesetas, muy vinculado al Gobierno laborista de Nueva Gales del Sur -donde el primer ministro extrae parte de la fuerza en su partido- y cuyas relaciones con Hawke se califican, al. menos, de cordiales.

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En su declaración a los medios de comunicación, Kerry Packer -éste es su nombre- desmintió todas las acusaciones que le atribuyen los rumores y pasó al ataque negando todo sentido de justicia a las investigaciones en torno a su persona y actividades, a las que comparó con los juicios secretos del KGB".

El juez especial que lleva la investigación, Frank Costigan, inició sus trabajos sobre el crimen organizado hace ya tres años, bajo el Gobierno de Malcolm Fraser, y a estas alturas ha entrevistado a más de un millar de personas y acumulado información sobre 70.000, lo que equivale a uno de cada 200 australianos.

El informe definitivo ha de estar acabado para el 31 de octubre, fecha en que pasará a manos de una recién creada Autoridad Nacional para el Delito.

Una explosiva filtración de los documentos de la comisión apareció recientemente en The National Times, diario que enumeraba hasta 42 flagrantes casos, cuyos protagonistas tenían en común un anonimato escondido bajo pseudónimos y posibles procesamientos por tráfico de drogas, prostitución, juego ilegal y evasión de impuestos.

Si el líder de la oposición se sentía antes acorralado, ahora parece estar ya contra las cuerdas. Peacock no lucha ya por evitar la derrota liberal en las próximas elecciones -absolutamente ningún comentarista político pone en duda a estas alturas que ganarán los laboristas-, sino por evitar su propio desastre. Para ello, no tiene otra salida que huir hacia adelante. Aunque para ello tenga que provocar las lágrimas del primer ministro en el mismo Parlamento.

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