Los armadores portugueses exigen la denuncia del acuerdo de pesca con España

Las ocho asociaciones de armadores de pesca portuguesas han dirigido una carta al Ministerio del Mar para exigir del Gobierno de Lisboa la urgente denuncia unilateral, por Portulgal, de los acuerdos de pesca luso-españoles de 1978 y 1979. Según las asociaciones, las autoridades de Lisboa disponen de un plazo de 30 días para forzar la denuncia, antes de la reanudación, en Bruselas, de las negociaciones del tema pesquero entre España y la CEE.

Los armadores portugueses afirman que obtuvieron en la capital belga la confirmación de que España consiguió el tratamiento por separado de la cues...

Las ocho asociaciones de armadores de pesca portuguesas han dirigido una carta al Ministerio del Mar para exigir del Gobierno de Lisboa la urgente denuncia unilateral, por Portulgal, de los acuerdos de pesca luso-españoles de 1978 y 1979. Según las asociaciones, las autoridades de Lisboa disponen de un plazo de 30 días para forzar la denuncia, antes de la reanudación, en Bruselas, de las negociaciones del tema pesquero entre España y la CEE.

Los armadores portugueses afirman que obtuvieron en la capital belga la confirmación de que España consiguió el tratamiento por separado de la cuestión de las aguas portuguesas en las negociaciones del capítulo pesquero con la CEE, con el argumento de sus derechos especiales sobre los caladeros portugueses en base a la vigencia del acuerdo de 1978, que prevé la atribución de licencias a barcos de pesca españoles para aprovechar los excedentes de la CEE (zona económica exclusiva lusa).Los sectores ligados a la industria pesquera, que constituyen en Portugal un importante grupo de presión, consideran que, una vez más, el Gobierno de Lisboa se dejó sobrepasar por el de Madrid, limitándose a congelar para después de la conclusión de las negociaciones, luso-comunitarias la reanudación de las negociaciones bilaterales con España sobre pesca. Según una fuente ligada a estos sectores, cuando comiencen las conversaciones bilaterales, los negociadores españoles colocarán a los portugueses ante el hecho consumado del reconocimiento de sus derechos históricos por la CEE. El Gobierno portugués considera sin fundamentos estas críticas y las califica de alarmistas.