Un centenar de policías desmantelan, con una orden sin fecha, el mercado ilegal de la carretera de Vicálvaro

Los últimos restos del mercado instalado alrededor del poblado de chabolas de la carretera de Vicálvaro, donde viven más de 400 familias gitanas, fueron desmantelados ayer por agentes de las policías Municipal y Nacional, que cumplían órdenes de los presidentes de las tres juntas de distrito afectadas, San Blas, Ciudad Lineal y Moratalaz. Unos 100 agentes vigilaron durante toda la mañana la operación de desescombro de la zona, que se llevó a cabo en medio de una fuerte protesta de los ocupantes de las chabolas. Según Presencia Gitana, la orden de desmantelamiento carece de garantías legales....

Los últimos restos del mercado instalado alrededor del poblado de chabolas de la carretera de Vicálvaro, donde viven más de 400 familias gitanas, fueron desmantelados ayer por agentes de las policías Municipal y Nacional, que cumplían órdenes de los presidentes de las tres juntas de distrito afectadas, San Blas, Ciudad Lineal y Moratalaz. Unos 100 agentes vigilaron durante toda la mañana la operación de desescombro de la zona, que se llevó a cabo en medio de una fuerte protesta de los ocupantes de las chabolas. Según Presencia Gitana, la orden de desmantelamiento carece de garantías legales.

A primeras horas de la mañana, numerosos policías municipales avisaron a la población gitana asentada en la zona que debían retirar antes del mediodía los últimos enseres del mercadillo, conocido popularmente como guarrerías preciados. Una vez retirados los últimos objetos de valor, dos máquinas excavadoras amontonaron los escombros en medio de una fuerte protesta de las familias asentadas en la zona, que increpaban a los policías y aseguraban que "si nos quitan nuestro trabajo, mañana tendremos que robar para comer".Paralelamente al desmantelamiento del mercado, grandes palas abrían en el terreno, situado al lado de la carretera de Vicálvaro y el cementerio de la Almudena, una gran zanja para impedir el acceso directo de automóviles al poblado de chabolas, respetando únicamente una franja a cada lado para facilitar la entrada y salida de los viandantes.

Denuncias vecinales

Los vecinos del barrio de Vicálvaro han protestado en numerosas ocasiones por el crecimiento incontrolado del poblado de chabolas y por la venta junto a la carretera de toda clase de objetos, que en muchos casos, según las denuncias vecinales, son robados. El conflicto entre las dos comunidades y los poderes públicos comenzó hace más de un año, cuando el ayuntamiento y el gobierno civil prometieron a los habitantes del poblado y a los vecinos que el asentamiento tendría carácter provisional y que se trasladaría a los gitanos a viviendas dignas.Francisco Garrido, presidente de la junta de Moratalaz, afirmó ayer que "se ha llevado a cabo al desalojo porque los vendedores no han podido justificar en muchos casos la procedencia de las mercancías, según comprobó la policía". El presidente de la junta aseguró también que la policía vigilará en el futuro el asentamiento gitano para impedir la venta ilegal. "Las familias que vivan de la venta ambulante", afirmó el concejal, "tendrán que ofrecer sus productos en el mercadillo de distrito que se instala los jueves en Vicálvaro".

Las familias asentadas en el poblado de chabolas recibieron en días pasados una fotocopia de una orden de los tres presidentes de juntas municipales citados. La orden requería la retirada de los puestos en un plazo de ocho días hábiles.

Documento "antijurídico"

Manuel Martín Remírez, secretario general de la asociación Presencia Gitana, aseguró ayer que "el documento, que fue repartido entre la población por policías municipales, es antijurídico y no tiene ninguna eficacia administrativa, porque carece de fecha y de sellos legales".Una fotocopia de este documento ha sido remitida por la asociación a la fiscalía del Estado a fin de que "se busquen las posibles responsabilidades de los presidentes de las juntas" al ordenar el desmantelamiento del mercado al amparo de un documento sin validez. El desalojo del mercado fue calificado por Martínez como "un acto más de racismo por parte de las autoridades, puesto que sólo conseguirán crear más delincuencia".