El fiscal pide 100 años para dos jóvenes 'utras' presuntos autores de dos asesinatos
Un total de 100 años de reclusión solicita el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Valladolid para dos jóvenes, presuntos autores de la muerte de un taxista y de un empleado de gasolinera, a quienes la policía considera integrantes de un comando ultraderechista denominado Grupo Armado Veintiocho de Octubre. El juicio por ambas muertes se celebró en la Sala de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, mientras que la Audiencia Nacional se ocupa de los posibles delitos terroristas.
Para José Carlos Bravo del Amo, mayor de edad en el momento de ocurrir los hechos, el fiscal pide 60 año...
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Un total de 100 años de reclusión solicita el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Valladolid para dos jóvenes, presuntos autores de la muerte de un taxista y de un empleado de gasolinera, a quienes la policía considera integrantes de un comando ultraderechista denominado Grupo Armado Veintiocho de Octubre. El juicio por ambas muertes se celebró en la Sala de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, mientras que la Audiencia Nacional se ocupa de los posibles delitos terroristas.
Para José Carlos Bravo del Amo, mayor de edad en el momento de ocurrir los hechos, el fiscal pide 60 años de reclusión mayor (30 por cada acto), en tanto que para José Carlos Ramos Mateo, que contaba por entonces 16 años, solicita 40 años de reclusión menor.El fiscal considera probado que el 4 de diciembre de 1982 los dos jóvenes dieron muerte al taxista Salvador Sampedro de Dios, casado y con un hijo de corta edad, a quien José Carlos Ramos asestó una cuchillada en el cuello, mientras que su compañero pasó con el coche varias veces por encima del herido hasta que le causó la muerte. Ambos se dirigieron en el vehículo de la víctima, a quien abandonaron en las cercanías de Valladolid, hasta Aldeavieja de Tormes (Salamanca). Allí robaron un rifle y un revólver en el chalé de un familiar de Bravo del Amo.
En la noche del 20 de diciembre, según el fiscal, se apoderaron a punta de pistola de un turismo en Valladolid y se dirigieron a la provincia de Palencia para robar en un banco. A las cuatro de la madrugada se detuvieron en una gasolinera de Herrera de Pisuerga (Palencia), donde amenazaron a un empleado, a quien le robaron la recaudación antes de obligarle a montar en el coche.
A, los dos kilómetros, Bravo detuvo el vehículo y, según el informe del fiscal, ordenó a su compañero que ejecutase al empleado, Severino García, después de decir a éste: "Ya sabes lo que te va a pasar; no me gusta que me vean la cara". En el informe se asegura que José Carlos Ramos condujo a Severino García por un camino de tierra y le disparó por la espalda numerosos tiros que causaron la muerte inmediata del empleado. La víctima había entregado a Bravo del Amo las 1.000 pesetas que le quedaban en su cartera, en un último intento por salvar la vida.
Los jóvenes se dirigieron hacia Santander, pero al llegar a Panes (Asturias), José Carlos Bravo se quedó dormido y el coche se estrelló contra un camión aparcado correctamente. Ramos sufrió heridas de diversa consideración. El accidente hizo que el cerco policial se estrechase, por lo que los dos presuntos implicados en las muertes citadas se entregaron días después en un juzgado vallisoletano.
Los fines del grupo
Varios meses más tarde, la policía hizo pública una nota en la que acusaba a Bravo y a Ramos de pertenecer a un comando ultraderechista creado tras la victoria socialista, en octubre de 1982, para realizar acciones armadas contra diversas autoridades vallisoletanas, entre ellas el gobernador civil y el alcalde.
El grupo, según la nota policial, estaba encabezado por Santiago Cano Calvo, hijo del presidente del Colegio de Notarios de Valladolid y sobrino camal del general Cano Hevia. Santiago Calvo fue procesado meses después por la Audiencia Nacional junto a otros tres miembros del grupo.
El abogado defensor de Bravo del Amo considera que su defendido no participó en la muerte del empleado de gasolinera y sólo lo hizo como encubridor en la del taxista. En el juicio alegó que se hallaba en estado de embriaguez y que padecía trastorno mental transitorio. Pidió seis meses y un día de arresto y su internamiento en un centro psiquiátrico para su curación.
El letrado de José Carlos Ramos dijo que su defendido actuó siempre bajo el miedo insuperable que le causaba su compañero, que solía amenazarle si no le obedecía; que se hallaba embriagado en ambas ocasiones y que también padecía trastorno mental transitorio. Pidió dos años de prisión menor por la muerte del taxista y seis años y un día por la del empleado de gasolinera.
El fiscal, que calificó ambas acciones de robo con homicidio, solicita también un total de más de cinco millones de pesetas en concepto de indemnización para los familiares de las víctimas.