El promotor de Los Ángeles de San Rafael define como maniobra la querella contra él

Jesús Gil y Gil, promotor de la urbanización segoviana Los Ángeles de San Rafael y máximo responsable de la empresa Compañía Internacional de Bienes Raíces, SA, ha explicado a este periódico que la querella presentada contra él tiene por objeto el paralizar el desalojo por incumplimiento de contrato de 16 supuestos propietarios de los apartamentos Faro de Castilla que se encuentran en la urbanización.La querella fue presentada por los supuestos delitos de estafa, coacciones e imprudencia temeraria y ha sido admitida a trámite por el juez de primera instancia e instrucción de Segovia José María...

Jesús Gil y Gil, promotor de la urbanización segoviana Los Ángeles de San Rafael y máximo responsable de la empresa Compañía Internacional de Bienes Raíces, SA, ha explicado a este periódico que la querella presentada contra él tiene por objeto el paralizar el desalojo por incumplimiento de contrato de 16 supuestos propietarios de los apartamentos Faro de Castilla que se encuentran en la urbanización.La querella fue presentada por los supuestos delitos de estafa, coacciones e imprudencia temeraria y ha sido admitida a trámite por el juez de primera instancia e instrucción de Segovia José María Gómez-Pantoja.

Según Jesús Gil, dentro del edificio Faro de Castilla se encuentra un bloque vendido en su totalidad a 74 propietarios que han disfrutado durante más de seis años de sus apartamentos. Gil afirma que estos propietarios sólo habían abonado la entrada, sin haber satisfecho cantidad alguna por la hipoteca, ni el principal, ni los intereses. Gil manifiesta que estas cantidades han sido pagadas por él a la Caja de Ahorros de Segovia y que mantuvo en perfecto estado de conservación y de servicio el bloque hasta la fecha en que fue entregado, el 25 de marzo de 1983.

El promotor señala que la Caja de Ahorros exigió los intereses de las hipotecas y que para evitar la ejecución de las mismas, él abonó los intereses, incluidos los de demora y otros gastos. El promotor asegura que requirió a los propietarios para que hicieran efectivos estos pagos, y que fueron satisfechos por la mayoría, a excepción de 16, que, según Gil, se han negado a pagarlos a pesar de que les ha ofrecido la facilidad de aplazar el pago. Estos edificios, según Gil, están completamente dentro de la legalidad, tienen la cédula de habitabilidad expedida por el MOPU, los boletines de Industria para contratar la luz y los certificados finales de obra firmados.