Una investigación necesaria

Los CRÍMENES perpetrados por las diversas bandas terroristas en que se ha desintegrado ETA -su última víctima fue el capitán de la Guardia Civil Luis Ollo Ochoa, asesinado en Pamplona el pasado domingo- continúan segando vidas inocentes y tratando de provocar a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad. La debilitación de las bases de apoyo de los terroristas, la condena de sus atentados por los partidos democráticos, las dificultades cada vez mayores de los activistas para operar con total impunidad en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos y el desmantelamiento de algunas ...

Los CRÍMENES perpetrados por las diversas bandas terroristas en que se ha desintegrado ETA -su última víctima fue el capitán de la Guardia Civil Luis Ollo Ochoa, asesinado en Pamplona el pasado domingo- continúan segando vidas inocentes y tratando de provocar a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad. La debilitación de las bases de apoyo de los terroristas, la condena de sus atentados por los partidos democráticos, las dificultades cada vez mayores de los activistas para operar con total impunidad en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos y el desmantelamiento de algunas de sus redes de sostén acercan, sin duda, la fecha de erradicación de esa pesadilla.En la historia de los orígenes de ETA son visibles las huellas de la aplicación por los terroristas de la espiral acción-represión-acción. Los principios básicos de un Estado de derecho, de un sistema de libertades y de una sociedad civilizada descansan sobre la defensa incondicional y sin excepciones de los derechos humanos de los ciudadanos, sea cual sea su ideología y sea cual sea la conducta criminal de la que se les acuse. Pero aunque sólo fuera para evitar la utilización de esa táctica que convierte a la represión en motor de la acción terrorista, aunque sólo fuera para evitar que la recluta de militantes o simpatizantes de ETA pueda seguir esgrimiendo como pretexto los tratos inhumanos contra los detenidos, incluso los gobernantes insensibles a los llamamientos morales tendrían que vigilar, en su lucha contra el terrorismo, que acaben las conculcaciones de derechos humanos.

El escrito titulado Nosotros también queremos ser culpables, mediante el que cuatro jueces destinados en Guipúzcoa se han solidarizado con su compañero José Luis Barragán (recusado primero por seis guardias civiles en un sumario sobre presuntas torturas y objeto después de una querella -ya desestimada por la Audiencia- por prevaricación), arroja inquietantes sombras sobre la efectividad con la que se cumple en nuestro país el mandato constitucional que prohíbe y castiga la tortura y los tratos inhumanos y degradantes en algunas dependencias gubernativas. En este mismo sentido el titular del juzgado 12 de los de Madrid se ha dirigido al ministerio fiscal y al Gobierno sobre posibles irregularidades realizadas por algunos miembros de la policía.

Ahora, las informaciones disponibles (véase EL PAÍS del 30 de mayo) sobre el sombrío suceso de Pasajes, en que perdieron la vida cuatro terroristas de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, producen una enorme zozobra e inquietud respecto al funcionamiento de determinados sectores de nuestros cuerpos de seguridad. ¿Cómo es posible que uno de los fallecidos fuera alcanzado por un di-sparo de postas? ¿Acaso figuran ahora, entre las célebres armas reglamentarias de las notas oficiales, escopetas deportivas que utilizan esa munición? ¿Es imaginable que el Gobierno socialista autorice o no impida la distribución de cartuchos de caza entre las dotaciones de los cuerpos de seguridad?.

El portavoz del Gobierno notificó, en la conferencia de prensa inmediatamente posterior al último Consejo de Ministros, que el Gobierno ha abierto ya una investigación sobre los sucesos de Pasajes y no va a ocultar -faltaría mas- ninguna información al respecto. En una de sus inefables salidas de pata de banco, Eduardo Sotillos añadió que el Poder Ejecutivo también se propone investigar la utilización de Goma-2 en el atentado que costó la vida en Pamplona al capitán de la Guardia Civil José Luis Ollo. Desgraciadamente, no queda demasiado claro el propósito de la ágil asociación de ideas entre ambas tragedias realizada por el astuto portavoz gubernamental. ¿Insinúa tal vez Eduardo Sotillos que los cartuchos de postas y la Goma-2 tienen una misma misteriosa procedencia común, localizable indistintamente en las bandas terroristas o en quienes las persiguen? ¿Pretende equiparar a los miembros de los cuerpos de seguridad que intervinieron en el tiroteo del puerto guipuzcoano con quienes realizaron el atentado de Pamplona¿ ¿O tal vez ha tratado el portavoz de propinar un pellizco de monja a los indiscretos periodistas que intentan esclarecer la verdad de los sucesos de Pasajes, mediante una ominosa advertencia sobre las complicaciones derivadas de inmiscuirse en el asunto? De ser esta última hipótesis correcta, habría que concluir que Eduardo Sotillos ha desembarcado finalmente en las playas, con pleno éxito, de los edecanes que, bajo el antiguo régimen, cortaban alegremente la cabeza de los mesajeros y metían en el mismo saco a los informadores de los hechos y a los autores de los sucesos relatados. Para tranquilizar al nervioso portavoz diremos que nadie duda del propósito del Gobierno de detener, encarcelar y procesar a los, autores, cómplices y encubridores del atroz atentado cometido en Pamplona mediante una carga de Goma-2.

Por lo demas, corresponde, en última instancia, al ministerio fiscal la tarea de promover la acción de la justicia "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley". El fiscal general del Estado, cuyas recientes afirmaciones acerca de la autonomía de su propio papel han suscitado una viva polémica dentro y fuera de Cataluña, tiene ahora una excelente ocasión para demostrar lo fundado de esa doctrina. Una investigación en toda regla sobre el sangriento incidente de Pasajes y sobre los obstáculos que los jueces de San Sebastián encuentran en su tarea de "amparar y tutelar los derechos humanos frente a cualesquiera abusos o extralimitaciones" daría verosimilitud a las pretensiones del fiscal general del Estado acerca de su insobornable independencia respecto al Gobierno.