El 'hospital de aseguradoras' contará en principio con 1.000 millones de pesetas al año

El primer paso hacia la eventual puesta en marcha de un hospital o unidad de vigilancia intensiva de aseguradoras, similar al existente hace siete años en el sector bancario, tuvo ayer su plasmación legal, al dictaminar la comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Ordenación del Seguro Privado. En principio, este mecanismo contará con una posible dotación de 1.000 millones de pesetas anuales, procedente del 2 por 1.000 de las cuotas recaudadas por el sector. Otra modificación introducida pretende velar por el secreto del sector. Los socialistas han re...

El primer paso hacia la eventual puesta en marcha de un hospital o unidad de vigilancia intensiva de aseguradoras, similar al existente hace siete años en el sector bancario, tuvo ayer su plasmación legal, al dictaminar la comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Ordenación del Seguro Privado. En principio, este mecanismo contará con una posible dotación de 1.000 millones de pesetas anuales, procedente del 2 por 1.000 de las cuotas recaudadas por el sector. Otra modificación introducida pretende velar por el secreto del sector. Los socialistas han rechazado los intentos de paliar el próximo proceso de concentración del seguro, salvo en lo que afecta a los intereses de los más de 50.000 agentes y subagentes.

De momento, la Administración no ha logrado llegar a un acuerdo con el conjunto del sector sobre el tratamiento de las situaciones de insolvencia congeladas desde hace años y de las que se registren en el futuro. A la espera de ello -la patronal del seguro se muestra oficialmente en contra, aunque consta que ha tratado el tema con los grandes del sector y siguen las conversaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda-, el Grupo Socialista colocó ayer la primera piedra, mediante una enmienda a la disposición final cuarta.El texto del proyecto ya dejaba claro que "continúa en vigor" la obligación de las entidades aseguradoras de ingresar anualmente el 2 por 1.000 de las primas o cuotas recaudadas por seguro directo (que se acercarán este año al medio billón de pesetas) y el 1 por 1.000 de las de reaseguro aceptado, para atender los gastos producidos reglamentariamente por los servicios de control, fomento de previsión de siniestros y espíritu de previsión. Se trata de un dinero cobrado a los asegurados, por lo general ingresado en el Tesoro y que en los últimos años no se ha reflejado en la inspección.

Los socialistas han añadido a los fines citados el de cubrir los gastos de liquidación de entidades. Su portavoz en la comisión, Antonio Sotillo, ha admitido que se trata de un primer intento de afrontar las situaciones de insolvencia con menores perjuicios para los asegurados.

Otra de las modificaciones registradas ayer en el proyecto, que refuerza por diversas vías los controles y solvencia del sector, fue propuesta por el Grupo Popular, con el fin de preservar el secreto de la actividad aseguradora. Frente a la posibilidad de que la inspección pueda exigir la exhibición de los nombres de los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios u otros datos, siempre y cuando mediara "orden expresa del director general de Seguros", la oposición conservadora pidió que se sustituyera esta orden por la procedente de la jurisdicción ordinaria. Aunque declaró no admitir esta pretensión, el Grupo Socialista optó por suprimir el párrafo.

Papel de los agentes

Los debates más animados de la sesión se centraron, sin embargo, en el papel de los agentes del seguro y en la regulación de las mutualidades de previsión social, en la que fueron rechazadas las exigencias autonomistas de las minorías vasca y catalana. Mientras que el texto sólo aceptaba la medidación de personas fisicas y jurídicas, en línea con el propósito de favorecer la concentración, el diputado del CDS Agustín Rodríguez Sahagún y el vasco Juan María Bandrés defendieron con éxito una enmienda que en el trámite de ponencia apoyaron todos los grupos excepto el Popular: la mediación de los agentes como simples personas fisicas.

El texto del proyecto de ley ha sido dictaminado sin cambio alguno en las exigencias de capital mínimo (480 millones para una compañía que pretenda cubrir todos los ramos, frente a los 25 actuales, y 40 millones, en lugar de uno, para un sólo ramo), que deberán ser cubiertas en un plazo de tres años.