Barrionuevo asegura en las Cortes que actualmente prestan servicio policías que cometieron delitos "terribles y atroces"

José Barrionuevo, ministro del Interior, afirmó ayer en el Congreso que actualmente están prestando servicio policías que han cometido delitos "terribles y atroces". En su intervención, Barrionuevo pidió ayuda a los grupos parlamentarios para modificar la ley de Policía, de 1978, que permite que los funcionarios acusados de un atraco reciban de nuevo sus armas y vuelvan al servicio activo unos meses después de cometido el hecho y en tanto no haya sentencia firme. Asimismo, Barrionuevo considera necesaria la reforma para que la autoridad administrativa pueda tomar decisiones fulminantes.La ley ...

José Barrionuevo, ministro del Interior, afirmó ayer en el Congreso que actualmente están prestando servicio policías que han cometido delitos "terribles y atroces". En su intervención, Barrionuevo pidió ayuda a los grupos parlamentarios para modificar la ley de Policía, de 1978, que permite que los funcionarios acusados de un atraco reciban de nuevo sus armas y vuelvan al servicio activo unos meses después de cometido el hecho y en tanto no haya sentencia firme. Asimismo, Barrionuevo considera necesaria la reforma para que la autoridad administrativa pueda tomar decisiones fulminantes.La ley de la Policía señala en su artículo 5 que el inicio de acciones penales contra los agentes no impide incoarles expedientes disciplinarios, y agrega que "la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme". El ministro compareció ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para responder sobre la política de de su departamento.

Al explicar las diligencias sobre el caso del ex policía José María Castán, muerto días después de haber sufrido detención y daños fisicos en la Dirección General de la Seguridad del Estado, aseguró que los inspectores Amador Miralpeix y José Manuel Ortiz, directamente inculpados en el asunto, han sido separados del servicio.

Barrionuevo repasó la política general de la lucha contra el terrorismo y expuso que existe un plan de inversiones y otro de reinserción social de ex miembros de ETA. Sobre este último asunto, afirmó que se tomarán toda clase de cautelas, con la colaboración y participación de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco y el propio Gobierno de Euskadi. "Habrá firmeza máxima", dijo, "con quienes empuñan la pistola, y generosidad máxima con quienes dejan de usarla, pero en ningún caso se va a hacer nada clandestino ni contrario a las leyes".

Santiago Carrillo, portavoz comunista, advirtió del peligro que supone crear mártires entre los miembros de ETA. En su opinión, es fundamental corregir la idea, "peligrosa idea", de que se está sosteniendo una guerra. Carrillo se lamentó de hechos como el recientemente ocurrido en Pasajes -cuatro etarras muertos a tiros por la policía-, aunque dejó bien claro cuánto le indignan los terroristas de ETA.

Intervención de Ledesma

A petición del diputado cornunista Fernando Pérez Royo, compareció ante la misma comisión el ministro de Justicia, Fernando Ledesma. Pérez Royo, que se felicitó por la noticia de la querella del Fiscal General contra los magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos, afirmó que le preocupa el desprestigio de la Magistratura, y acusó al Gobierno de falta de celeridad para atacar los puntos negros del corporativismo.Según Ledesma, la querella contra los dos magistrados, por supuesto soborno para dejar libre al capo de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, llevaba presentada 48 horas. El ministro explicó que, en su contenido esencial, el texto señala que existen apariencias de posible prevaricación (injusticia cometida conscientemente por funcionarios públicos) y cohecho (soborno de funcionarios públicos) por parte de Rodríguez Hermida; y de prevaricación en el caso de Varón Cobos.

La medida del fiscal, explicó Ledesma, no se ha debido a ninguna indicación del Gobierno, ya que desde el primer momento abrió diligencias informativas. Ledesma aseguró que estará siempre a la vanguardia de lo que suponga el prestigio del poder judicial y que quiere llevar a los ciudadanos el concepto de que éste es también un servicio público.