Fracaso de una política

LA REUNIÓN celebrada el lunes bajo la presidencia de los ministros Barrionuevo y Ledesma, ofreció rasgos dudosamente acordes con las promesas de modernización del aparato del Estado por los socialistas. El encuentro de altos cargos de los departamentos del Interior y de Justicia con los fiscales y los gobernadores a fin de discutir problemas de la seguridad ciudadana, tuvo un aire de revival. No parece que el estilo de los regímenes autoritarios pueda ser asumido, sin deterioro para los contenidos, por un sistema constitucional. Corresponde al Consejo de Ministros, y no a una comisión d...

LA REUNIÓN celebrada el lunes bajo la presidencia de los ministros Barrionuevo y Ledesma, ofreció rasgos dudosamente acordes con las promesas de modernización del aparato del Estado por los socialistas. El encuentro de altos cargos de los departamentos del Interior y de Justicia con los fiscales y los gobernadores a fin de discutir problemas de la seguridad ciudadana, tuvo un aire de revival. No parece que el estilo de los regímenes autoritarios pueda ser asumido, sin deterioro para los contenidos, por un sistema constitucional. Corresponde al Consejo de Ministros, y no a una comisión delegada debatir y adoptar resoluciones sobre la prevención de los delitos por los policías, su persecución por los fiscales, su castigo por los jueces y su regulación legal por las Cortes.Se diría que esa extraña minicumbre tuviera el propósito de mostrar la unidad inquebrantable del Gabinete y el de exportar hacia los ministros del Interior y de Justicia las críticas de la opinión pública por la inseguridad ciudadana, que afectan al Gobierno en su totalidad. Pero las cuestiones de forma importan menos en esta ocasión que el contenido de los acuerdos. Las medidas equivalen a la renuncia por el Gobierno socialista de gran parte de sus planteamientos en materia de reforma de la Justicia y de seguridad ciudadana.

El programa electoral del PSOE afirmaba que "los factores generadores de inseguridad ciudadana no se circunscriben sólo a la delincuencia, sino que abarcan desde una mala concepción urbanística hasta un insuficiente control de la calidad de la vida, pasando por el desempleo, el deterioro económico y el consumismo sin límites, con necesidades artificiosamente creadas por intereses económicos". 16 meses después, el Gobierno reduce los problemas de la seguridad ciudadana a la persecución de los infractores del Código Penal, tal vez en espera de que el ministro Barrionuevo descubra las teorías de Lombroso y proclame la existencia del criminal nato. El programa del PSOE afirmaba que "la drogadicción se entenderá esencialmente como un problema de salud pública" y que "el Estado, a través de sus instrumentos de política sanitaria, dispondrá de los medios necesarios para la desintoxicación y reinserción social del toxicómano". Ahora, el Ministerio de Sanidad equipara las drogas duras y las blandas y el del Interior suspira por detener -tal vez incluso dentro del palacio de la Moncloa- a cualquier consumidor de cualquier tipo de droga bajo la presunción de que la tenencia implica tráfico, en clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El programa del PSOE afirmaba que la infrautilización de la policía, la dispersión de sus medios y la desorganización" eran el factor explicativo del "escaso rendimiento que se obtiene en relación con el coste de nuestro aparato policial, que alcanza la tasa mayor de Europa (un policía por cada 240 habitantes)". Las "reformas necesarias" de la seguridad del Estado y "la racionalización de las estructuras policiales, subordinando los intereses de los cuerpos de seguridad al interés general de la sociedad", eran la solución anunciada. Con la gestión de Barrionuevo, que ha degenerado en un enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad, la fórmula propuesta por Interior es incrementar todavía más esa tasa mayor de Europa. El programa del PSOE afirmaba que la Policía Municipal debe "reajustar sus funciones", para convertirse en una "policía de presencia, preferentemente preventiva y polivalente", dedicada "al control de la pequeña delincuencia" y a "asumir la figura del policía de barrio". Hoy la Guardia Civil, por cuya desmilitarización luchó el PSOE hace un par de años, es el símbolo oficial que nuestro Gobierno ofrece al de Londres como emblema de la seguridad ciudadana. Todo ello no evita que mientras aumenta la inseguridad en las calles veamos a la policía del Estado dedicada a fichar en su ordenador central a líderes políticos (cosa que en cualquier país de la Alianza Atlántica habría sido motivo bastante para decapitar políticamente al ministro responsable).

En su naufragio, Barrionuevo arrastra ahora al ministro de Justicia, que ha preferido congelar -primero- la reforma de la Administración de la justicia y rectificar -después- leyes ya aprobadas antes que presentar su dimisión y dejar en evidencia al Gobierno entero por lo que a estas alturas sólo merece ya el nombre de fracaso en la política policial. La prisión preventiva, limitada por la anterior reforma a 30 meses en casos extraordinarios, podrá durar hasta cuatro años gracias a la contrarreforma anunciada. Los procesados por delitos pena dos con arresto mayor (de un mes y un día a seis meses) podrán ser mantenidos en prisión preventiva durante tres meses, y los procesados por delitos penados con prisión menor (de seis meses y un día a seis años), durante dos años. El ministro de Justicia termina así dando la razón a quienes sostienen que la concesión de libertades provisionales a los procesados sería la causa única o primordial del crecimiento de la delincuencia. Con olvido de los factores sociales (desde el desempleo juvenil has ta la falta de equipamiento de los suburbios de las gran des capitales) y de las responsabilidades administrativas (deplorable política policial, desentendimiento de los fiscales, lentitud de los procesos, absentismo de jueces, in suficiencia de juzgados) que explican la inseguridad ciudadana. El programa del PSOE exigía la "derogación de la ley de Peligrosidad Social" y la "desaparición de las medidas de seguridad predelictuales". Ahora, mientras Ledesma se repliega a las posiciones de UCD en este terreno, Barrionuevo, al resucitar el cadáver de la ley de Peligrosidad Social resucita la política de orden público de la dictadura. Si la reforma legal de Ledesma ha fracasado, la responsabilidad de esa derrota corresponde por entero a un Gobierno que no ha querido, no ha sabido o no ha podido llevar a cabo la modernización del aparato policial y judicial, a que se había comprometido en su programa electoral. Ese programa incumplido que anunciaba la "reforma de la Administración de la justicia" para poner remedio a "aquellos aspectos estructurales o funcionales que hacen de la misma un servicio caótico, caro y desvinculado de la sociedad". Ese programa incumplido que anunciaba "la reforma de la Administración policial", para convertirla en "un elemento básico de ese conjunto homogéneo -político, social y económico-que contribuirá al nacimiento de'un clima general de orden, tolerancia y paz" y para lograr "mayor eficacia policial con menor riesgo para las libertades individuales y colectivas".

El Gobierno ha abdicado de su objetivo y de su responsabilidad: es haciendo funcionar a la policía, que aún desmoralizada por la gestión de sus responsables es capaz de ofrecer resultados tan encomiables en su lucha contra el crimen como los que recientemente ha obtenido en Barcelona; es sustituyendo a un fiscal del Estado que ha dado sobradas muestras de torpeza; es creando de manera urgente jueces en número y calidad que permitan una Administración de justicia acorde con los tiempos; es incorporando a los ciudadanos al sistema judicial a través del jurado; es gobernando, en una palabra, como se hace frente al aumento de la inseguridad.