Sólo una empresa pública ha comenzado a pagar subidas salariales por encima del 6,5%

Sólo una empresa pública, y otra de carácter privado pero incluida en el ámbito del sector estatal, han comenzado a aplicar -en cumplimiento de los convenios pactados con anterioridad- subidas salariales por encima del tope recogido en los Presupuestos Generales del Estado. El resto de empresas públicas con acuerdos salariales que superan el 6,5% no han tomado decisiones al respecto. Sectores del INI mantienen, frente al Ministerio de Economía, la necesidad ineludible de respetar los convenios firmados.

La publicación de la ley de Presupuestos Generales, incluyendo un tope salarial para...

Sólo una empresa pública, y otra de carácter privado pero incluida en el ámbito del sector estatal, han comenzado a aplicar -en cumplimiento de los convenios pactados con anterioridad- subidas salariales por encima del tope recogido en los Presupuestos Generales del Estado. El resto de empresas públicas con acuerdos salariales que superan el 6,5% no han tomado decisiones al respecto. Sectores del INI mantienen, frente al Ministerio de Economía, la necesidad ineludible de respetar los convenios firmados.

La publicación de la ley de Presupuestos Generales, incluyendo un tope salarial para funcionarios y empresas públicas del 6,5%, planteé, un grave problema para la dirección del INI y los sindicatos. Numerosas empresas públicas -la mayoría de ellas en situación de pérdidas- tenían convenios pactados por períodos superiores al, año en los que se establecían subidas salariales para 1984 que oscilan entre el 90% y el 95% del incremento de precios al consumo (IPC) previsto.Los sindicatos -y determinados sectores del INI- han venido defendiendo la necesidad de cumplir rigurosamente con los acuerdos firmados, aunque ello suponga establecer agravios comparativos con empresas en mejor situación económica que han de someterse a los topes salariales impuestos en los Presupuestos Generales del Estado. Para estos sectores, los convenios -dada. la autonomía de las partes en la negociación, consagrada en la Constitución- están por encima de los Presupuestos Generales. El Ministerio de Economía ha mantenido, por el contrario, la tesis de aplicar el tope del 6,5%.

Sin embargo, la postura oficial del Instituto ha resultado cuando menos ambigua y en ningún caso se ha garantizado qué las empresas del sector público cumplirían sus compromisos salariales. De hecho, hasta el momento sólo la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), con 10.000 trabajadores, ha decidido formalmente abonar a sus trabajadores el 7,6% de incremento salarial, tal como se recogió en su día en el pacto firmado con los representantes de los trabajadores.

Diferencias con Economía

Fuentes de ENASA aseguraron que "en ningún momento se había puesto en cuestión por parte de la dirección de la sociedad el pago de las subidas".En Altos Hornos de Vizcaya, que, si bien no es una empresa pública en su más estricto sentido, puede, por sus peculiaridades, incluirse en este ámbito, la dirección ha acordado abonar el 7,6%, en cumplimiento del convenio vigente. Son, según fuentes de Comisiones Obreras, las únicas empresas en las que el INI ha comenzado hasta ahora a cumplir sus compromisos.

Dos son las razones que justifican, en opinión de sectores del INI, la cautela con que el Instituto está actuando en este tema. Por un lado, la fuerte oposición del Ministerio de Economía a que se cumplan unos compromisos que romperán el tope impuesto con carácter general para todo el ámbito de la empresa pública. En este sentido han destacado que cada vez que se ha hecho pública la posibilidad de respetar estos convenios se ha producido "por parte de Economía un toque de atención para que se congelaran todas las decisiones".

Por otro lado, dentro del propio INI existe el acuerdo tácito de no hacer público el pago de estos incrementos salariales, con el fin de que no pueda utilizarse como argumento en la negociación de convenios de otras empresas. El tope del 6,5% está provocando serias dificultades en la discusión de los convenios de compañías estatales que se encuentran en mejor situación económica, como es el caso de Construcciones Aeronáuticas, Telefónica o la Empresa Nacional de Electricidad, en las que la oferta máxima será de un 6,5%.