El Gobierno concederá indemnizaciones a los familiares de las 60 víctimas de Ortuella

El Gobierno abonará 180 millones de pesetas como indemnización a los familiares de las 60 víctimas -53 muertos y 7 heridos, en su mayoría niños-, de la explosión de gas en un colegio de Ortuella (Vizcaya), ocurrida el 23 de octubre de 1980. Este compromiso ha sido alcanzado tras un año de negociación entre el presidente del Colegio de Abogados de Vizcaya, Juan María Vidarte, como representante legal de los padres de las víctimas, y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en representación del Estado.Mediante el acuerdo alcanzado entre las dos partes, familiares de las víctimas y el Gob...

El Gobierno abonará 180 millones de pesetas como indemnización a los familiares de las 60 víctimas -53 muertos y 7 heridos, en su mayoría niños-, de la explosión de gas en un colegio de Ortuella (Vizcaya), ocurrida el 23 de octubre de 1980. Este compromiso ha sido alcanzado tras un año de negociación entre el presidente del Colegio de Abogados de Vizcaya, Juan María Vidarte, como representante legal de los padres de las víctimas, y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, en representación del Estado.Mediante el acuerdo alcanzado entre las dos partes, familiares de las víctimas y el Gobierno del Estado, la Administración admite su responsabilidad en la tragedia del colegio Marcelino Ugalde, de Ortuella (Vizcaya), y decide indemnizar a los familiares.

La Audiencia Territorial de Bilbao nombró un juez especial para investigar las responsabilidades penales, si las hubiera, sobre los motivos que causaron la explosión, a instancias de las partes demandantes, padres de las víctimas y Ayuntamiento de Ortuella.

A finales del verano pasado la Audiencia determinó que no había existido responsabilidad penal de ninguna persona y sobreseyó el caso, con lo que a los familiares de las víctimas sólo les quedaba la vía del recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, no hubo que recurrir a esto, al entablarse las negociaciones directamente entre el representante de la parte demandante y el del Estado.